Alguazas suma 107 viviendas recuperadas con ‘in fraganti’ y tabiques; María Segura lidera una ofensiva polémica contra la okupación en Murcia
La cifra que está circulando estos días —107 viviendas recuperadas— no es un eslogan, es un contador con ladrillo detrás. En Alguazas, un municipio de alrededor de 10.000 habitantes, una concejala que también es modelo se ha convertido en el rostro más reconocible de la ofensiva local contra la okupación: desde su entrada en el gobierno municipal en junio de 2023 con Unidad X Alguazas, presume de haber devuelto a propietarios decenas de inmuebles, muchos de ellos mediante lo que ella llama “desokupaciones ‘in fraganti’” y una medida final tan concreta como polémica: tabicar.
El núcleo del método, contado sin rodeos, cabe en una frase que ya se ha repetido como un latiguillo en entrevistas y titulares: “Cuando proceden a salir, tabicamos la vivienda”. Traducido a escena cotidiana: si la vivienda queda vacía —porque quienes la ocupaban salen, porque se marchan, porque hay una actuación policial que despeja el interior— el ayuntamiento sella accesos y vuelve a dejar el piso fuera de juego. El impacto del gesto es inmediato y visual; también lo es el debate que levanta, porque en España cualquier conversación sobre ocupación ilegal, seguridad y derechos acaba con chispas, especialmente cuando la solución suena a obra rápida y a puerta convertida en pared.
107 viviendas: el récord que ha puesto un pueblo en el escaparate
En un pueblo, los números no son abstractos: tienen portal, escalera y vecino que te para en la esquina. Ciento siete no es “muchas”, es una suma de episodios concretos: pisos que llevaban meses con la persiana caída, casas donde el olor a humedad se mezclaba con el miedo, viviendas de herencia que se quedaron en tierra de nadie, inmuebles de bancos o de fondos donde la puerta era, para algunos, una invitación silenciosa. La concejala —apodada en crónicas y redes como “el azote de los okupas” o “terror de los okupas”— ha construido su relato político sobre esa acumulación de casos y sobre una promesa simple: restituir. Que la palabra suene solemne no es casual; “recuperar” no es lo mismo que “desalojar”, y “devolver a propietarios” pesa más, emocionalmente, que “echar a alguien”.
El dato, además, tiene un punto de dinamita mediática por el contraste: un municipio pequeño que aparece en prensa nacional por una guerra que suele asociarse a grandes ciudades. Esa desproporción atrae cámaras como la luz atrae insectos en verano. Y cuando el foco llega, también llegan las preguntas incómodas: qué parte de esas 107 actuaciones son flagrancia real, cuántas responden a inmuebles sin morador, cuántas se solucionan por vía policial, cuántas por vía judicial, cuántas se quedan en el limbo y vuelven a empezar. En el debate público, la cifra tiende a viajar sola, como si fuese una medalla; la realidad es más rugosa, llena de matices y de tiempos distintos.
En esa rugosidad también está el motivo por el que esta historia engancha: es una mezcla de política de proximidad y gesto contundente. La política de proximidad es la patrulla que vuelve a pasar, la llamada que se atiende, el concejal que baja a la calle a dar la cara. El gesto contundente es el tabique: una solución que se entiende con una sola mirada, sin necesidad de explicaciones. Un ladrillo, y se acabó… o eso promete.
María Segura Vicente, de la pasarela al despacho: un personaje perfecto para el titular, incómodo para el debate
El perfil tiene ingredientes que, en la España de ahora, funcionan como gasolina informativa: concejala y modelo, un apodo belicoso, un enemigo socialmente inflamable (“okupas” escrito con k, a veces, para que suene más duro) y una frase operativa que se repite como sello. Unidad X Alguazas, el grupo municipal con el que entra al gobierno en 2023, le da el marco político; su imagen pública le da la proyección. Y la mezcla resulta explosiva: para quienes aplauden, es la prueba de que “se puede” actuar; para quienes desconfían, es un ejemplo de cómo la política convierte un problema complejo en un relato de buenos y malos.
En el terreno estrictamente municipal, el éxito se vende como capacidad de reacción. Se insiste en la idea de “llegar a tiempo”, en no dejar que la ocupación se asiente, en no permitir que un inmueble se convierta en un punto de conflicto permanente. Lo que en la conversación de calle se reduce a “que no les dé tiempo a instalarse”, en el lenguaje institucional se viste de otra forma: intervención en flagrancia, coordinación con Policía Local, apoyo de brigadas o servicios municipales para asegurar el inmueble, y comunicación con propietarios cuando se identifica la titularidad. Ese es el esqueleto del relato.
Pero el personaje también trae sombras inevitables: amenazas, tensión, desgaste. Un cargo municipal en un pueblo no tiene el colchón de una gran capital; aquí todo el mundo sabe dónde aparcas, con quién comes, qué calle cruzas. En un clima así, convertirte en símbolo —para unos, heroína; para otros, provocación— te coloca en una vitrina. Y una vitrina, ya se sabe, no siempre protege: también expone.
“Desokupación ‘in fraganti’”: lo que significa en la calle y lo que significa ante un juez
La expresión “in fraganti” suena a latín de sobremesa, a serie policial con música tensa. En el uso común, equivale a “pillados en el acto”. En el terreno legal, la idea de flagrancia tiene consecuencias: permite actuaciones más inmediatas, facilita decisiones rápidas, reduce margen para el “ya lo veremos”. La concejala usa ese concepto como llave narrativa: si se actúa en el momento, se evita el atasco que suele desesperar a propietarios. El argumento tiene lógica emocional; la pregunta es cómo aterriza en procedimientos concretos, porque aquí no se juega solo con intuiciones, se juega con garantías.
En España, el gran corte —el que determina la velocidad del conflicto— es si hablamos de allanamiento de morada o de usurpación. Dicho sin solemnidad: no es lo mismo entrar en “la casa donde vive alguien” que entrar en “un inmueble vacío”. La morada, el domicilio, está rodeado de una protección especial; la usurpación de un inmueble sin morador suele moverse por carriles más lentos, más discutidos, con más fricción. Por eso la palabra “in fraganti” se ha convertido, en boca de muchos responsables políticos, en una especie de atajo verbal: sugiere rapidez, sugiere legitimidad inmediata, sugiere que no hay dudas.
La práctica municipal que se describe en esta noticia se apoya en ese marco: actuar rápido, documentar el estado de la vivienda, intervenir cuando la situación permite una respuesta directa y, sobre todo, evitar que el inmueble quede de nuevo expuesto. En esa cadena, el tabique aparece como el candado definitivo. Donde antes había una puerta vulnerable, ahora hay pared. Y el mensaje, implícito, es potente: aquí no hay segunda oportunidad.
El problema es que el debate público español está lleno de términos que se pisan entre sí. Se mete en el mismo saco a quien ocupa un piso vacío, a quien entra en una vivienda habitual, a quien deja de pagar un alquiler y se atrinchera, a quien está en una situación de vulnerabilidad real. Y cuando se mezcla todo, cualquier solución contundente parece funcionar… hasta que tropieza con un caso distinto. Por eso, cuando se escucha “in fraganti” en un titular, la pregunta de fondo no es estética; es práctica: qué se considera flagrante y quién lo decide en cada actuación.
El tabique como arma final: eficacia inmediata, controversia garantizada
Tabicar es una palabra fea y hermosa a la vez: fea por lo que implica, hermosa por lo clara que es. Cerrar. Convertir un acceso en pared. Que la vivienda deje de ser accesible por la vía más sencilla. En la narrativa de la concejala, el tabicado aparece como la respuesta lógica tras la salida de los ocupantes: “si ya han salido, si ya está vacío, se asegura”. Y ahí está el punto de choque: asegurar puede ser sinónimo de proteger, pero también puede sonar a castigo, a escarmiento, a gesto ejemplarizante.
En un municipio pequeño, además, el tabique no solo cumple una función de seguridad; cumple una función de señal. Se ve. Se comenta. Se convierte en aviso para quien esté pensando en entrar. Es una especie de semáforo en rojo permanente. Esa dimensión disuasoria explica buena parte del eco: no es solo una medida técnica, es un símbolo. Y los símbolos, en política, valen casi tanto como los resultados.
Ahora bien, no todo tabicado significa lo mismo. Si hablamos de una vivienda con propietario identificado que solicita auxilio, el relato de “devolución” encaja con facilidad. Si hablamos de inmuebles de entidades, de herencias en disputa, de pisos abandonados donde la titularidad es un laberinto, el debate cambia de tono. Y si aparece un caso con menores, con vulnerabilidad acreditada, con servicios sociales en juego, el foco se endurece: el ladrillo ya no es solo ladrillo, es una decisión que afecta a vidas.
En la propia lógica municipal, suele introducirse una distinción: delincuencia organizada o perfiles conflictivos, por un lado; situaciones de necesidad, por otro. Esa división intenta sostener una idea: mano dura para el uso delictivo del inmueble, y derivación social cuando hay fragilidad real. Pero en la práctica, esa frontera no siempre es limpia. Hay ocupaciones que empiezan por necesidad y terminan en conflicto; hay ocupaciones promovidas por mafias que utilizan a familias como pantalla; hay inmuebles convertidos en puntos de trapicheo que arrastran a todo el bloque al infierno. El tabique, como respuesta, no distingue por sí mismo: distingue quien lo ordena, quien lo ejecuta, quien lo avala.
Y por eso la cifra 107 impresiona y, al mismo tiempo, obliga a mirar debajo del titular. Porque el cemento tapa una puerta, sí, pero también tapa preguntas: cuántos casos se resolvieron sin juzgado, cuántos con intervención judicial, qué papel tuvo la policía en cada episodio, qué margen real tiene un ayuntamiento para intervenir en propiedad privada, qué controles se aplican para evitar abusos. A veces, lo más contundente es lo que más necesita explicación.
La ley en el centro: entre el Código Penal (España), la Ley de Enjuiciamiento Civil y el margen municipal
La discusión sobre la ocupación en España suele tener dos velocidades: la de la indignación y la del expediente. La indignación va a ritmo de titular; el expediente va a ritmo de juzgado. En términos generales, el allanamiento de morada se mueve en el terreno penal con una protección intensa del domicilio; la usurpación de inmuebles que no son morada suele acabar en procedimientos más largos, con dificultades para identificar ocupantes, con recursos, con trámites. En medio, el propietario desespera y el vecino se cansa. Es ahí donde muchos ayuntamientos intentan rellenar el hueco: presencia policial, mediación, coordinación con propietarios, y medidas físicas de aseguramiento cuando el inmueble queda vacío.
El margen municipal, sin embargo, no es infinito. Un ayuntamiento puede reforzar vigilancia, puede actuar ante delitos flagrantes dentro de su competencia policial, puede colaborar con juzgados, puede impulsar ordenanzas y sanciones en materia de convivencia o de seguridad en espacios públicos, puede movilizar servicios sociales. Lo que no puede —al menos en el marco habitual— es sustituir al juez cuando el conflicto requiere decisiones de fondo sobre posesión. Por eso estas historias siempre caminan por una cuerda floja: se venden como soluciones y se analizan como límites.
En la conversación pública también aparece otro término que se mezcla con la ocupación y lo enreda todo: el impago de alquiler con permanencia, lo que algunos han bautizado como “inquiokupación”. No es lo mismo, pero se confunde a menudo. En un caso hay un contrato y un litigio arrendaticio; en otro, una entrada sin título. Esa confusión alimenta un clima en el que cualquier medida contundente se aplaude por reflejo, aunque no sirva para todos los supuestos. En Alguazas, la política del tabique se presenta como respuesta a entradas ilegales, no como solución a conflictos de alquiler, y ese matiz importa porque dibuja el campo de juego.
También importa lo que no aparece en el titular: el trabajo de hormiga. Identificar propietarios, localizar herederos, coordinar actuaciones con rapidez, documentar el estado del inmueble, asegurar que no quedan pertenencias, evitar daños mayores, intervenir sin convertir cada operación en un espectáculo. En un pueblo, la línea entre eficacia y ruido es muy fina. Y cuando una responsable política se convierte en símbolo, esa línea se vuelve aún más delicada: cualquier error se amplifica, cualquier acierto se mitifica.
Seguridad, convivencia y política: aplausos, críticas y el efecto llamada inverso
Alguazas no ha inventado la ocupación ni va a solucionarla en solitario, pero sí ha encontrado una forma de colocarse en el mapa: una narrativa de acción. Esa narrativa tiene un efecto inmediato en la calle. Para propietarios, supone sensación de respaldo. Para vecinos de bloques tensionados, supone la idea de que el problema “se mueve”, de que no está estancado. Para quienes trabajan en seguridad, supone presión: si se promete rapidez, la lentitud —aunque sea legal— se vive como fracaso. Y para la oposición o para quienes miran con recelo, supone una sospecha permanente: la de que se esté confundiendo orden con espectáculo.
El efecto disuasorio es otro punto clave. En teoría, tabicar cuando el inmueble queda libre puede reducir la reincidencia: la puerta deja de ser el punto débil. Pero la realidad suele buscar rendijas. Si hay demanda de techo, se busca otro piso. Si hay delincuencia organizada, se exploran otros accesos, otros edificios, otros municipios. La pregunta, entonces, no es si el tabique funciona como barrera física —funciona—, sino qué provoca alrededor: desplazamiento del problema, reducción real, o simple cambio de escenario. La política local, muchas veces, se mide en eso: no en erradicar, sino en contener.
En paralelo está la dimensión social, que siempre aparece aunque algunos intenten taparla con cemento. Un municipio pequeño tiene herramientas limitadas para abordar vivienda asequible, exclusión, salud mental, adicciones, redes criminales. Puede actuar, sí, pero no puede transformar de golpe las causas que empujan a una ocupación. Y aquí conviene no confundir el enfoque: esta historia es la de una ofensiva municipal centrada en recuperar inmuebles, no la de una reforma del mercado de vivienda. Aun así, las dos cosas se tocan, porque el piso vacío es el tablero donde se juega una parte del conflicto.
La figura de la concejala-modelo añade un componente cultural: la política convertida en personaje. Eso trae visibilidad, pero también polariza. Hay quien la ve como un símbolo de eficacia; hay quien la ve como un símbolo de dureza. Y hay un tercer grupo —silencioso— que solo quiere normalidad: que no haya gritos en el rellano, que el portal no sea un trasiego, que la puerta de al lado no se convierta en un misterio permanente. Ese grupo suele ser el que más sufre cuando el problema se enquista y el que más respira cuando se desatasca, sin necesidad de pancartas.
En España, además, la okupación se ha convertido en un arma política recurrente. Cada caso local se usa como ejemplo nacional, cada cifra se agita, cada historia se reescribe en clave ideológica. Que un municipio como Alguazas se convierta en referencia no es solo mérito de su estrategia; es resultado de un contexto en el que el tema está siempre a punto de hervir. Y en ese hervor, una frase como “tabicamos la vivienda” cae como una cerilla: ilumina y quema.
Un pueblo, 107 tabiques y una batalla que no se apaga
Lo que queda, cuando se baja el volumen del titular, es una fotografía nítida: una responsable municipal que presume de resultados, un método basado en actuación rápida y aseguramiento físico del inmueble, y un municipio que ha pasado de ser uno más a ser ejemplo —para unos— y advertencia —para otros—. Las 107 viviendas son un dato con fuerza propia, pero también son una invitación a mirar el terreno completo: la diferencia entre morada y inmueble vacío, la velocidad desigual de lo penal y lo civil, el papel real de la policía local, la frontera entre protección y exceso, el impacto en convivencia y seguridad.
En esa fotografía, la palabra tabique pesa casi más que la palabra ley, y ahí está el centro del debate. Porque el tabique ofrece una sensación inmediata de solución, pero la ley es la que decide si esa solución se sostiene cuando alguien la discute. La concejala ha elegido un camino de máxima visibilidad: dar la cara, poner cifras, poner método, poner frase. Eso genera apoyo, y también genera adversarios. En un país donde el problema de la vivienda y la ocupación se cruzan con la política como dos cables pelados, el chispazo era cuestión de tiempo.
Alguazas, de pronto, está en esa conversación nacional con un argumento duro, casi táctil. Ciento siete puertas convertidas en pared, junio de 2023 como punto de partida, un apodo que suena a cómic de barrio —“azote”— y una idea de intervención rápida que se vende como antídoto contra el atasco judicial. La historia, contada así, tiene ritmo de victoria. Pero también tiene la textura de lo que nunca es simple: cada vivienda es un caso distinto, cada actuación deja huella, cada aplauso lleva una pregunta escondida. Y en un pueblo, las preguntas no se quedan en redes: se quedan en la calle.
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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: La Razón, BOE, Ayuntamiento de Alguazas, BOE, BOE, Ministerio del Interior.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/desokupaciones-en-alguazas/
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