En Uruguay, la salud pública y privada conviven bajo un delicado equilibrio institucional que, lejos de resolverse en términos exclusivamente técnicos, se juega también en el terreno del poder corporativo. En ese escenario, las gremiales médicas y los profesionales que operan “de los dos lados del mostrador” —como decisores en el Estado y como prestadores en el sector privado— ocupan un lugar central. La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿Quién gobierna realmente la política sanitaria?
El doble mostrador: conflicto de interés estructural
El fenómeno no es nuevo. Médicos que ocupan cargos jerárquicos en el Ministerio de Salud Pública (MSP) o en ASSE mientras mantienen vínculos laborales o económicos con mutualistas privadas; directores técnicos que transitan con naturalidad entre la regulación y la prestación; asesores que redactan normas que luego impactan en sus propios ámbitos de trabajo.
Formalmente, los marcos normativos contemplan incompatibilidades. En la práctica, el sistema se apoya en una cultura de redes profesionales estrechas donde todos se conocen, se necesitan y se protegen. El resultado es una zona gris permanente: decisiones que, sin ser necesariamente ilegales, pueden estar atravesadas por intereses cruzados.
La consecuencia es doble. Por un lado, una sensación de captura corporativa del regulador. Por otro, un sistema que tiende a proteger equilibrios institucionales antes que a priorizar transformaciones profundas.
MSP y ASSE: rectoría débil, gestión tensionada
El MSP tiene la función rectora del sistema. Define políticas, regula, fiscaliza. ASSE, en tanto, es el principal prestador público. Sin embargo, la línea que separa rectoría y gestión muchas veces se vuelve difusa.
Durante el gobierno anterior (2020-2025), la agenda sanitaria estuvo fuertemente marcada por la pandemia de COVID-19. La emergencia consolidó el protagonismo técnico del MSP, pero también reforzó la centralidad de ciertos grupos de expertos y referentes médicos con fuerte peso corporativo. En ese contexto, el debate estructural sobre financiamiento, inequidades territoriales y calidad de atención quedó parcialmente relegado por la urgencia sanitaria.
En ASSE, persistieron problemas históricos: déficit presupuestario crónico, dificultades en la cobertura de especialidades en el interior, alta rotación de cargos de confianza y tensiones con los sindicatos. La promesa de modernización de la gestión chocó con limitaciones estructurales y con la resistencia de actores internos.
Con el actual gobierno (2025-), el discurso ha girado hacia la equidad, la recomposición del rol del Estado y el fortalecimiento del subsector público. Se habla de recuperar capacidad rectora, revisar contratos, transparentar vínculos y reforzar la inversión en ASSE. Sin embargo, el margen de maniobra real vuelve a estar condicionado por los mismos actores corporativos que han atravesado todas las administraciones.
Las gremiales médicas: defensa laboral o poder político
Las gremiales médicas cumplen un rol legítimo en la defensa de condiciones laborales y salariales. Pero en Uruguay han trascendido ese papel para convertirse en actores políticos de peso. Inciden en negociaciones presupuestales, opinan sobre modelos de gestión y condicionan reformas estructurales.
En varios episodios recientes, las posiciones gremiales han logrado frenar cambios en sistemas de contratación, evaluación de desempeño o redistribución de recursos humanos. El argumento suele ser la defensa de la calidad asistencial. El efecto práctico, muchas veces, es la preservación de privilegios y del status quo.
El problema no radica en la existencia de gremios fuertes —algo saludable en democracia— sino en la asimetría frente a otros actores menos organizados: usuarios, pacientes, comunidades del interior profundo. Allí donde no hay lobby, suele haber menos capacidad de incidencia.
La brecha entre discurso y realidad
Tanto el gobierno anterior como el actual han prometido mayor transparencia, profesionalización y fortalecimiento del primer nivel de atención. Sin embargo, los indicadores de acceso oportuno a especialistas, tiempos de espera quirúrgica y distribución de recursos humanos siguen mostrando desigualdades persistentes.
La distancia entre Montevideo y el interior es, en muchos casos, más determinante que la diferencia entre sector público y privado. Y esa inequidad rara vez ocupa el centro del debate corporativo.
La “gran rosca médica” no es una conspiración, sino una estructura de incentivos que favorece la circulación de poder en un círculo relativamente cerrado. Cambian los gobiernos, cambian los equipos, pero los nodos estratégicos permanecen.
¿Hay salida?
Romper esta dinámica exige más que alternancia política. Requiere:
Reglas estrictas y efectivas sobre conflictos de interés.
Transparencia activa en designaciones y contratos.
Fortalecimiento de la participación de usuarios.
Profesionalización de la gestión en ASSE.
Separación clara entre rectoría y prestación.
La salud no puede ser rehén de equilibrios corporativos. Si algo demostró la pandemia es que el sistema tiene capacidad técnica y compromiso profesional. El desafío es que esa fortaleza no quede capturada por lógicas de autopreservación.
La discusión no es contra los médicos. Es contra la opacidad. Y en esa tensión se juega buena parte del futuro sanitario del Uruguay.
Juan Carlos Blanco Sommaruga
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/la-gran-rosca-medica-y-una-ministra-enredada-en-un-laberinto-id185749/
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