Sin voluntad política real, sin fortalecer controles y sin abrir espacio a la sociedad civil, la corrupción seguirá alimentando violencia, desigualdad y desconfianza
La corrupción sigue siendo un lastre que frena el desarrollo de las Américas. Así lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 que Transparencia Internacional dio a conocer este martes 10 de febrero. El promedio regional se mantiene clavado en 42 puntos sobre 100, el mismo estancamiento que se arrastra desde hace años y que refleja una década perdida en reformas serias.
Desde 2012, doce de los treinta y tres países evaluados en la región han visto cómo su situación empeoraba de forma significativa. Solo dos lograron avances reales: República Dominicana, que subió a 37 puntos, y Guyana, con 40. El resto se mueve entre la inercia y el retroceso, mientras el crimen organizado aprovecha las grietas que deja la corrupción para meterse cada vez más hondo en la política y la economía.
El informe no se anda con rodeos: la inacción de los gobiernos ha erosionado instituciones democráticas y ha permitido que redes criminales transnacionales ganen terreno. En países como México (27 puntos), Brasil (35) y Colombia (37) la corrupción ha abierto puertas a la infiltración del narco y otros grupos en estructuras políticas, alimentando impunidad y violencia que ya nadie puede ignorar.
Los extremos de la corrupción en América Latina
Incluso en las democracias más sólidas de la región, como Costa Rica (56) y Uruguay (73), la presión del crimen organizado empieza a sentirse con fuerza, erosionando esa estabilidad que antes parecía blindada.
En el otro extremo del espectro están Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), los tres con las peores calificaciones de las Américas. Allí la corrupción no es un problema aislado: es estructural, va de la mano de represión política, instituciones cooptadas y un colapso que se traduce en hambre, desnutrición y falta de servicios básicos para millones de personas.
Los efectos en la vida cotidiana son brutales. En Perú (30 puntos), la fiscalía investiga posibles sobornos que habrían permitido distribuir alimentos contaminados en programas escolares, poniendo en riesgo la salud de niños en zonas vulnerables.
En Argentina (36), hay denuncias sobre irregularidades en fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad, otro ejemplo de cómo la corrupción golpea primero a quienes menos tienen, y también quedó salpicado el gobierno con el caso de la estafa piramidal de la criptomoneda $LIBRA. Y en Venezuela la situación es dramática: millones de familias sobreviven con racionamiento de comida, agua y electricidad, mientras la pobreza y la desnutrición se disparan.
El espacio para la vigilancia ciudadana también se achica. En El Salvador (32) las restricciones a organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio independiente sobre el gobierno. En Guyana (40), el acoso a medios y activistas complica la defensa de los recursos naturales frente a intereses opacos. En Ecuador (33) pasa algo parecido: leyes que traban el financiamiento de ONG y hostigamiento a la prensa reducen la capacidad de exigir cuentas.
En la parte alta de la tabla regional destacan Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68), pero incluso ellos muestran signos de estancamiento o retrocesos leves que preocupan. Estados Unidos, por su parte, cayó a 64 puntos, su peor registro histórico, en medio de debates sobre independencia judicial, polarización y señales de tolerancia hacia ciertas prácticas empresariales cuestionables.
