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El Gobierno nacional avanza en la preparación de un nuevo decreto de emergencia económica con el objetivo de enfrentar los efectos cada vez más severos de la crisis climática y garantizar una respuesta inmediata a miles de familias afectadas por inundaciones, sequías y eventos extremos que han deteriorado las condiciones de vida en amplias zonas del país. La iniciativa fue anunciada por el presidente Gustavo Petro como una medida excepcional orientada a movilizar recursos, acelerar la acción del Estado y evitar que la emergencia humanitaria se profundice en los territorios más vulnerables.
Desde la Casa de Nariño se explicó que el decreto permitirá adoptar decisiones urgentes para atender a comunidades que han sufrido pérdidas materiales, afectaciones a la seguridad alimentaria y daños en infraestructura básica como vías, acueductos y sistemas de saneamiento. El Ejecutivo sostiene que la magnitud de los impactos climáticos supera las capacidades ordinarias de respuesta y exige instrumentos extraordinarios para asegurar ayuda inmediata, reconstrucción y prevención de nuevos riesgos.
En ese contexto, el presidente Petro fue enfático al señalar responsabilidades en la gestión de algunos proyectos hidroeléctricos. Según el mandatario, el manejo de la represa de Urrá ha incidido de manera directa en las inundaciones que afectan a poblaciones del norte del país, especialmente en zonas campesinas y ribereñas. Petro calificó los vertimientos sobre estos territorios como un crimen ambiental y sostuvo que no pueden seguirse tomando decisiones que sacrifiquen comunidades enteras en favor de intereses económicos. Por esta razón, solicitó la renuncia del gerente de la hidroeléctrica y pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.
El jefe de Estado también cuestionó decisiones relacionadas con el llenado de los embalses de Hidroituango y Urrá, afirmando que se priorizaron criterios empresariales por encima de la protección de la vida, el ambiente y los derechos de las poblaciones locales. Para el Gobierno, la emergencia climática ha dejado en evidencia la necesidad de revisar los modelos de gestión del agua y la energía, así como de fortalecer los mecanismos de control y prevención de riesgos.
Desde el ámbito jurídico, el exmagistrado Alfredo Beltrán recordó que la declaratoria de emergencia económica y social es una figura contemplada en la Constitución y utilizada por distintos gobiernos para enfrentar calamidades públicas de gran escala. Explicó que, bajo este mecanismo, el Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley, distintos a los decretos ordinarios, con el fin de atender situaciones excepcionales que no admiten demora. Beltrán señaló que el Gobierno recurre nuevamente a esta herramienta luego de que el Congreso negara varias iniciativas vinculadas a la Ley de Financiamiento, lo que generó presiones adicionales sobre el presupuesto nacional.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo busca disponer de recursos inmediatos y mayor flexibilidad normativa para atender la emergencia climática, mitigar sus impactos sociales y económicos y reforzar la presencia del Estado en los departamentos más afectados. La medida, que será evaluada posteriormente por la Corte Constitucional, se presenta como una apuesta para responder a una coyuntura crítica que combina fenómenos naturales extremos, tensiones fiscales y un creciente reclamo ciudadano por soluciones rápidas y efectivas.
