El reciente acuerdo firmado entre los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y los 27 Estados miembros de la Unión Europea ha desatado un debate intenso sobre sus implicancias económicas, sociales y ambientales. Aunque el pacto promete oportunidades de cooperación y un mayor intercambio comercial entre los dos bloques, también ha sido señalado como un refuerzo de las dinámicas neocoloniales que han caracterizado históricamente las relaciones comerciales entre Europa y América del Sur.
El tratado entre la Unión Europea y el Mercosur está compuesto por dos documentos: un amplio acuerdo de asociación con tres pilares (político, de cooperación y comercial) y un pacto interino exclusivamente comercial. Este último puede entrar en vigor más rápidamente, aunque ambos textos enfrentan procesos de ratificación complejos tanto en Europa como en los países del Mercosur.
En términos económicos, el acuerdo se centra en facilitar el comercio entre los dos bloques. Sin embargo, perpetúa una relación desigual donde los países sudamericanos exportan principalmente materias primas como petróleo, minerales, soja y café, mientras que importan productos industrializados como medicamentos, maquinaria y automóviles. Aunque se espera que el agronegocio brasileño obtenga algunos beneficios, estos serían modestos en comparación con la escala actual de producción y exportación.
Uno de los puntos más críticos del acuerdo es su potencial impacto ambiental. La Unión Europea ha manifestado interés en garantizar el suministro de minerales esenciales para la transición energética y tecnológica. Sin embargo, esto plantea preocupaciones sobre los riesgos climáticos, ambientales y sociales asociados con la explotación intensiva de recursos naturales en países como Brasil, especialmente en regiones sensibles como la Amazonía.
El tratado incluye compromisos relacionados con el desarrollo sostenible y menciona la necesidad de combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y respetar los derechos indígenas. No obstante, expertos han señalado que estas cláusulas son vagas y dejan espacio para interpretaciones diversas. Por ejemplo, no se establece explícitamente la obligación de cumplir con las metas de reducción de emisiones del Acuerdo de París ni se aborda directamente el vínculo entre la deforestación y la expansión agropecuaria.
En Brasil, uno de los mayores desafíos será cómo las élites económicas y políticas manejarán las oportunidades y riesgos que presenta este acuerdo. Históricamente, estas élites han favorecido modelos económicos extractivistas que agotan los recursos naturales y perpetúan desigualdades sociales. Aprovechar el potencial del tratado para fomentar una transición hacia una economía más sostenible e inclusiva requerirá voluntad política y compromiso con una agenda ambiental más ambiciosa.
En Europa, el acuerdo enfrenta resistencia por parte de agricultores preocupados por la competencia con productos sudamericanos más baratos y por organizaciones ambientalistas que critican la falta de mecanismos efectivos para garantizar la sostenibilidad. En 2023, la Unión Europea aprobó una legislación para evitar la importación de productos relacionados con la deforestación (EUDR), pero algunos temen que el tratado con el Mercosur pueda debilitar su implementación.
Por otro lado, en América Latina, las críticas se centran en cómo el acuerdo podría reforzar relaciones comerciales desiguales y aumentar la presión sobre los ecosistemas locales. Aunque se han introducido cláusulas para proteger pequeños productores y fomentar cadenas de valor sostenibles, estas medidas aún no han demostrado ser suficientes para contrarrestar los posibles impactos negativos.
Un aspecto destacado del acuerdo es el interés europeo en minerales críticos como el litio, níquel y tierras raras, esenciales para tecnologías limpias y digitales. Europa busca diversificar sus fuentes de suministro para reducir su dependencia de China. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre cómo se gestionará esta creciente demanda en países como Brasil, donde gran parte de las reservas minerales se encuentran en áreas ambientalmente sensibles como la Amazonía.
Aunque el tratado menciona la «minería responsable» como un objetivo, las recientes flexibilizaciones en las leyes ambientales brasileñas bajo el llamado «PL de la Devastación» generan dudas sobre si estas actividades se llevarán a cabo con estándares adecuados de sostenibilidad.
A pesar de sus promesas, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur enfrenta múltiples desafíos. Desde la ratificación por parte de los parlamentos nacionales hasta la implementación efectiva de sus compromisos ambientales y sociales, el éxito del pacto dependerá en gran medida de cómo las partes interesadas –gobiernos, empresas y sociedad civil– actúen para garantizar que no se sacrifiquen derechos humanos ni recursos naturales en nombre del comercio.
Como señaló Carlos Rittl, destacado ambientalista brasileño: “Aunque el acuerdo ofrece herramientas para monitorear su implementación y denunciar violaciones, todavía carece de dientes legales para garantizar compromisos reales con la sostenibilidad”. En este sentido, será crucial que los movimientos sociales y las organizaciones civiles mantengan una vigilancia activa sobre su desarrollo.
Finalmente, este tratado es un recordatorio de que el comercio internacional no puede ni debe separarse de los compromisos globales con el desarrollo sostenible y la justicia climática. Si bien representa una oportunidad para fortalecer las relaciones birregionales, también puede profundizar desigualdades históricas si no se implementa con una visión equilibrada e inclusiva. El tiempo dirá si este acuerdo será recordado como un paso hacia un futuro más equitativo o como otro capítulo en una historia de explotación neocolonial.
