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La más reciente sesión del Consejo de Ministros estuvo marcada por un momento de alta tensión política cuando el presidente Gustavo Petro tomó la palabra y expresó, sin rodeos, su inconformidad frente a decisiones adoptadas en el Ministerio de Vivienda relacionadas con la construcción de dos plantas desalinizadoras destinadas a mitigar la histórica crisis de agua que afecta a Santa Marta. El señalamiento directo a la gestión del entonces Viceministro de Agua abrió un debate de fondo sobre la orientación social de la inversión pública y el destino de recursos que superan el medio billón de pesos.
El episodio se produjo tras la revisión de un mapa técnico presentado hace apenas diez días, en el que se detallaban los puntos seleccionados para levantar las infraestructuras. Lo que en principio parecía un avance clave para enfrentar la escasez hídrica en la capital del Magdalena terminó generando un fuerte reparo presidencial. Uno de los terrenos elegidos se encuentra en una zona caracterizada por la presencia de grandes cadenas hoteleras, un enclave turístico de alto valor comercial que, a juicio del mandatario, distorsiona el propósito esencial del proyecto.
La reacción fue inmediata. Petro cuestionó que una inversión de semejante magnitud pudiera terminar favoreciendo prioritariamente a complejos hoteleros, en lugar de atender a los sectores más vulnerables que padecen interrupciones constantes en el suministro. “En esa zona hay un capital hotelero. ¿Y entonces nuestra inversión pública es para el agua de los hoteles?, cuando hay gente necesitada del agua, allá en el norte de Santa Marta”, afirmó durante la sesión, dejando en evidencia su preocupación por el enfoque territorial de la iniciativa.
Más allá del señalamiento puntual, el jefe de Estado planteó un debate estructural sobre el sentido social del gasto público en regiones con profundas brechas de acceso a servicios básicos. La frase que pronunció a continuación condensó el malestar presidencial y elevó el tono de la discusión: “yo meter medio billón para subsidiar a los dueños de los hoteles que la mayoría no son de Santa Marta sino del mundo: qué es esa irresponsabilidad”. Con ello, Petro no solo puso en entredicho la localización del proyecto, sino que también cuestionó la posibilidad de que recursos nacionales terminen fortaleciendo capitales privados, muchos de ellos foráneos, mientras comunidades enteras continúan esperando soluciones definitivas.
Santa Marta arrastra desde hace años una crisis estructural de abastecimiento de agua potable, agravada por el crecimiento urbano, la presión del turismo y las limitaciones de su infraestructura. La construcción de plantas desalinizadoras ha sido presentada como una alternativa estratégica para diversificar las fuentes de suministro en una ciudad donde los racionamientos son recurrentes y las quejas ciudadanas constantes. Sin embargo, el debate suscitado en el Consejo de Ministros revela que no solo está en juego la viabilidad técnica del proyecto, sino también su legitimidad social y su coherencia con las prioridades gubernamentales.
El episodio expone además las tensiones internas que pueden surgir en la ejecución de políticas públicas cuando la planeación técnica entra en fricción con la visión política del Ejecutivo. Para el presidente, la inversión debe orientarse de manera inequívoca hacia quienes han sufrido históricamente la precariedad del servicio, en especial los barrios del norte de la ciudad donde el acceso al agua es intermitente o insuficiente. La discusión dejó claro que, en el actual contexto, cada peso destinado a infraestructura básica será examinado bajo el prisma de la equidad y el impacto social.
El debate apenas comienza. Lo ocurrido en el Consejo de Ministros no solo evidencia un desacuerdo administrativo, sino que instala una pregunta de mayor alcance sobre el modelo de desarrollo que debe prevalecer en ciudades con fuerte vocación turística y profundas desigualdades sociales. En un país donde el acceso al agua sigue siendo un derecho en construcción para miles de familias, la localización de una obra puede convertirse en el símbolo de prioridades contrapuestas.
La decisión final sobre las desalinizadoras será determinante para el futuro hídrico de Santa Marta, pero también para la narrativa política del Gobierno en materia de justicia social. Lo que quedó claro tras la intervención presidencial es que la discusión ya no se limita a planos y coordenadas: se trata de definir a quién debe servir primero la inversión pública en un territorio marcado por contrastes.
