Es una gran noticia que juristas reconocidos de Bolivia hayan puesto la agenda judicial en el centro de las prioridades del país. Este impulso llega en un momento clave, pues superar la crisis económica demanda seguridad jurídica absoluta. Los órganos del Estado y la institucionalidad pública y privada deben resolver de una vez la crisis estructural que azota a las instituciones judiciales, base indispensable para atraer inversión y generar confianza.
De especial valor es que estas acciones -de los juristas autoconvocados y apoyados logísticamente por la Fundación Konrad Adenauer- inicien en Sucre, sede del Órgano Judicial y hayan encontrado eco inicial en instituciones pilares del sistema de justicia. Sus diálogos con el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, la Escuela de Jueces del Estado, y actores de la sociedad civil como el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca y la prensa local, posicionan a Sucre como horizonte del necesario y esperado renacer institucional.
Estratégico resulta proponer, vía Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la creación de una Comisión Nacional para la Reforma Integral (estructural) del Sistema de Justicia. Esta instancia impulsaría un Acuerdo Nacional por la Justicia, con participación efectiva de los órganos del Estado. Contaría con una Secretaría Técnica que operativice su agenda, un mandato específico, plazos claros y fines precisos, para evitar dilaciones y asegurar resultados concretos.
Esta iniciativa coincide con los compromisos de los candidatos que avanzaron al balotaje, las declaraciones del Jefe de Estado en la inauguración del Año Judicial 2026 y las expresiones públicas de autoridades judiciales durante 2025 y lo que va del 2026. Además, despierta el supremo interés de organismos económicos internacionales, dispuestos a brindar apoyo técnico y económico incondicional, siempre que se mantenga ajeno a injerencias políticas.
Como destacaron los juristas presentes en Sucre la primera semana de febrero, su perspectiva es de proceso, con enfoques diferenciados en políticas públicas, derechos humanos, interculturalidad y otros. No se trata de una agenda de Gobierno o partido, sino de bases sólidas para la justicia de los próximos 50 años, un pacto de Estado por encima de coyunturas. Imaginemos juicios digitales y transparentes, accesibles incluso para quien vive en un pueblo remoto.
El contexto nacional es fértil para este avance. La población y sus actores relevantes exigen con urgencia trabajar en serio esta agenda pendiente, priorizando el país sobre intereses grupales o proyectos políticos personales. Países vecinos como Perú o Chile, que avanzaron en reformas judiciales con apoyo y estrategia similar, hoy tienen economías más fuertes y jueces que protegen derechos.
Por eso, llamo a las fuerzas vivas de Bolivia -empresas, gremios empresariales, universidades, iglesias, sindicatos y sociedad civil- a apoyar esta iniciativa con generosidad y visión de país. Dejemos atrás las mezquindades, las discusiones académicas sin fin y la búsqueda de reflectores personales. Es hora de unirnos en un Acuerdo Nacional por la Justicia que fortalezca Bolivia para las generaciones venideras.
por: Eddie Cóndor Chuquiruna
Publicado por: La Voz de Tarija
Fuente de esta noticia: https://lavozdetarija.com/2026/02/08/acuerdo-nacional-por-la-justicia/
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