Tras la intervención estadounidense y la caída de Maduro, cientos de presos políticos recuperaron su libertad, pero con restricciones judiciales y profundas secuelas físicas y psicológicas. Sus historias revelan los desafíos de una transición que promete reconciliación mientras mantiene mecanismos de control del antiguo régimen.
Caracas, Venezuela – Para Ramón Centeno, la libertad llegó con una silla de ruedas, un cuerpo roto y una casa vacía. Tras más de cuatro años en prisión, el periodista y exmilitante del partido oficialista fue liberado en enero de 2026, solo para despedir a la persona que sostenía su mundo: su madre, quien murió días después de su excarcelación. Su historia resume la paradoja que viven cientos de excarcelados políticos en Venezuela: una libertad condicionada, marcada por la ausencia y el trauma irreversible, que puede ser revocada en cuestión de horas, como lo demuestra el caso del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido nuevamente menos de 12 horas después de haber recuperado su libertad.
Las excarcelaciones masivas, que comenzaron en enero tras la intervención militar de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro, son el eje de un proceso de transición política inédito. Hasta el 5 de febrero, la organización Foro Penal confirmó la liberación de 383 personas, una cifra lejana a las anunciadas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Sin embargo, esa libertad es incompleta, un permiso condicional que obliga a presentaciones periódicas ante tribunales y prohíbe a muchos hablar públicamente de su caso, con consecuencias drásticas para quienes incumplen estas restricciones no siempre claras.
Un caso emblemático: la efímera libertad de Juan Pablo Guanipa
El proceso, presentado como un gesto de pacificación, mostró su lado más frágil y contradictorio con el caso del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Excarcelado el 8 de febrero tras 21 meses de detención, el político de Primero Justicia fue “secuestrado” —según la denuncia de su hijo y de la líder opositora María Corina Machado— por un grupo de unas diez personas armadas y vestidas de civil en la urbanización Los Chorros de Caracas, apenas doce horas después de haber recuperado la libertad.
La Fiscalía General emitió un comunicado confirmando la aprehensión, solicitando la “revocatoria de la medida cautelar” por “incumplimiento de las condiciones impuestas”. Si bien dichas condiciones no fueron hechas públicas, es habitual que incluyan la prohibición de hacer declaraciones a los medios o en redes sociales, algo que Guanipa hizo tras su liberación. Este episodio, ocurrido mientras se discutía en la Asamblea Nacional la Ley de Amnistía General, encapsula la precariedad del proceso: una libertad que no es un derecho, sino un permiso revocable, que mantiene a los excarcelados en un estado de permanente vulnerabilidad y bajo la amenaza latente del retorno a la celda.
Las cicatrices de la prisión y un regreso doloroso
El caso de Centeno ilustra una liberación que no borra el daño. Entró caminando con muletas a prisión, tras un accidente de tránsito. Allí, su salud se deterioró: infecciones por las heridas de la fractura, tres parálisis faciales y un declive físico que lo obligó a salir en silla de ruedas. “Creo en el perdón con justicia y memoria”, dice hoy, mientras intenta conciliar el sueño con los tres perros que dejó su madre. Su liberación está sujeta a medidas cautelares, un patrón común que convierte la salida en un mero cambio de celda.
Para otros, como Víctor Castillo, coordinador municipal de Vente Venezuela, el regreso se tiñó de una felicidad agridulce, interrumpida por la obligación de comparecer ante un juez cada 30 días. Su detención en 2024, tras una gira de la líder opositora María Corina Machado, lo separó de sus hijas y su vida ligada al campo. El encierro le dejó un zumbido constante en el oído, sin tratar, y la certeza de que “la cárcel se supone que es para los delincuentes, pero hoy también es para los inocentes”.
Una amnistía con límites y la carga del aparato represivo
La promesa de una Ley de Amnistía General, aprobada en primera discusión el 5 de febrero, ofrece un marco legal para estas excarcelaciones, pero su alcance es objeto de intenso debate. El borrador promete una “amnistía general y plena” por delitos políticos, pero limita su aplicación a diez episodios específicos de convulsión social ocurridos entre 1999 y 2026, excluyendo casos fuera de esos periodos. Esto deja en el limbo a cientos, incluyendo a numerosos militares y casos como el de la jueza María Lourdes Afiuni. El rápido re-apresamiento de Guanipa, incluso antes de la aprobación definitiva de la ley, plantea serias dudas sobre su espíritu y aplicación real, sugiriendo que puede funcionar más como un instrumento de control político que de justicia transicional.
El proceso de liberación ha estado marcado por una opacidad que agrava la angustia familiar. Días después del anuncio oficial de la liberación de 116 presos, organizaciones como Foro Penal solo podían confirmar 24 excarcelaciones. Familias han acampado por semanas en las puertas de cárceles como El Helicoide, esperando noticias de sus seres queridos, en una vigilia que ha forzado a líderes como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a acercarse y prometer plazos que a menudo no se cumplen.
El Helicoide: de símbolo de terror a polémica reconversión
Como telón de fondo de este drama humano está El Helicoide, la temida prisión de Caracas que el gobierno interino ha prometido desmantelar y convertir en un centro comunitario y deportivo. Sin embargo, desde la oposición y víctimas como el exsecretario de la Asamblea Nacional Roberto Marrero, se exige que se convierta en un “museo de la dictadura”, un lugar de memoria que no permita olvidar las torturas, el hacinamiento y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que allí se perpetraron. El hecho de que Guanipa haya sido llevado nuevamente a un destino no revelado por la Fiscalía, en una operación descrita por su familia como un “secuestro”, recuerda que las prácticas del pasado reciente —detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales— no han sido erradicadas, sino que se adaptan al nuevo contexto.
Su historia es un reflejo de las contradicciones venezolanas: un edificio diseñado en los años 50 para ser un centro comercial futurista, que terminó como sede del servicio de inteligencia (SEBIN) y una prisión política. Las denuncias de abusos son persistentes, documentadas incluso por una Misión de Determinación de Hechos de la ONU en 2023. Su destino final será una prueba simbólica de si la transición venezolana opta por borrar o asumir las huellas de su pasado reciente.
Los que quedan dentro, los que vuelven y las familias, prisioneras también
Mientras celebran las liberaciones, los excarcelados no olvidan a quienes siguen tras las rejas. Víctor Castillo, apenas libre, empezó a enumerar nombres entre los que mencionó a Juan Pablo Guanipa, quien, en un giro trágico, pasaría de ser un nombre en la lista de los esperados a un caso emblemático de la libertad revocable. Un informe de Psicólogos sin Fronteras y la ONG Justicia Encuentro y Perdón señala que la experiencia carcelaria ha dejado una huella emocional devastadora en cerca de 4,000 personas, incluyendo a los familiares que quedaron sosteniendo el hogar en un país en crisis. La re-detención de Guanipa extiende ese trauma, demostrando que la angustia no termina con la excarcelación, sino que puede reactivarse en cualquier momento.
El abogado Eduardo Torres, quien compartió cautiverio con su defendido Carlos Julio Rojas, pone el acento en la urgencia de reformar un sistema judicial que fue cómplice de la represión. “Para quienes somos abogados, ahí terminamos de entender que la libertad y la vida son lo mismo”, afirma. Su preocupación no es solo personal; señala la irregularidad de que en su mismo proceso legal, acusado de dar talleres de formación ciudadana, solo hayan sido liberados él y un periodista, mientras otras tres personas siguen detenidas. La detención de Guanipa por supuestamente violar las condiciones de su medida cautelar —sin que estas fueran claramente divulgadas— ejemplifica el tipo de arbitrariedad judicial que Torres denuncia.
Una transición bajo tutela y una reconciliación pendiente
El proceso de excarcelaciones es solo una pieza en un complejo tablero geopolítico. La intervención estadounidense que detonó la transición se enmarca en un plan de fases bajo la tutela directa de Washington. Estados Unidos ha condicionado su apoyo a la liberación de presos, una presión que la opositora María Corina Machado reconoce como clave. Sin embargo, el caso Guanipa revela los límites de esta presión externa y la capacidad de las estructuras de poder internas para mantener mecanismos de control y castigo, incluso ante una supuesta apertura.
La Ley de Amnistía es presentada como un gesto de cierre, pero expertos y activistas advierten que, sin un verdadero desmantelamiento del aparato represivo, sin la depuración de fiscales y jueces que avalaron detenciones arbitrarias, y sin una reparación integral, el perdón seguirá siendo una palabra vacía. Joel García, abogado de presos políticos, critica que el beneficio esté limitado a fechas concretas: “Esto ignora que la persecución ha sido una política de Estado sostenida durante 27 años”. La veloz re-aprehensión de un opositor de alto perfil bajo cargos vagos sugiere que esa política encuentra nuevos cauces, no un final.
Al final, para los centenares que han recuperado una libertad vigilada —y para quienes, como Guanipa, la ven esfumarse—, el verdadero desafío comienza ahora. Es el desafío de reconstruir una vida en un país fracturado, de sanar heridas que son más profundas que las físicas, y de encontrar un sentido al sufrimiento padecido. Como resume Ramón Centeno desde su silla de ruedas, entre el duelo por su madre y el recuerdo de la campana que usaba en prisión para pedir ir al baño: “No he podido asimilar nada… He tratado de que lo que viví en la cárcel no toque mi corazón”. El camino hacia una verdadera libertad, para ellos y para Venezuela, parece aún más largo y tortuoso de lo que prometían los primeros anuncios de excarcelación. La puerta de la celda se entreabre, pero la sombra del sistema penitenciario y judicial que los condenó se proyecta, larga y amenazante, sobre sus vidas recién estrenadas.
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/internacional/venezuela-post-maduro-como-viven-los-ex-presos-politicos-tras-salir-de-las-carceles/
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