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Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras un desastre climático de dimensiones inéditas que golpea con fuerza a los departamentos de Córdoba y Sucre. En medio del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Gustavo Petro advirtió que el país enfrenta un fenómeno que, aunque fue anticipado por la ciencia, se manifiesta hoy con una severidad imprevisible y devastadora.
El balance preliminar es alarmante: catorce personas han perdido la vida, cerca de nueve mil viviendas quedaron destruidas, más de cincuenta mil familias resultaron afectadas y alrededor de treinta y cinco mil hectáreas permanecen inundadas. En total, se estima que unas trescientas mil personas sufren de manera directa las consecuencias de este evento extremo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ya había advertido sobre el riesgo de inseguridad alimentaria en la región, un escenario que ahora se materializa como resultado directo del colapso climático.
El mandatario señaló que este desastre ocurre de manera paradójica en territorios profundamente ligados tanto a su historia personal como a decisiones institucionales recientes. Subrayó que la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia del Gobierno bajo el argumento de que el cambio climático no constituía un factor imprevisible, una interpretación que hoy choca frontalmente con la evidencia científica y con la realidad que vive el país. La crisis climática, afirmó, no solo es real, sino cada vez más errática, intensa y cercana a un punto de no retorno.
Uno de los factores más graves es la llegada de una corriente fría de origen ártico que se ha desplazado de forma inusual hacia el sur del continente, alcanzando la costa colombiana. No existen registros históricos de un fenómeno similar con tal magnitud e impacto. Las lluvias han superado cualquier referencia estadística previa, saturando el territorio y desbordando ríos, ciénagas y sistemas de contención.
A esta situación natural extrema se suma, según el presidente, una gestión irresponsable y guiada por intereses económicos en el manejo de los embalses. Denunció que se permitió su sobrellenado con el fin de favorecer la operación de termoeléctricas a gas, cuyos costos multiplican por diez los de la generación hidroeléctrica, trasladando tarifas elevadas a los ciudadanos mientras se agravaba el riesgo de inundaciones. En este contexto, el embalse de Urrá fue señalado como un símbolo de una decisión estructural equivocada, que no solo alteró de manera irreversible el ecosistema del bajo Sinú, sino que facilitó el despojo de tierras a comunidades ancestrales y campesinas.
El presidente recordó la figura del líder indígena Kimy Pernía Domicó, asesinado brutalmente tras advertir ante el Congreso de la República sobre las consecuencias que hoy se hacen evidentes. Su voz, ignorada en su momento, resuena ahora como una advertencia cumplida frente a un modelo que priorizó intereses privados sobre el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades.
Ante la magnitud del desastre, el Gobierno anunció acciones inmediatas, incluyendo la intervención del Ejército para derribar diques que bloquean el flujo natural del agua y la restitución de tierras ocupadas ilegalmente en zonas de ciénagas y caños, como medida urgente para mitigar las inundaciones. Sin embargo, Petro fue enfático en advertir que, lejos de recibir respaldo, el Ejecutivo enfrenta presiones para recortar presupuestos en medio de la emergencia, una decisión que calificó como un acto de irresponsabilidad extrema.
El escenario podría agravarse en los próximos días con la llegada de un segundo frente frío de origen ártico durante el fin de semana. Frente a esta amenaza inminente, el presidente anunció que se verá obligado a declarar nuevamente la emergencia económica, ambiental y social en la región, con la posibilidad de extenderla a nivel nacional si las condiciones lo exigen.
Asimismo, ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos examinar de manera inmediata el nivel de todos los embalses del país y aplicar sanciones si se comprueba negligencia o especulación. Exigió explicaciones a los operadores del sistema energético por permitir maniobras tarifarias en tiempos de crisis, manteniendo embalses llenos en vísperas de lluvias intensas bajo el argumento de una supuesta escasez de gas.
Finalmente, el jefe de Estado hizo un llamado directo a la Corte Constitucional para que levante la suspensión del decreto de emergencia y permita al Gobierno actuar con celeridad frente a una tragedia que ya no es una advertencia futura, sino una realidad que golpea con fuerza a miles de colombianos. El país, advirtió, no enfrenta solo una catástrofe natural, sino una prueba histórica sobre su capacidad de responder, con justicia y responsabilidad, a los desafíos del colapso climático.
