El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, planteó establecer un tope a las jubilaciones de aquellos funcionarios cuyos ingresos superan los cinco salarios mínimos y, al mismo tiempo, avanzar hacia la eliminación de la jubilación parlamentaria. La propuesta surge en el marco del debate sobre la reforma del sistema de la Caja Fiscal, considerada por el oficialismo como una prioridad por su creciente déficit.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de reforma ante la Comisión Permanente del Congreso en una reunión realizada en la sede legislativa. El texto oficial apunta a corregir desbalances estructurales y garantizar la sostenibilidad del régimen previsional, que actualmente registra un rojo estimado en US$ 380 millones.
Entre los ejes centrales, el proyecto prevé elevar gradualmente la edad jubilatoria a un rango de entre 57 y 62 años, combinado con un requisito mínimo de 35 años de aportes. La lógica del Ejecutivo es que, con una población que vive más tiempo y se jubila relativamente joven, el sistema resulta financieramente insostenible si no se corrigen incentivos y se amplía el período contributivo.
Sin embargo, Amarilla advirtió que extender la vida laboral no puede ser la única respuesta. “Tenerles hasta muy viejos a los funcionarios públicos no es la solución —señaló—. Debemos pensar también en la calidad de vida de quienes aportaron durante décadas”. Para el legislador, el debate debe incluir criterios de equidad interna, evitando que coexistieran jubilaciones muy elevadas mientras gran parte de los beneficiarios percibe ingresos modestos.
En esa línea, el senador liberal propuso que el sistema establezca un techo equivalente a cinco salarios mínimos para calcular las jubilaciones más altas. Explicó que existen casos de funcionarios que perciben remuneraciones de G. 40 o G. 50 millones y terminan accediendo a haberes finales desproporcionados. “La idea —dijo— es fijar un límite razonable, por ejemplo hasta G. 10 millones, de modo que quien ya trabajó toda su vida cuente con un ingreso que le permita vivir dignamente, sin que el sistema deba financiar privilegios”.
El planteo de Amarilla se inserta en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en el sostenimiento del régimen previsional y sobre el reparto de los esfuerzos de ajuste. Para el senador, antes de exigir más años de trabajo o mayores contribuciones, corresponde revisar regímenes especiales y beneficios diferenciados que presionan sobre las cuentas públicas.
En ese sentido, insistió en la necesidad de suprimir la jubilación parlamentaria, medida que —sostiene— enviaría una señal clara de austeridad y contribuiría a recuperar la confianza ciudadana. “No podemos pedir sacrificios a los demás mientras el propio Parlamento mantiene esquemas privilegiados”, afirmó.
El debate recién comienza y promete generar resistencia entre sectores afectados por los cambios. No obstante, tanto el Ejecutivo como diversos referentes legislativos coinciden en que no reformar el sistema implicaría trasladar el costo a las generaciones futuras. Con propuestas que van desde el aumento de la edad jubilatoria hasta la fijación de topes y la eliminación de privilegios, el Congreso deberá encontrar un equilibrio que combine sostenibilidad financiera con justicia social y respeto por los derechos adquiridos.
Redacción Diario La R Paraguay
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