La aprobación de una partida mensual de $ 131.000 para cada uno de los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) abrió una fuerte controversia institucional, política y jurídica, que por estas horas mantiene en suspenso una resolución adoptada por el actual Directorio y que será revisada en su legalidad en los próximos días.
La medida, votada por cuatro directores contra dos, establecía el pago de una suma mensual bajo el concepto de viáticos, pese a que la ley que regula el funcionamiento de la Caja determina expresamente que los cargos del Directorio son honorarios. La resolución fue impugnada por el presidente del organismo, doctor Daniel Alza, y por la vicepresidenta, doctora Virginia Romero, quienes votaron en contra y apelaron al artículo 8 de la ley orgánica, dejando la decisión suspendida.
En entrevista con Diario La R, el doctor Blauco Rodríguez Andrada, actual integrante del Directorio de la CJPPU y excandidato a presidir el organismo por la lista 13 en las elecciones celebradas en diciembre, sostuvo que el episodio “no fue un hecho aislado ni sorpresivo”, y afirmó que durante la campaña electoral ya habían advertido a los afiliados sobre la posibilidad de que algunos candidatos impulsaran el cobro de viáticos si accedían al Directorio.
Una decisión cuestionada desde su origen
Según relató Rodríguez Andrada, el tema comenzó a gestarse semanas antes de la votación formal. El jueves 8, explicó, el asunto fue planteado en el ámbito del Directorio y se resolvió solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Caja para evaluar la legalidad de una eventual asignación de viáticos.
“El informe jurídico fue contundente en señalar que la medida era ilegal, independientemente del nombre que se le pusiera a la partida”, afirmó. Sin embargo, pese a esa advertencia, la resolución fue votada y aprobada días después, estableciendo un monto mensual de aproximadamente $ 131.000 líquidos, una cifra que, según indicó, resulta incluso superior al salario de muchos cargos públicos jerárquicos.
Rodríguez Andrada no estuvo presente el día de la votación, pero aseguró que, de haber participado, habría votado en contra y adelantó que solicitará formalmente la nulidad de la resolución en la próxima sesión del Directorio.
Quiénes votaron y cómo se conformó la mayoría
La resolución fue aprobada con cuatro votos afirmativos: dos correspondientes a los representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio, Economista María Noel Sanguinetti Vezzoso y el Dr. (Abogado) Gustavo Rodríguez Azcúe; el voto del representante de los jubilados, el Doctor Roberto Long (suplente), y el voto del Arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti perteneciente al orden profesional quien resultó electo en los comicios recientes y quien se perfila como próximo presidente de la Caja por el orden profesional.
Los votos negativos fueron emitidos por el presidente del organismo, doctor Alza, y por la vicepresidenta doctora Romero, quienes posteriormente impugnaron la medida.
Para Rodríguez Andrada, uno de los aspectos más delicados del episodio es que la resolución salió adelante gracias a los votos de los representantes del Poder Ejecutivo. “Resulta llamativo que quienes representan al Ejecutivo voten una medida que contradice una ley que el propio sistema político impulsó, estableciendo que los cargos fueran honorarios y sin viáticos”, señaló.
Un reglamento interno incumplido
Más allá de la discusión sobre la legalidad de fondo, el entrevistado sostuvo que la resolución es nula por no haber cumplido con el reglamento interno del Directorio de la CJPPU. En particular, citó el artículo 20, que establece que ningún director puede votar resoluciones que impliquen un beneficio directo para sí mismo, debiendo retirarse de la sala durante la discusión y la votación.
“De los cuatro votos positivos, al menos tres corresponden a directores que iban a continuar en el próximo Directorio y que se beneficiaban directamente de la decisión. Es decir, se votaron a sí mismos una remuneración, lo que viola el reglamento vigente”, explicó.
Según adelantó, ese será el argumento central del pedido de nulidad que se presentará en la próxima sesión. A su juicio, esa vía es más rápida y eficaz que una impugnación basada exclusivamente en la ilegalidad de fondo, que podría derivar en procesos administrativos más largos o incluso en acciones judiciales.
La resolución, en suspenso
La aplicación del artículo 8 de la ley orgánica por parte del presidente y la vicepresidenta dejó la resolución suspendida, impidiendo su ejecución. Además, la partida aprobada estaba prevista para el próximo Directorio, que asumirá a fines de enero o comienzos de febrero, por lo que el pago nunca llegó a efectivizarse.
Rodríguez Andrada consideró que, de prosperar la nulidad por incumplimiento del reglamento, no será necesario que el Poder Ejecutivo se pronuncie formalmente sobre la medida, aunque reconoció que existe expectativa sobre cómo actuará el Ejecutivo respecto de sus representantes en el Directorio.
Repercusiones políticas y pedidos de remoción
El episodio generó reacciones en el ámbito político. Dirigentes de distintos sectores plantearon públicamente la posibilidad de remover a los directores que votaron a favor de la resolución, por entender que incurrieron en una violación de la ley.
Consultado sobre esa posibilidad, Rodríguez Andrada señaló que, si bien el planteo puede resultar lógico desde el punto de vista político, su concreción requiere una denuncia formal. “No es algo que se haga de oficio. Para que haya una remoción tiene que existir una denuncia y un pronunciamiento judicial que determine la ilegalidad”, explicó.
Otro de los aspectos cuestionados por el entrevistado fue la ausencia de una fundamentación explícita en actas que explique por qué se adoptó una decisión que, a su entender, es manifiestamente ilegal. “Si alguien considera que lo político está por encima de lo legal, al menos debería dejar constancia de su argumento. Pero eso no ocurrió”, señaló.
También criticó que el tema se haya discutido en comisión general, lo que impidió que los afiliados —a quienes definió como los verdaderos dueños de la Caja— pudieran conocer en detalle los argumentos esgrimidos.
Un contexto electoral sensible
La controversia se produce en un momento particularmente sensible para la CJPPU, tras las elecciones recientes para renovar autoridades. Rodríguez Andrada recordó que su lista no obtuvo cargos en el Directorio, y que la lista ganadora fue la encabezada por Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien votó a favor de la resolución cuestionada.
“Esto genera un arranque de gestión con una polémica de fondo muy fuerte, porque quien será casi con seguridad el próximo presidente participó de una decisión que contradice la ley”, afirmó.
A su juicio, el episodio refuerza la necesidad de mayor transparencia y apego a las normas en la conducción de la Caja, en un contexto financiero y previsional que ya presenta desafíos estructurales de gran magnitud.
Sanguinetti justificó partida económica para los directores
El arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, director electo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), difundió este lunes un comunicado en el que expone su posición frente a la polémica generada por la aprobación de una partida económica para los integrantes del Directorio. En el texto, sostiene que la resolución votada no implica la creación de un salario ni contradice el carácter honorario de los cargos, establecido por la ley orgánica de la institución.
Según explica, la partida aprobada tiene naturaleza indemnizatoria y compensatoria, orientada a cubrir gastos y lucro cesante derivados del desempeño de funciones que demandan una dedicación significativa, y no constituye una remuneración permanente. En ese sentido, afirma que la medida no genera un incremento presupuestal ni afecta los recursos de la Caja, dado que se financia dentro de las previsiones existentes.
Rodríguez Sanguinetti remarca que la decisión fue adoptada en el marco de las atribuciones del Directorio y con el respaldo de informes técnicos que, a su entender, avalan su legalidad. No obstante, señala que, ante la impugnación presentada por el presidente y la vicepresidenta de la CJPPU, la resolución quedó en suspenso, por lo que no se encuentra vigente ni produce efectos prácticos.
El comunicado también subraya que el debate se inscribe en un contexto institucional complejo, marcado por la necesidad de fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad del sistema previsional profesional. En ese marco, el arquitecto llama a evitar interpretaciones “simplificadoras o politizadas” y a analizar el tema con rigurosidad jurídica y responsabilidad institucional.
Finalmente, Rodríguez Sanguinetti reafirma su compromiso con una gestión transparente y con el cumplimiento estricto de la normativa vigente, y manifiesta su disposición a que el Poder Ejecutivo y los organismos competentes se pronuncien sobre el asunto para despejar cualquier duda respecto a la legalidad de lo actuado.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/blauco-rodriguez-pedira-la-anulacion-de-los-viaticos-aprobados-por-mayoria-en-la-caja-de-profesionales-id183176/
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