
El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (OTEP-A), Gabriel Espínola, informó la decisión tomada por la Intersindical de Trabajadores por la Educación donde se acordó, con posturas divididas, iniciar las clases el 23 de febrero. No obstante, para el 28 prevén un Congreso Unitario para analizar las medidas a tomar, en el marco de la reforma de la Caja Fiscal.
El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (OTEP-A), Gabriel Espínola, informó la decisión tomada por la Intersindical de Trabajadores, que , que incluye a universidades públicas, institutos superiores, magisterio nacional, además de docentes de la educación básica y media del país. En ese sentido, pese a la postura de la Otep-A de realizar movilizaciones para presionar a los senadores por la reforma de la Caja Fiscal, se decidió iniciar las clases el 23 de febrero y llamar a un congreso unitario para el 28, con el objetivo de analizar las medidas a tomar.
La postura de la Intersindical es que aún se puede lograr acuerdos positivos mediante el diálogo con senadores, quienes decidieron postergar el tratamiento de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo esta semana, debido a una gran movilización de docentes. El proyecto sin embargo ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
“Hubiésemos iniciado el año lectivo con movilización nacional para presionar a este gobierno insensible, pero respetamos la decisión del colectivo, pero llamados a la alerta permanente a los compañeros para conquistar una jubilación digna”, manifestó Espínola en las redes de la Otep-A.
Desde el Senado propusieron una mesa técnica para acercar posiciones entre los sectores afectados y la propuesta del Poder Ejecutivo, que prevé modificaciones en la edad mínima para acceder a la jubilación.
“Muchos colegas están de acuerdo con la aprobación con modificaciones, pero bueno, prácticamente comienza todo de vuelta y seguiremos conversando con todos los sectores para avanzar en la reforma de la Caja Fiscal, en razón del déficit que tiene y que asciende a más de USD 380 millones al año, y que también solo beneficia a un 15% de los aportantes”, había señalado el senador Derlis Maidana, tras el intento de tratar a las apuradas el proyecto.
El considerado principal impulsor en las negociaciones y en parar el avance del proyecto, el senador colorado oficialista Silvio Ovelar, sostuvo que para él no es una derrota la postergación, y dijo que confía en que lograrán finalmente un consenso, de manera a concretar la deseada y necesaria reforma de la Caja Fiscal.
“Esta postergación no es un favor del cartismo, sino una oportunidad para impulsar una reforma real… No es cierto que el cartismo ha reflexionado ni que esta es una decisión del presidente de la República, ni del vicepresidente, ni del ministro de Economía, sino que esta postergación se debe a la lucha que se ha hecho en las calles”, resaltó la senadora Esperanza Martínez.
La reforma de la caja fiscal también afecta a policías, militares y funcionarios judiciales, sectores en donde ya se está registrando pedidos masivos de jubilación, ante la intención de aumentar los años para la jubilación.
Expertos creen que propuesta es solo un parche
El economista Dionisio Borda afirmó que la reforma planteada por el Gobierno es “parcial” y aseguró que lo único que se hará es “mover para más adelante el problema de la Caja Fiscal”. Borda señaló que la situación por la que atraviesa el efecto de la asimetría que existe y que no presta fuerza al tema financiero.
El economista Víctor Raúl Benítez coincidió en que la propuesta solo será un parche y sugirió como solución implementar un sistema integrado de seguridad social, con financiación consolidada, de capitalización colectiva y que gane rentabilidad a largo plazo, para financiar inversiones a largo plazo y capaz de compensar el déficit infraestructural del país.
La economista Verónica Serafini adelantó que el proyecto de ley solo dará respuestas a corto plazo. Afirmó que el siguiente paso debería ser que la sociedad realice un debate amplio sobre la seguridad social.
“Tenemos que hablar de largo plazo, y el largo plazo en seguridad social no son 5 años, son 30 años, inclusive son 75 años, desde que un niño o una niña nace debiera tener asegurada una vejez digna”, dijo.
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