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Lo que fue presentado como una demostración de fuerza sin precedentes terminó convertido en un caso emblemático de sobredimensión política. La proclamada hazaña de recolección de firmas con la que Abelardo de la Espriella buscaba consolidar su aspiración presidencial sufrió un golpe devastador tras conocerse los resultados del filtro oficial: más del 62 % de los apoyos entregados no fueron validados por la autoridad electoral. La cifra, lejos de reforzar la narrativa de impulso ciudadano imparable, expone una brecha abismal entre el espectáculo político y la verificación institucional.
Durante semanas, la campaña construyó cuidadosamente la imagen de un fenómeno multitudinario. La radicación de planillas fue convertida en un acto simbólico amplificado por transmisiones en vivo, comunicados entusiastas y una intensa difusión en redes sociales. Se habló de cinco millones de firmas; en otros momentos, de más de 4,8 millones. El propio candidato calificó la cifra como un “hito histórico”, una demostración inequívoca —según sus palabras— de respaldo nacional logrado sin maquinaria tradicional y muy por encima del umbral requerido. El mensaje era claro: una ola ciudadana lo impulsaba con fuerza propia.
Sin embargo, los datos oficiales cuentan una historia distinta. De acuerdo con el informe técnico de la Registraduría, conocido públicamente tras la revelación periodística de Cecilia Orozco, fueron analizados 5.079.000 registros, incluyendo 159.700 formularios con renglones en blanco que quedaron automáticamente invalidados. El resultado final arrojó 1.978.108 apoyos válidos. En términos porcentuales, apenas el 38 % de lo entregado superó la revisión. El resto, más de seis de cada diez firmas, no cumplió los criterios de validación.
El desglose resulta aún más elocuente. El informe consigna 1.437.677 registros cuyos datos no corresponden con la información oficial; 1.025.663 catalogados como “Datos no ANI”, es decir, inexistentes en el Archivo Nacional de Identificación; 273.211 registros duplicados y 152.028 con información ilegible. No se trata de inconsistencias marginales sino de volúmenes significativos que evidencian fallas estructurales en el proceso de recolección y verificación previa. En cualquier democracia, cifras de esta magnitud obligan a preguntas incómodas sobre los controles internos de una campaña que aspiraba a exhibir rigor y solvencia organizativa.
El contraste entre la puesta en escena y la matemática es inevitable. Mientras el discurso celebraba una movilización sin precedentes, la validación institucional reducía drásticamente el alcance real de ese respaldo. La política contemporánea ha aprendido a convertir los anuncios en eventos performativos, donde la narrativa precede al dato. Pero cuando interviene el escrutinio técnico, el relato debe sostenerse en cifras verificables. En este caso, el desfase es demasiado amplio para ser atribuido a simples errores logísticos.
La dimensión del episodio adquiere mayor relevancia en el contexto electoral actual. A pocas semanas de las consultas y con la primera vuelta en el horizonte, la credibilidad se convierte en un activo decisivo. Más allá de que el número final de firmas válidas pueda cumplir el requisito legal, el impacto político radica en la diferencia entre lo proclamado y lo certificado. En campañas altamente mediatizadas, la percepción de fortaleza suele ser tan determinante como la fortaleza misma. Y cuando la percepción se fractura, el daño no es únicamente estadístico: es simbólico.
Otro elemento que añade tensión al episodio es el origen de la información. Los detalles no emergieron a través de una comunicación proactiva y amplia por parte de la entidad electoral, sino gracias a una investigación periodística que examinó el documento técnico. En un escenario donde la transparencia es exigencia básica, la intermediación de la prensa refuerza la idea de que el escrutinio independiente sigue siendo un contrapeso indispensable frente a las narrativas oficiales.
El caso deja una lección más amplia sobre la política del espectáculo. En la era digital, la amplificación puede convertir cualquier cifra en un símbolo de poder antes de que sea contrastada. Las imágenes de cajas repletas de planillas, los discursos enfáticos y los mensajes virales construyen una sensación de magnitud inmediata. Pero la validación institucional opera con otra lógica: fría, numérica, implacable. Allí no cuentan los aplausos ni las tendencias en redes, sino la correspondencia exacta entre nombre, documento y registro oficial.
Al final, lo que se presentó como una demostración extraordinaria de músculo ciudadano terminó reduciéndose a una cifra que, si bien puede ser significativa en términos absolutos, dista considerablemente del relato inicial. En política, la épica suele ser un recurso eficaz para movilizar simpatías. Pero cuando los reflectores se apagan y los datos se examinan con lupa, la consistencia se vuelve determinante. Esta vez, los números hablaron con claridad y su mensaje no coincide con el espectáculo que los precedió.
