Con el informe técnico de Bureau Veritas ya en poder del Ministerio de Defensa y ante la decisión de no renovar la carta de crédito, el Ejecutivo considera que están dadas las condiciones para dejar sin efecto el acuerdo con el astillero español. La definición final quedará en manos del presidente Yamandú Orsi y se adoptaría en los próximos días.
Según confirmaron altas fuentes del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo entiende que se ha configurado una acumulación de incumplimientos contractuales que tornan inviable la continuidad de la relación con la empresa constructora, y ya comenzó a dar los pasos administrativos y políticos para avanzar hacia la rescisión.
La decisión no es abrupta ni aislada. Es el resultado de un proceso que se inició formalmente a comienzos de enero, cuando el Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre una serie de incumplimientos detectados, en particular vinculados a la garantía de fiel cumplimiento, considerada una de las piezas centrales del contrato. En esa instancia, se otorgó vista a la empresa para que realizara los descargos correspondientes, los cuales —según la fuente consultada— no modificaron sustancialmente la evaluación inicial del Estado uruguayo.
A ese escenario se sumó un elemento clave: el informe elaborado por la clasificadora internacional Bureau Veritas, a la que el Ministerio de Defensa había encargado una inspección técnica independiente sobre el estado de avance de la construcción y el cumplimiento de las normas aplicables. El documento ya fue entregado y analizado por las autoridades, y si bien no describe un colapso absoluto del proyecto desde el punto de vista constructivo, sí constata inconsistencias relevantes y apartamientos respecto a las normas de bandera bajo las cuales debían construirse los buques.
“Es un informe técnico, no político, y como tal no es blanco o negro”, explicó la fuente. “No dice que todo esté mal, pero tampoco valida que la construcción se esté desarrollando en condiciones plenamente correctas. Lo importante es que nos aporta elementos suficientes para seguir trabajando en la línea que el gobierno ya venía sosteniendo”.
El informe de Bureau Veritas se encuentra actualmente en proceso de vista, por lo que el astillero cuenta con un plazo de diez días para formular observaciones. Por ese motivo, desde el Ministerio evitan entrar en detalles específicos de su contenido, dado que el procedimiento administrativo aún está en curso y genera antecedentes relevantes para eventuales instancias posteriores.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa detectó irregularidades en la segunda de las garantías previstas en el contrato: la garantía de reembolso, por un monto cercano a los ocho millones de euros. Según se constató, el documento presentado por Cardama no correspondía estrictamente a una póliza vigente que garantizara indemnización, sino a un instrumento preliminar de condiciones, lo que volvió a encender las alertas sobre el grado de cumplimiento contractual de la empresa.
Ambas situaciones —la garantía de fiel cumplimiento y la de reembolso— fueron formalmente notificadas al astillero, sumándose a un expediente que, en palabras de la fuente, “fue acumulando elementos objetivos que terminaron por quebrar la confianza”.
En ese marco, adquiere particular relevancia una fecha clave: el próximo 15 de febrero. De acuerdo al contrato, el Estado uruguayo debería emitir una nueva carta de crédito antes de esa fecha, dado que la actualmente vigente vence el 28 de febrero. Sin embargo, el gobierno ya tomó una decisión política y administrativa: no habrá una nueva carta de crédito.
“Con los incumplimientos constatados y documentados, no existe disposición de nuestra parte para abrir una nueva carta de crédito”, afirmó la fuente. “Entendemos que estamos jurídicamente amparados para no hacerlo, y que no hacerlo es, además, una obligación con el cuidado de los recursos públicos”.
Desde el Poder Ejecutivo se subraya que continuar inyectando fondos en un contrato que ha perdido sustento técnico y jurídico no es una opción. “La primera responsabilidad del gobierno es cuidar el dinero de quienes lo generan con su trabajo”, sostuvo la fuente, marcando una línea clara frente a las críticas políticas y mediáticas que rodearon el caso.
En cuanto al estado actual de la construcción, desde el Ministerio de Defensa aseguran que, según la información recibida por los inspectores uruguayos en España, la obra no se encuentra paralizada, aunque sí habría reducido su ritmo. La estructura del buque continúa en proceso de armado, pero persisten interrogantes relevantes en torno a proveedores estratégicos.
El caso más significativo es el de Caterpillar, proveedor de los motores. Según la información disponible, la empresa no habría enviado los equipos ante una propuesta de pago considerada riesgosa, basada en una cesión de crédito futura que dependía del cobro por parte de Cardama al Estado uruguayo. “Es razonable pensar que un proveedor internacional no acepte enviar motores de alto valor bajo esas condiciones”, señaló la fuente.
Más allá de Caterpillar, no se registraron objeciones formales de otros proveedores, ni señales de retiro del proyecto por parte de empresas vinculadas al armamento u otros sistemas.
Otro de los frentes abiertos en el caso Cardama es la investigación administrativa ordenada por la ministra de Defensa, Sandra Lazo. El proceso se encuentra en su fase final: ya se produjo el informe del instructor, el análisis jurídico del ministerio y resta completar una última consulta antes de dictar resolución.
De acuerdo a información que trascendió públicamente, el informe sugiere la eventual instrucción de un sumario a un ex jerarca del Ministerio de Defensa del gobierno anterior, por su participación en el proceso de contratación. Esa información se conoció tras la filtración parcial del informe del instructor, una situación que desde el Ministerio consideran inconveniente, aunque reconocen que el contenido ya forma parte del debate público.
La resolución final definirá si se avanza con sumarios, denuncias u otras medidas administrativas, y demandará aún algunos días más, dado que deben cumplirse los plazos formales de vista y descargo.
La decisión presidencial, “es cuestión de días”
Con todos estos elementos sobre la mesa —incumplimientos contractuales, garantías defectuosas, informe técnico independiente y una investigación administrativa avanzada—, el gobierno entiende que el margen de maniobra es escaso. La decisión final quedará en manos del presidente Yamandú Orsi, quien deberá resolver el rumbo del contrato una vez culminadas las instancias formales en curso.
“Cuando el presidente tome la decisión, va a ser con todos los elementos disponibles”, señaló la fuente. “No hay mucho más para esperar. Esto es cuestión de días”.
De confirmarse la rescisión, el escenario que se abre no estará exento de complejidades. Si bien contractualmente todo lo construido pertenece al Estado uruguayo, su recuperación efectiva, traslado o eventual continuidad del proyecto implicará desafíos jurídicos, logísticos y financieros. Aun así, desde el Ministerio de Defensa remarcan que los dos objetivos centrales se mantienen inalterados: no perder dinero público y dotar a la Armada Nacional de los patrulleros oceánicos que necesita.
Ascenso en la Armada: inspección en Cardama no fue determinante
El pasado 2 de febrero, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento las solicitudes de venia para conferir ascensos al grado de Contralmirante por el Sistema de Selección, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, 102 y 106 de la Ley N.º 19.775.
Las promociones propuestas —en las fechas y orden de prelación correspondientes— son las siguientes: el 4 de agosto de 2025, el Capitán de Navío (CG) César Ricciardi Lerena; el 1.º de octubre de 2025, los Capitanes de Navío (CG) Francisco José Risso Castiglioni e Ismael Rodrigo González López; y el 1.º de noviembre de 2025, el Capitán de Navío (CG) Frederick Aldo Fontanot Arcardini, de conformidad con el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución.
Desde el Ministerio de Defensa se subraya que el desempeño de González como inspector en el caso Cardama no fue determinante para su ascenso. Las decisiones se basaron en una evaluación integral de trayectorias de más de tres décadas de carrera, calificaciones, antecedentes disciplinarios y méritos profesionales. Todos los oficiales considerados se encontraban en la categoría de “muy aptos”, y dentro de los primeros lugares del orden de prelación, descartándose así cualquier señalamiento de arbitrariedad o recompensa política.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/el-gobierno-no-renueva-carta-de-credito-con-cardama-y-va-camino-a-rescindir-el-contrato-id185292/
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