Representantes del gremio aseguran que los procesados por el régimen son vinculados a delitos como terrorismo o incitación al odio, sin acceso a la defensa ni información clara sobre su situación judicial
Al menos 24 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad en Venezuela, según ha documentado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un comunicado a través de su cuenta en la red social X. El sindicato denunció que las detenciones son “ilegales y arbitrarias” y que el número de personas afectadas sigue aumentando, ya que familiares que antes no se habían atrevido a denunciar por temor permiten ahora visibilizar nuevos casos. El comunicado, que incluye el mensaje Libertad para todos, actualizó la lista de detenidos, sumando los casos de Jonathan Carrillo y Deivis Correa.
Entre las palabras clave del comunicado figuran detenciones arbitrarias, prensa, Venezuela, SNTP y presos políticos. El SNTP atribuye el encarcelamiento de los trabajadores de los medios al ejercicio del periodismo independiente, la difusión de opiniones críticas o la militancia política. Según la organización, a los comunicadores se les imputan delitos como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir, sin respeto al debido proceso ni acceso efectivo a la defensa.
Casi una semana después del anuncio realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre un proceso de liberación de presos políticos, los periodistas y comunicadores señalados en el informe del SNTP siguen privados de libertad. La lista, actualizada al 12 de enero de 2025, identifica a profesionales como Ramón Centeno, ex reportero de últimas Noticias, arrestado en febrero de 2022 mientras investigaba casos de narcotráfico y vinculado por el Gobierno al operativo “Manos de Hierro”; Jonathan Carrillo, estudiante y trabajador de la Asamblea Nacional, quien tras pasar tres años en El Helicoide fue trasladado a Yare II sin que se haya iniciado su juicio; y Carlos Julio Rojas, acusado de participar en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y recluido en El Helicoide.
La lista incluye también a Luis López, detenido en La Guaira y acusado de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, recluido en El Rodeo I; Gabriel González, integrante del equipo de prensa de María Corina Machado, imputado por terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir y detenido en Yare II; y Deivis Correa, periodista egresado de la Universidad Católica Santa Rosa, presentado en El Helicoide y acusado de seis delitos, entre ellos terrorismo y asociación extranjera.
El SNTP documentó además los casos de Roland Carreño, periodista y dirigente de Voluntad Popular, arrestado por segunda vez tras las elecciones presidenciales y recluido en El Rodeo I; Víctor Ugas, detenido después de una confrontación con un influencer y acusado de incitación al odio y lesiones leves, trasladado a Tocorón; y ángel Godoy, redactor de Punto de Corte, capturado en Yare III por sujetos encapuchados. La lista se completa con nombres como Julio Balza, reportero gráfico del equipo de María Corina Machado; Leandro Palmar y Salvador Cubillán, detenidos durante protestas en Maracaibo; Rory Branker, editor en La Patilla; Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo privado de libertad en Portuguesa; Nakary Ramos y Gianni González, de Impacto Venezuela; Mario Chávez Cohen, activista detenido en Valencia; Juan Pablo Guanipa, comunicador social desaparecido desde su detención; Carlos Marcano, profesor universitario trasladado a Tocorón; Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo; Carlos Lesma, locutor y director de ‘Señal 94.9’ en Nueva Esparta; Omario Castellanos, privado de libertad en Barquisimeto; Yorbín García, presentado en tribunales y recluido en Yare III; y Nicmer Evans, detenido por el Sebin en Caracas y recluido en El Helicoide.
El SNTP destacó que estos casos forman parte de un patrón de persecución y criminalización del periodismo en Venezuela, al que se suman la censura, el bloqueo de medios digitales, el cierre de emisoras y la imposición de medidas judiciales a quienes investigan o informan sobre asuntos sensibles. El sindicato, junto a otras organizaciones internacionales, exige la liberación inmediata de los comunicadores detenidos y el respeto pleno a la libertad de prensa.
En paralelo, el régimen de Venezuela y varias organizaciones no gubernamentales informaron nuevas excarcelaciones en distintos penales del país con cifras contradictorias. Según datos del Ministerio para el Servicio Penitenciario, 116 personas habrían sido liberadas, aunque no se precisaron los detalles de las liberaciones ni los nombres de los beneficiados. Por su parte, la ONG Foro Penal confirmó más de 56 excarcelaciones y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 53, aunque no se publicó un listado oficial de los beneficiados. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que solo 24 presos políticos fueron liberados desde el jueves anterior, cifra que representa poco más del 2 % de los cerca de 1.000 detenidos por motivos políticos que la coalición opositora contabiliza.
Desde ese día, familiares de presos políticos han aguardado fuera de centros penitenciarios como El Rodeo I, en el estado Miranda, a la espera de la liberación de sus allegados, sin que se haya dado a conocer información oficial sobre los nombres de los excarcelados.
infobae.com
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