
En los últimos días, el presidente Lula da Silva expresó su deseo de concretar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea antes de que termine el año 2025. Sin embargo, sus declaraciones dejaron entrever una preocupación: «Estamos cediendo más que los europeos». Este comentario refleja las complejidades de un tratado que, lejos de ser un avance para la economía brasileña, parece profundizar las desigualdades y perpetuar un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas.
La economía mundial atraviesa un período de incertidumbre y cambios estructurales. En este escenario, los países buscan proteger sus economías, fortalecer su autonomía productiva y reducir la dependencia de actores externos. Paradójicamente, Brasil, un país que ha sufrido una intensa desindustrialización en las últimas décadas, parece ir en dirección contraria. Mientras las economías centrales y emergentes adoptan políticas proteccionistas y estrategias de reindustrialización, el gobierno brasileño apuesta por el libre comercio como motor de desarrollo.
El acuerdo UE-Mercosur es un ejemplo emblemático de esta estrategia. Negociado durante gobiernos anteriores y ahora impulsado por la administración de Lula, este tratado simboliza una visión económica que prioriza la apertura comercial en detrimento de una política industrial sólida. Pero, ¿es esta la mejor decisión para un país que lucha por recuperar su capacidad productiva y tecnológica?
El acuerdo ha sido apodado «carros por vacas», lo que refleja la naturaleza desigual del intercambio propuesto. Mientras que la Unión Europea busca expandir sus mercados para bienes industriales como automóviles y maquinaria, los países del Mercosur se enfocan en exportar productos agrícolas como carne, soja y cereales. Sin embargo, incluso en este ámbito, las restricciones impuestas por los europeos limitan significativamente los beneficios para los productores del Mercosur.
Por ejemplo, los productos agropecuarios más relevantes para Brasil, como carne bovina, pollo y etanol, estarán sujetos a cuotas estrictas que representan apenas el 1% del consumo europeo. Además, muchos bienes básicos que Brasil ya exporta a Europa, como la soja y el café verde, ya gozaban de arancel cero antes del acuerdo. En otras palabras, los beneficios para Brasil son mínimos en comparación con las concesiones otorgadas.
Para agravar la situación, el Parlamento Europeo ha introducido nuevas disposiciones en el acuerdo. Una de ellas establece que si las importaciones provenientes del Mercosur aumentan en más del 5%, la UE podrá iniciar investigaciones rápidas y suspender las condiciones preferenciales del tratado. Además, se exige que los países del Mercosur adopten los estándares europeos de producción, lo que podría encarecer aún más los costos para los productores locales.
A pesar de estas estrictas condiciones, países como Francia, Italia y Polonia siguen mostrando resistencia al acuerdo y exigen medidas aún más severas. Por otro lado, desde Brasil, el ministro de Agricultura parece aceptar estas desventajas con resignación, afirmando que «no tiene sentido buscar el acuerdo perfecto». Esta postura refleja una preocupante falta de estrategia por parte del gobierno brasileño, que parece dispuesto a firmar un tratado que profundiza su dependencia económica y limita su capacidad de desarrollo industrial.
El acuerdo UE-Mercosur no es un caso aislado. Brasil también está negociando tratados similares con Canadá y Corea del Sur, además de haber cerrado acuerdos con Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Si estos tratados se concretan bajo las mismas condiciones desventajosas, el país corre el riesgo de caer en una nueva forma de colonialismo económico. En lugar de avanzar hacia una reindustrialización sostenible, Brasil podría quedar atrapado en un modelo primario-exportador que perpetúa su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional.
Este enfoque contrasta con las estrategias adoptadas por otros países. Estados Unidos, por ejemplo, ha dejado claro en su reciente estrategia de seguridad nacional que su prioridad es la reindustrialización basada en la autonomía tecnológica y productiva en sectores clave. Incluso las economías europeas están adoptando políticas proteccionistas para garantizar su competitividad en un contexto global cada vez más incierto.
El presidente Lula enfrenta un dilema crucial: persistir en una estrategia económica basada en el libre comercio o adaptarse a las nuevas realidades globales. La historia económica ofrece lecciones valiosas sobre los riesgos de depender excesivamente de la exportación de materias primas y sobre la importancia de desarrollar una base industrial sólida para garantizar un crecimiento sostenible.
John Maynard Keynes solía decir que cuando los hechos cambian, es necesario cambiar de opinión. Los hechos han cambiado profundamente en el panorama económico mundial. Ahora queda por ver si Lula está dispuesto a reconsiderar su postura y adoptar políticas que promuevan una verdadera transformación económica para Brasil.
En lugar de firmar acuerdos comerciales que perpetúan las desigualdades y limitan las oportunidades de desarrollo, Brasil debería buscar alternativas que fortalezcan su soberanía económica y promuevan la reindustrialización. Esto requiere una visión estratégica y audaz que priorice el desarrollo tecnológico y productivo sobre los intereses inmediatos de actores externos.
El acuerdo UE-Mercosur es mucho más que un tratado comercial; es un reflejo de cómo Brasil se posiciona en el escenario global en un momento crítico. Las decisiones tomadas hoy tendrán implicaciones duraderas para el futuro económico del país. Es fundamental que el gobierno brasileño abandone estrategias obsoletas y abrace políticas que respondan a las nuevas realidades del siglo XXI.
La pregunta sigue siendo: ¿Está dispuesto Lula a liderar este cambio? ¿O Brasil continuará navegando en una «canoa» destinada a hundirse en las aguas turbulentas del comercio global?
