Tras seis días de bloqueos durante la reciente crisis política, representantes de cámaras empresariales y legisladores «rodriguistas» del oficialismo reactivaron la demanda por una ley que frenen los bloqueos como medida de presión, argumentando pérdidas millonarias y la vulneración de derechos de terceros. Frente a este impulso, dirigentes sociales y la propia Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el riesgo de criminalizar un derecho fundamental como la protesta social, marcando un nuevo frente de debate nacional.
Los sectores empresariales cruceños aliados al gobierno expresaron un rechazo unánime a los efectos de las medidas de presión. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, exigió a la Asamblea Legislativa el tratamiento y promulgación inmediata de «una ley antibloqueo». Voceros de los empresarios del transporte, exportadores y avicultores se sumaron al pedido, coincidiendo en que las protestas generan «daños millonarios». «Vuelve la cultura del bloqueo, vuelve la cultura de empezar a destruir el país nuevamente», afirmó Luis Áñez de la Cámara de Transporte del Oriente.
En el ámbito legislativo, el senador de Libre, Abdón Porcel, respaldó abiertamente un proyecto presentado por el diputado rodriguista Carlos Alarcón (Unidad), que cataloga los bloqueos como delito. «Ojalá podamos esta semana aprobar y se pueda promulgar», refirió Porcel. Las diputadas Ana María Quiroga (Libre) y Catherine Pinto (PDC) destacaron el severo impacto en el sector turístico. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, apuntó que debe evaluarse la «mala práctica» de frenar las actividades del resto de la población.
Este impulso normativo encontró una contraparte crítica. La exasambleísta Hilda Saavedra alertó que una ley de este tipo «va en contra de todos los derechos de los trabajadores» y recordó que las conquistas sociales históricas se lograron gracias a marchas y bloqueos. «Se estaría confundiendo mucho más al país… nos van a tener que meter a la cárcel a todos», declaró, calificando la iniciativa como propia de un «gobierno dictador».
La Defensoría del Pueblo, a través de Pedro Callisaya, pidió no criminalizar la protesta social, recordando que es una «manifestación legítima» de los derechos de expresión y reunión, «siempre que se ejerza sin violencia y sin ocasionar perjuicios a terceros». Por su parte, Marco Reyes, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca, hizo un llamado balanceado, condenando tanto los bloqueos viales como lo que denominó el «bloqueo» del gobierno a una solución política.
Condenó específicamente los «actos de violencia» atribuidos a grupos como los Ponchos Rojos y pidió al Ministerio Público investigar y sancionar a los responsables, sin descartar la posible infiltración para desvirtuar las protestas.
Publicado por: Ce ere & ese
Fuente de esta noticia: https://noticiasvioleta.com/rodriguismo-quiere-una-ley-contra-los-bloqueos-oposicion-ve-intencion-dictatorial/
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