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Durante años, el megatanque de agua potable fue presentado como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina, un símbolo de modernización urbana y eficiencia administrativa. Concebido para garantizar el suministro de agua a miles de hogares y consolidar la imagen de una ciudad en expansión, el proyecto se convirtió en bandera política y carta de presentación ante el país y la región. Hoy, sin embargo, su nombre ya no remite únicamente a desarrollo, sino a un expediente judicial que, tras ocho años sin resolución, vuelve a poner en entredicho las relaciones entre poder, contratación pública y justicia.
En diciembre de 2025, la Fiscalía decidió trasladar el proceso relacionado con el megatanque desde Bogotá a Barranquilla. La medida, adoptada cuando el caso se aproximaba a una etapa crucial de interrogatorios y análisis contables, cambió el escenario institucional de una investigación que arrastra denuncias de sobornos, presunto desvío de recursos y posible financiación irregular de campañas políticas. El movimiento procesal, lejos de disipar dudas, las profundizó.
El expediente lleva ocho años sin una decisión judicial definitiva. Ocho años en los que se han acumulado testimonios, documentos y versiones contrapuestas, pero sin un pronunciamiento que despeje las acusaciones. En el centro de la controversia aparece el nombre de Alejandro Char, actual alcalde de la ciudad, señalado por el contratista principal del proyecto como eventual beneficiario de pagos indebidos que, según la denuncia, habrían sido canalizados hacia estructuras políticas.
Las acusaciones son de alto calibre. El denunciante sostiene que para asegurar la adjudicación y ejecución del contrato se exigieron sobornos millonarios. Afirma, además, que parte de esos recursos no solo habría lubricado el engranaje de la contratación, sino que habría servido para financiar campañas electorales. De comprobarse, el caso trascendería el ámbito administrativo para instalarse en el terreno de la integridad democrática: fondos vinculados a una obra pública esencial convertidos en herramienta de proyección política.
El contratista también ha declarado haber sido objeto de amenazas tras hacer públicas sus acusaciones, un elemento que añade gravedad a un proceso ya complejo. En contextos donde el poder político y económico mantiene una influencia determinante, la denuncia de presuntas irregularidades puede convertirse en un acto de alto riesgo. Esa dimensión, más allá de los aspectos técnicos del expediente, ha contribuido a que el caso sea observado con atención dentro y fuera del país.
El traslado del proceso a Barranquilla coincidió con un momento procesal sensible. Se esperaban diligencias consideradas decisivas para esclarecer el flujo de recursos y determinar responsabilidades. Desde entonces, distintos sectores han advertido una ralentización en las actuaciones. Mientras en Bogotá el caso mostraba señales de avance, en su nuevo escenario las diligencias han entrado en una fase de menor visibilidad pública. Esa percepción alimenta la inquietud ciudadana y refuerza la idea de que la proximidad entre los investigados y el entorno institucional puede influir, directa o indirectamente, en el ritmo de la justicia.
Más allá de las posiciones políticas, el caso ha abierto un debate más amplio sobre la fortaleza de las instituciones y la independencia de los órganos de investigación cuando se trata de figuras con amplio poder territorial. La discusión ya no se limita a determinar si existieron o no pagos irregulares en la construcción del megatanque. La pregunta central gira en torno a la capacidad del sistema judicial para actuar con autonomía cuando el expediente toca a quienes concentran influencia económica y respaldo electoral en la región.
El megatanque, que debía simbolizar eficiencia y transparencia, se ha transformado en un recordatorio de las tensiones estructurales que atraviesan a muchas democracias emergentes: grandes proyectos de infraestructura convertidos en vitrinas políticas; contrataciones millonarias sometidas a presiones informales; investigaciones que se prolongan hasta diluir el impacto inicial de las denuncias. Ocho años sin una decisión definitiva no solo prolongan la incertidumbre jurídica, sino que erosionan la confianza pública.
En una ciudad que ha construido parte de su narrativa reciente sobre la transformación urbana y la estabilidad política, el expediente representa una prueba institucional de alto nivel. No se trata únicamente de establecer responsabilidades individuales, sino de demostrar que la justicia puede avanzar con rigor y transparencia, sin importar la jerarquía de los nombres involucrados.
La infraestructura sigue en pie, abasteciendo a miles de ciudadanos. Pero el debate que la rodea trasciende lo técnico. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema, la integridad de los procesos electorales y la confianza en que los recursos públicos cumplen el fin para el que fueron asignados. El megatanque prometía agua como garantía de futuro; hoy simboliza una interrogante mayor: si las instituciones están en condiciones de esclarecer, sin interferencias, las sombras que rodean al poder.
