“La verdadera política es la política internacional” afirmaba Juan Domingo Perón quien advertía, en 1974, “Van a venir por nuestros recursos naturales. Por nuestros minerales, por el petróleo, por el agua, por la comida. Para lograr eso nos necesitan débiles y para lograrlo nos quieren indefensos, que ellos sean nuestros financistas y que seamos cada vez menos.”
Es lo que está sucediendo. En marzo de 2025, ante la inaceptable injerencia del Gobierno del presidente Trump en los asuntos internos de nuestro país que hoy se ha acrecentado, señalamos:
“El mundo vive una guerra económica, comercial, tecnológica y por el control de recursos naturales estratégicos, que incluye conflictos bélicos, e inaceptables intromisiones de las naciones más poderosas en otros países…”
Lo corrobora la brutal agresión estadounidense contra Venezuela del 3 de enero – en flagrante violación del derecho internacional – invadiendo, bombardeando su territorio, asesinando a decenas de personas, y secuestrando al presidente de ese país y a su esposa. Al referirse a esta acción ilegal e intolerable, Trump reclamó acceso total al petróleo venezolano en beneficio de las empresas norteamericanas.
Es en este contexto que deben analizarse las decisiones de política internacional, económica, financiera, social e institucional del gobierno de Javier Milei, alineado incondicionalmente con el presidente estadounidense .
Es el caso del mentiroso e inconsistente Presupuesto 2026, que impulsado por el Gobierno libertario se sancionó en el Congreso Nacional violando, entre otros, el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, y el art. 20 de la ley 24.156 de administración financiera.
Es decir, se votó una ley inconstitucional que, entre otros, tiene el vicio de su finalidad: un fenomenal ajuste, que implica la violación sistemática de los derechos constitucionales de una inmensa mayoría de las argentinas y argentinos (ver anexo 1).
Su ejecución supone menores ingresos alimentarios, menor consumo, caída de la demanda, de la producción, destrucción de empresas y de empleo, con menos recursos para previsión social, educación y salud públicas, ciencia y tecnología, y defensa nacional.
Ese presupuesto está subordinado al cumplimiento de acuerdos sobre compromisos fraudulentos con gravísimos vicios de origen suscriptos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno del presidente Trump, lo que, en Argentina, beneficia a las empresas de la Cámara de Comercio de EE. UU. (AmCham), y a una minoría enriquecida con la especulación financiera o la oligopolización de los precios, en particular de los alimentos, la energía, e insumos necesarios para producir.
Lo mismo vale para la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que profundizará la caída de recaudación fiscal (ver anexo 2), favoreciendo la evasión tributaria y el lavado de dinero proveniente de actividades criminales como el narcotráfico.
Ello coincide con el objetivo declarado de Javier Milei de destruir el estado.
O para el DNU 945/2025 por el que «La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser «encubiertas», transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial»…iniciativas que “divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo» como señala la CGT y que ambas CTA caracterizan como arquitectura ilegal para la persecución ilegal política, sindical, y social.
O para las normas que ceden recursos y empresas estratégicas (ver anexo 3) a la par que el Gobierno lleva adelante una política exterior que compromete la seguridad de nuestra sociedad y abre la puerta a la cesión de nuestra soberanía marítima y de nuestras Islas Malvinas.
Por ello insistimos, antes de que sea demasiado tarde, necesitamos dejar de lado mezquindades inaceptables que están postergando una unidad con contenido expresada en un proyecto común, en una estrategia con acciones y compromisos claros con todos los sectores vinculados al interés nacional, con el fin de revertir las políticas de entrega de nuestros recursos estratégicos y destructivas de nuestro entramado socio productivo.
ElArgentino.ar
Fuente de esta noticia: https://elargentinodiario.com.ar/analisis/10/01/2026/guerra-economica-y-presupuesto-institucional/
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