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La magnitud de las inundaciones que golpean al Caribe colombiano ha llevado al Gobierno a calcular en cerca de 8 billones de pesos el costo de la recuperación de las zonas más afectadas, en particular los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La estimación fue presentada durante un Consejo de Ministros celebrado en Montería, en medio de un panorama que combina daños en infraestructura, miles de familias damnificadas y una creciente presión sobre las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda advirtió que la dimensión de la emergencia desborda la capacidad presupuestal ordinaria del Estado. El titular de la cartera, Germán Ávila, explicó que se trata de hechos sobrevinientes e impredecibles que habilitan la declaratoria de una Emergencia Económica y Social, mecanismo constitucional que permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para obtener recursos y atender situaciones excepcionales. De acuerdo con los cálculos preliminares, los recursos estimados estarían orientados a la reconstrucción de vías, viviendas y obras de contención, así como a la atención humanitaria inmediata y a la recuperación del tejido productivo en zonas rurales severamente impactadas.
El presidente Gustavo Petro sostuvo que el país enfrenta una coyuntura climática de gran escala, con efectos que podrían intensificarse si se consolida la llegada de un nuevo frente frío en las próximas semanas. Según datos oficiales, la actual ola invernal ha dejado al menos 14 personas fallecidas y decenas de miles de familias afectadas, muchas de ellas con pérdidas totales de cultivos y viviendas. El mandatario alertó que el impacto no se limita al Caribe y que también existen riesgos para departamentos del litoral Pacífico.
En este contexto, el jefe de Estado reiteró su llamado a la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Ejecutivo declaró la Emergencia Económica y Social a finales de 2025. Argumentó que, si la medida cautelar es retirada, no sería necesario expedir un nuevo decreto. Sin embargo, advirtió que, de mantenerse la suspensión, el Gobierno evaluará decretar nuevamente la emergencia, aun asumiendo eventuales riesgos jurídicos, dada la urgencia de movilizar recursos adicionales.
La discusión se produce en un escenario fiscal complejo. Tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, el Ejecutivo enfrenta limitaciones presupuestales que obligarían a recortes cercanos a 16 billones de pesos en el Presupuesto General. Paralelamente, el costo estimado de la reconstrucción por las lluvias se acerca a una cifra similar, lo que profundiza la tensión entre las necesidades inmediatas de gasto y el equilibrio de las cuentas públicas.
Petro defendió la posibilidad de adoptar medidas tributarias focalizadas como parte de los decretos de emergencia. Señaló que la carga no recaería sobre pequeños y medianos empresarios, campesinos o trabajadores, sino sobre los sectores de mayores ingresos. En su intervención cuestionó que, mientras comunidades enteras en Córdoba enfrentan inundaciones y pérdidas, grandes grupos económicos hayan obtenido alivios o suspensiones tributarias. A su juicio, en una coyuntura de desastre natural, el principio de solidaridad fiscal debe traducirse en un mayor aporte de quienes concentran la mayor capacidad contributiva.
El Gobierno sostiene que la recuperación del Caribe no solo implica reparar daños físicos, sino restablecer condiciones básicas de estabilidad social y económica en regiones donde la vulnerabilidad histórica amplifica el impacto de los fenómenos climáticos extremos. En los próximos días se espera que se definan los pasos jurídicos y fiscales que marcarán el rumbo de la respuesta estatal, en una coyuntura que pone a prueba tanto la institucionalidad como la capacidad de reacción del Estado frente a desastres de gran escala.
