Exfiscal vincula el incremento de estos casos a la infiltración de mafias de gran envergadura. «Hay un claro incremento de los casos de ajuste de cuentas porque la criminalidad ha aumentado por la presencia del PCC (Primeiro Comando da Capital) y del Comando Vermelho en Bolivia»
Bolivia cerró un año de violencia que desbordó las capacidades de contención del Estado. Durante la gestión 2025, el país registró al menos 26 casos de ajustes de cuentas, una cifra que consolida la percepción de un territorio cada vez más vulnerable al crimen organizado transnacional.
Según datos procesados por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas (OBSCD) y la Policía Boliviana, el incremento de los delitos contra la vida fue drástico: solo en el tercer trimestre de 2025 se contabilizaron 246 denuncias de este tipo, lo que representa un alarmante aumento del 121,62%, en comparación con el mismo periodo del año anterior (2024) (1,2).
El inicio de 2026 hizo presagiar que será tan violento como el 2025. El 8 de enero, el asesinato de Mauricio Aramayo, un empresario y figura política de estrecho vínculo con el actual presidente Rodrigo Paz, conmocionó al país. El crimen, perpetrado en pleno centro de la ciudad de Tarija, fue calificado como una ejecución por encargo, rompiendo la relativa calma de la capital chapaca, e interpretado como un mensaje directo a las esferas más altas del poder estatal.
Aramayo fue interceptado por sicarios en moto mientras se desplazaba en su vehículo, recibiendo al menos dos impactos de bala que acabaron con su vida de forma instantánea. La cercanía de la víctima con el entorno del presidente Paz no solo generó alerta, sino también incertidumbre.
La Fiscalía de Tarija informó que ha identificado a los autores intelectuales y al autor material del asesinato, aunque los móviles no están claros. Dos personas están aprehendidas, pero los principales responsables habrían fugado de Bolivia.
Este escenario, donde la «Ley del Talión» se impone sobre el Código Penal, es analizado por el experto en seguridad Franco Gamboa. Para él, el ajuste de cuentas no es un hecho aislado, sino una «típica conducta delincuencial, donde se juzga a través del ojo por ojo y diente por diente, que tiende a satisfacer las ‘expectativas de justicia’ o la búsqueda de un logro específico (el crimen planificado contra los que traicionan), que podría considerarse como algo valioso en sí mismo para el mundo del hampa».
Gamboa advierte que los delincuentes operan bajo una «escala de valores vulgar y ancestral» con la que justifican la violencia sádica. Según el analista, «el mundo de los delincuentes disfruta la venganza y justifica la utilización del ‘ojo por ojo’ porque jamás podrán recurrir a la justicia formal o pensar en un debido proceso».
«Los delincuentes justifican todo tipo de venganzas y se dan por satisfechos al margen de la ley. Por lo tanto, si alguien los traiciona, engaña o perjudica, los delincuentes piensan que van a obtener justicia por mano propia, actuando con bajeza y con una gran magnitud de violencia que caracteriza a las conductas sádicas. El mundo de los delincuentes disfruta la venganza y justifica la utilización del “ojo por ojo” porque jamás podrán recurrir a la justicia formal o pensar en un debido proceso», explicó.
Para el abogado y exfiscal de Santa Cruz, Joadel Bravo Becerra, el ajuste de cuentas es el mecanismo que utilizan las organizaciones criminales al margen de la ley para hacer valer sus negociaciones. «No tienen otra forma, ya que no pueden acudir a un tribunal como en un estado de derecho. Su único mecanismo de coerción es el sicariato, la tortura, el secuestro o la fuerza».
Localizaciones y nexos
La geografía del terror en 2025 ha tenido epicentros definidos en el eje troncal y las zonas fronterizas. Reportes de la Agencia Boliviana de Información (ABI) y monitoreos de medios como El Deber y Opinión destacan que la criminalidad se concentra en tres regiones críticas: Santa Cruz, el Trópico de Cochabamba y el departamento de Beni.
Localidades como San Matías, en la frontera con Brasil, han sido escenario de múltiples acribillamientos, mientras que en Yapacaní, Porongo y Puerto Suárez, o en Entre Ríos en Cochabamba, la presencia de sicarios ha dejado cuerpos con signos de tortura a plena luz del día.
Bravo Becerra vincula directamente este incremento a la infiltración de mafias de gran envergadura.
«Hay un claro incremento de los casos de ajuste de cuentas porque la criminalidad ha aumentado, verificado por la influencia creciente del PCC (Primeiro Comando da Capital) y del Comando Vermelho en Bolivia», sostuvo
Según sus datos, el 90% de la droga boliviana tiene como destino Brasil, sirviendo de puente para organizaciones como la ‘Ndrangheta italiana, que mueve aproximadamente el 5% del PIB de su país. Bravo advierte que Bolivia es utilizada no solo como centro de provisión de materia prima, sino como «resguardo o punto de huida entre mafiosos», aprovechando que el país carece de herramientas legales fundamentales.
«El modus operandi varía: incumplimiento en una transacción. Mandan un aviso de lo que pasará si no cumplen, porque no matan por matar y perder dinero. Si dos miembros de la organización tienen deudas cruzadas con el jefe, hay que pedir permiso para actuar, cobrar deudas y, a veces, amenazar con matar a la familia. También ocurre con quienes saben demasiado, entregan información o pelean territorio, como los tres albaneses muertos recientemente en Yapacaní tras la desaparición de un señor», añadió.
Un Estado frágil
A pesar de la magnitud de la crisis, Bolivia enfrenta el avance del crimen organizado con un sistema jurídico que Bravo califica de «limitado». El exfiscal critica que normativas como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz funcionan en ocasiones como un «pasaporte para librarse de prisión» mediante condenas mínimas.
«Bolivia no tiene la capacidad legal para destruir ninguna organización criminal, porque, por ejemplo, es el único país en Latinoamérica sin pinchazo telefónico ni negociación de la pena», enfatiza Bravo, comparando la situación con Argentina, que recientemente homologó la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión).
La situación se agrava con la infiltración del narcotráfico en las instituciones: durante 2025 se reportaron casos y la baja de policías por nexos con el hampa.
El ajuste de cuentas en Bolivia es hoy un delito que «deshumaniza cualquier conducta», como concluye Gamboa. Con más del 90% de estos casos vinculados estrictamente al narcotráfico —como el asesinato de tres ciudadanos albaneses en Yapacaní—, el país se enfrenta al desafío de modernizar su justicia o sucumbir ante un sistema paralelo donde el «ojo por ojo» es la única ley vigente.
Acciones integrales
Gamboa, experto en seguridad, afirmó que el combate a la delincuencia en el Estado de Derecho debe castigar, juzgar y desbaratar todas las formas conexas del crimen organizado, donde el ajuste de cuentas deshumaniza conductas y desata violencia extrema.
El exfiscal enfatizó la necesidad de acciones integrales contra dinámicas criminales que incluyen no solo hechos aislados, sino cadenas completas de actividades ilícitas. Su análisis resalta la urgencia de erradicar prácticas como el sicariato y la extorsión que escalan la inseguridad en Bolivia.
Uno de los casos graves
El juez de sentencia Wilber Marcial Cruz Arancibia, de Villa Tunari, fue asesinado a tiros el 7 de noviembre de 2025 en la avenida D’Orbigny y Diego de Almagro, mientras conducía con su hijo de 18 años. Dos sicarios en motocicleta le dispararon tres veces, dejando una nota amenazante: «Te lo advertimos, por no cumplir tu trabajo», dirigida aparentemente a él y a otra jueza.
Publicado por: David Ovando
Fuente de esta noticia: https://boliviaverifica.bo/bolivia-bajo-sombra-del-sicariato-26-ajustes-de-cuentas-en-2025-muestran-un-clima-de-alta-peligrosidad/
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