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Un nuevo capítulo se abre en la tormenta política que sacude a Colombia tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto plan para sabotear su reunión con el entonces mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. A la ya conocida mención del general Edwin Urrego se suma ahora el nombre de otro oficial en servicio activo: el teniente coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave, quien, de acuerdo con fuentes del Alto Gobierno, figuraría en un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) relacionado con la presunta maniobra.
La denuncia, formulada por el jefe de Estado durante un consejo de ministros en Montería, apunta a un plan que habría buscado introducir sustancias alucinógenas en uno de los vehículos asignados a su esquema de seguridad durante la visita oficial a Washington. Según la versión expuesta por el presidente, el objetivo habría sido entorpecer o desacreditar el encuentro bilateral, en un contexto diplomático de alta sensibilidad. Petro sostuvo que policías activos habrían actuado siguiendo instrucciones de “alguien” interesado en torpedear la reunión en la Casa Blanca, una afirmación que elevó la controversia a niveles inéditos dentro de la institucionalidad.
La gravedad de las acusaciones radica no solo en la naturaleza del supuesto complot, sino en la eventual participación de miembros en ejercicio de la fuerza pública. De confirmarse, el caso implicaría un quiebre profundo en la cadena de confianza que sostiene la seguridad presidencial y abriría interrogantes sobre la penetración de intereses políticos o particulares en estructuras llamadas a garantizar la estabilidad democrática.
El general Edwin Urrego, señalado inicialmente, rechazó cualquier vinculación con el presunto plan y defendió su trayectoria institucional. Sin embargo, las fuentes consultadas indican que el informe de inteligencia que encendió las alertas también mencionaría al teniente coronel Moreno Arroyave, quien se ha desempeñado como comandante del Distrito Riomar, en el norte de Barranquilla, una de las zonas estratégicas de esa ciudad caribeña. Hasta el momento, no se conocen detalles públicos sobre el alcance de esa mención ni sobre el grado de responsabilidad que eventualmente podría atribuírsele.
El documento de la DNI habría sido el insumo que permitió anticipar el supuesto movimiento irregular antes de que se materializara. No obstante, el contenido específico del informe permanece bajo reserva. Consultado para ampliar información sobre la manera en que se habría planeado ejecutar la operación, el director del organismo, René Guarín, no ofreció respuesta y bloqueó los mensajes enviados por este medio tras recibir la solicitud de comentarios.
En el trasfondo de esta controversia subyace un clima político tenso, marcado por profundas divisiones internas y por un debate creciente sobre la lealtad y la neutralidad de las instituciones de seguridad. La sola insinuación de que un sector de la fuerza pública pudiera estar involucrado en maniobras para afectar la agenda internacional del presidente constituye un hecho de alto impacto, con repercusiones tanto en el ámbito doméstico como en la percepción externa de la estabilidad colombiana.
Mientras avanzan las indagaciones y se esperan pronunciamientos oficiales más detallados, el país asiste a un episodio que combina inteligencia, diplomacia y disputas de poder en un escenario particularmente delicado. Las próximas horas serán decisivas para esclarecer si se trató de una alerta preventiva basada en información preliminar o de un entramado más complejo que podría tener consecuencias disciplinarias, penales y políticas de gran alcance.
