El Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. La decisión fue adoptada el viernes 13 en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi y se fundamenta en incumplimientos contractuales considerados graves por el Gobierno, vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo firmado en diciembre de 2023.
En conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, Orsi sostuvo que la medida responde al “incumplimiento grave derivado de las dos garantías” previstas en el contrato: la garantía de fiel cumplimiento y la garantía de reembolso. “El Estado ha cumplido todas sus obligaciones. Pero constatamos graves incumplimientos del astillero”, afirmó por su parte el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
El mandatario recordó que el 22 de octubre de 2025 el gobierno había informado públicamente la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. “Ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, señaló. Según explicó, a partir de esa constatación se notificó a la empresa y el propio astillero admitió que la garantía no existía en los términos establecidos contractualmente.
Orsi subrayó que las garantías constituyen un requisito esencial para que el contrato entre en vigor y para proteger al Estado frente a eventuales incumplimientos. Posteriormente, añadió, se detectaron irregularidades también en la garantía de reembolso. “Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, indicó, al precisar que el documento presentado no era una póliza formal, sino un escrito de términos y condiciones.
Dos resoluciones formales
La rescisión fue instrumentada a través de la Resolución S/N/026, que deja sin efecto el Contrato de Construcción y Venta de Buques OPV “Offshore Patrol Vessel”, celebrado el 15 de diciembre de 2023 entre la República Oriental del Uruguay y la empresa Francisco Cardama S.A. La decisión se adoptó al amparo del artículo 70 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012.
En paralelo, una segunda resolución encomienda al Ministerio de Defensa Nacional iniciar todas las acciones necesarias para preservar los intereses del Estado. Estas incluyen acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El Gobierno instruirá al estudio jurídico Uría Menéndez en España para desplegar las acciones correspondientes orientadas a recuperar el dinero ya abonado y lo que haya sido construido hasta el momento en la primera patrullera. Asimismo, se procurará hacer efectiva la garantía de reembolso vinculada a la aseguradora norteamericana Redbridge Insurance Company. La rescisión abre ahora un escenario complejo. Contractualmente, lo construido pertenece al Estado uruguayo, pero su recuperación efectiva, eventual traslado o continuidad bajo otro esquema contractual implicarán desafíos técnicos y logísticos significativos.
A ello se suma la posibilidad de una disputa judicial. Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión está jurídicamente respaldada, en el ámbito oficial reconocen que podría abrirse una instancia arbitral.
Investigación previa y denuncia penal
El anuncio del viernes se produce tras un proceso que incluyó una denuncia penal presentada en octubre de 2025 por presunta estafa al Estado, al entender el Ejecutivo que la empresa no cumplía con las garantías exigidas.
En esa instancia, el gobierno informó que había constatado irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento y cuestionamientos respecto de la garantía de reembolso. Además, se amplió la denuncia ante la presunta falsificación de la firma de un notario español en documentos vinculados a la garantía presentada por la empresa.
Según recordó Díaz, en el proceso intervinieron distintos organismos del Estado. Indicó que las investigaciones administrativas realizadas en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco de la República concluyeron sin determinación de responsabilidades.
En los últimos días, una auditoría técnica concluyó que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega” de las dos OPV, lo que fue considerado un elemento adicional para la decisión adoptada.
Búsqueda de nuevas alternativas
Junto con la rescisión, el Gobierno reiteró que mantiene el objetivo de dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas y que ya está explorando alternativas para su adquisición.
Orsi informó que existen “cuatro o cinco opciones” en análisis y que ya mantuvo reuniones con países y astilleros, tanto públicos como privados, que fabrican este tipo de embarcaciones. Entre los países mencionados figuran Colombia, Corea del Sur, India y Francia. También señaló que España podría ser considerada en el marco de nuevas conversaciones.
El presidente agregó que se evalúan herramientas complementarias para la vigilancia costera, como lanchas rápidas, y que existe un ofrecimiento de Estados Unidos para la entrega de un navío que pueda funcionar como solución intermedia.
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, afirmó que “en esta administración habrá patrulleras oceánicas” y que el Ejecutivo está avanzando en contactos y reuniones para concretar la adquisición bajo nuevas condiciones.
Antecedentes y cuestionamientos
La compra de las OPV fue anunciada en julio de 2023 por el entonces ministro de Defensa, Javier García, durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. El contrato fue firmado en diciembre de ese año y establecía un costo en el entorno de los 80 millones de euros.
En los últimos meses también trascendió una carta de la empresa estatal china China Shipbuilding Trade Company (CSTC) a la Comisión de Defensa del Senado, en la que cuestionaba el proceso de adjudicación y señalaba que su oferta había obtenido una alta calificación técnica en la evaluación original.
Con la rescisión formalizada, el Gobierno iniciará el conjunto de acciones judiciales y administrativas anunciadas para intentar recuperar los fondos y proteger el patrimonio estatal. En paralelo, continuará con la agenda de reuniones internacionales para definir un nuevo proveedor que permita avanzar en la adquisición de las patrulleras oceánicas.
El Ejecutivo sostiene que la decisión responde estrictamente a incumplimientos contractuales y reafirma que el Estado cumplió con sus obligaciones hasta el momento de la rescisión. El proceso judicial y las negociaciones futuras determinarán los siguientes pasos en un proyecto considerado estratégico para la defensa y la vigilancia marítima del país.
Respuesta de Cardama
Tras el anuncio del viernes, Cardama emitió un escueto comunicado en el que manifestó que considera que el gobierno uruguayo ha procedido “de manera muy incorrecta” y que estudiará los caminos a seguir. La empresa indicó que manejará la situación con criterios empresariales y que habrá oportunidad de discutir el fondo del asunto.
Asimismo, el astillero había iniciado previamente un proceso que incluía una audiencia de conciliación prevista para marzo, instancia que podría verse afectada por la rescisión adoptada por el Ejecutivo uruguayo.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/cardama-inician-acciones-para-recuperar-el-dinero-y-los-modulos-construidos-id185962/
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