La corrupción en Europa

España, desde 1978, ha visto un ciclo de corrupción política persistente, afectando casi a todos los partidos con asiento en el parlamento, macrocausas se amontonan especialmente en los partidos mayoritarios y en ciertos grupos regionales con gran poder. Situada en la Unión Europea, España está hoy en una ubicación media-baja en la percepción de la corrupción, peor que el promedio de la UE, con un descenso evidente en la última década.

El concepto y marco legal de corrupción con resolución judicial final. Para este análisis, la ley española engloba como corrupción los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y otros delitos parecidos, cuando están relacionados con el uso de fondos públicos, o con políticos y altos funcionarios. El requisito de sentencia definitiva supone que el caso ha terminado todas las apelaciones legales, o no fueron presentadas, demostrando judicialmente la culpabilidad penal.
El Consejo General del Poder Judicial CGPJ tiene, desde 2015, un repositorio específico de juicios por corrupción, con autos de apertura del juicio oral; así permite contar procedimientos, a los acusados y las sentencias anuales.

De acuerdo con los últimos informes, en 2023 se pronunciaron 56 sentencias en casos de corrupción, casi el 68% fueron total o parcialmente de condena; implicando 32 procedimientos, y 256 personas físicas y jurídicas investigadas.

Este severo marco probatorio, excluye muchos hechos de sospecha o acusación sin sentencia definitiva, eso distorsiona la comparación entre partidos, ya que la extensión de los macroprocesos a veces excede los 10–15 años, fácil.

Visión general por partidos con representación parlamentaria.

Casi todas las fuerzas parlamentarias importantes, han visto a sus miembros condenados por corrupción desde la Transición. Fue más fuerte en los partidos con poder a largo plazo a nivel estatal o autonómico. La data recopilada de la prensa especializada, estudios académicos y síntesis periodísticas dejan crear un cálculo por «macrocausas» de alta relevancia pública y económica.

Tabla 1. Macrocorrupción política en España, por partido (aprox. 2000–2025, como proxy 1978–2025

Fuentes sintéticas juntan trabajos académicos sobre corrupción política en España y reportajes investigativos, calculando más de 12 mil millones de euros, la cantidad robada o desviada por tramas político empresariales desde el dos mil.

Gráfica 1 Número aproximado de macrocausas por partido España 2000–2025
Una gráfica de barras muestra, el eje X con los partidos parlamentarios, mientras que el eje Y indica el número aproximado de macrocasos de corrupción con sentencias firmes o piezas claves con condenas.

En la gráfica, el Partido Popular destaca con la mayor cantidad de macrocausas, luego el PSOE y CiU/PDeCAT.

Los demás partidos PNV, IU, Podemos, Ciudadanos, otros regionalistas están muy por debajo en cuanto a casos grandes, pero la exposición cuantitativa no borra la presencia de tramas locales importantes.

Dinámicas estructurales por partido
Más allá del conteo simple de casos, el análisis pericial precisa ubicar cada partido en su contexto, mirando su ciclo de poder, su organización y cómo están implantados en el territorio.
Partido Popular PP

Por decadas, el PP forjó una red dominante de poder conservador en el Estado, con mucha influencia en regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia o Baleares, durante largos periodos de tiempo. Esto propició complejas tramas de financiación ilegal, así como la captura de contratos públicos.

Grandes casos como Gürtel, Púnica, Lezo o Taula, estos revelan esquemas recurrentes de adjudicación irregular de contratos, comisiones ilegales, y tambien el uso de empresas fantasma para financiar campañas electorales.

Las sentencias firmes sumadas sobrepasan a decenas de funcionarios y empresarios. Con condenas muy severas. Tambien han derivado en pronunciamientos judiciales sobre la existencia de caja B y financiación ilícita de forma estructural.

Partido Socialista Obrero Español PSOE

El PSOE agrupa sus principales casos de corrupción en niveles autonómicos y sectoriales, sobre todo en Andalucía, allí los ERE fraudulentos establecieron un esquema clientelar de ayudas sociolaborales con tremendo descontrol de fondos.

El caso ERE conllevó condenas para ex presidentes autonómicos y altos cargos por malversación y prevaricación. Con un monto que excede a cientos de millones de euros.
Aquí está el resultado:

Otros casos similares, como los de formación o urbanismo municipal, intensifican la impresión de redes clientelares en lugares donde el partido ha tenido una presencia gubernamental casi sin interrupcion.

Nacionalismo catalán CiU PDeCAT
En el entorno convergente, la financiación no legal mediante el caso Palau y diversas estructuras urbanísticas sacan a la luz un patrón de trueque de adjudicaciones por donaciones ocultas, esto ligado a la prolongada hegemonía de CiU en la Generalitat y en bastantes ayuntamientos.

El veredicto del caso Palau confirmó el pago de comisiones a la formación por medio de la institución cultural, buscando contratos de obras públicas.

La existencia de «peajes» no formales en el sector constructor catalán se ha investigado como una forma de corrupción de poca visibilidad pero con importante rendimiento económico.

Nacionalismo vasco PNV y otros regionalistas
El PNV y otras fuerzas regionalistas muestran un volumen significativamente menor de macroprocesos, pero no se libran de episodios de prevaricación y clientelismo a nivel local y en entidades públicas estratégicas.
En el caso vasco sobresalen los tramites por manejos contractuales irregulares, una red de favores políticos es más notorio, en comparación con esquemas grandes de financiación ilegal.

Otros partidos regionalistas (Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Canarias) tomaron parte en tramas urbanísticas y también en la adjudicación de obra pública, impactando significativamente a escala territorial.

Formaciones de nueva generación (IU, Podemos, Ciudadanos, Vox)
Las fuerzas nuevas o las que se reconfiguraron en la ultima década, muestran un periodo de tiempo menor y, de esta forma, menor es la acumulación probable de macrocausas con sentencias firmes.

IU y sus convergencias tuvieron casos de corrupción a nivel municipal y sobre la gestión de empresas publicas, con impacto limitado, aún así esto es relevante en términos de la confianza ciudadana.

Podemos y Ciudadanos se enfrentaron a procedimientos sobre financiación, contratos y hasta el uso de recursos parlamentarios, la mayoria terminaron archivados, absueltos o con sanciones administrativas, pero sin llegar a consolidar macrocausas penales de gran envergadura aún.

Vox, a pesar de su creciente peso parlamentario, no tiene, hasta la fecha, macroprocesos de corrupción institucionalizados con sentencias firmes, solo procedimientos individuales y controversias sobre la financiación interna.
Evolución temporal y dimensión cuantitativa

Aunque el repositorio del CGPJ solo detalla los datos de manera precisa desde mediados de la década de 2010, estudios y series estadísticas ofrecen una perspectiva cíclica de la evolución.

Entre el 2000 y el 2015, se observa el mayor aumento de macrocausas, ligado al auge inmobiliario, a la expansión de la obra pública y a amplios espacios de discrecionalidad urbanística y contractuales.

A partir del 2015, se nota una estabilización con una leve tendencia a la baja en el número anual de nuevos juicios; sin embargo, el volumen de sentencias se mantiene elevado, debido al cierre de macrocausas abiertas en años previos.

En el 2023, por ejemplo, los 32 procedimientos y 56 sentencias, parecen reflejar la inercia del pasado más que la aparición de nuevos esquemas de gran envergadura, lo que sugiere un impacto, de las reformas en transparencia, contratación, y el control financiero.

Tabla 2.
Datos sintéticos sobre actividad judicial en casos de corrupción (España, 2015–2023)

Analizando estos datos de manera experta, vemos que el sistema judicial, aún responde penalmente con frecuencia, pero los plazos y la complejidad financiera siguen, sin duda, frenando el avance estructural.

España y su lugar en la Unión Europea.

Pa’ compararlo con otros países de la UE, usamos el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, un indicador fiable. Este índice califica de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) y clasifica 180 países anualmente.

Situación actual de España.

En la edición del 2024, España se queda con 56 puntos sobre 100, bajando cuatro respecto al año anterior, llegando al puesto 46 de 180 a nivel mundial. Esta puntuación coloca a España:

En el puesto 16 de 27 dentro de la UE, osea, por debajo del promedio, adelantada por países como Eslovenia y Letonia, que avanzaron en la última revisión.
Tras la media europea, unos 62 puntos, esto muestra una mayor integridad percibida en toda la Unión.

La ONG subraya un declive en las salvaguardias del Estado de derecho, una presión sobre los servicios públicos y el estancamiento, quizás retroceso, de las reformas anticorrupción en España.

Tabla 3. España y otros miembros de la UE (IPC 2024)

España iguala a Chipre y la República Checa, situándose justo debajo de Portugal, acentuando su perfil de país con corrupción leve, aún con arraigo estructural.

Comparación con otros estados de la UE:

La comparación de la macrocorrupción en España con la de otros países europeos revela tres diferencias significatives.

En los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Sueña) la corrupción hallada es, usualmente, de baja escala, relacionada con conflictos de interés, casos aislados en vez de redes políticas-empresariales capturando instituciones.
En Europa Central Alemania, Países Bajos, Austria, vemos fuertes controles preventivos, registros de grupos de presión y sistemas de contratación pública que dificultan, aunque no erradican del todo, las grandes tramas.

En Europa Oriental Hungría, Bulgaria, Rumanía la corrupción suele tomar formas más arraigadas en el sistema, implicando la toma del Estado, el debilitamiento intencionado de la justicia y el uso de fondos públicos para consolidar estructuras clientelares del partido gobernante.

España ocupa un lugar intermedio, con redes de corrupción importantes, sobre todo a nivel regional y local, pero conserva una judicatura y unos medios de comunicación que pueden revelar y castigar, aunque frecuentemente con retraso, tales tramas.

Desde una perspectiva judicialmente fundamentada, es prudente señalar ciertas precauciones metodológicas antes de emitir juicios definitivos sobre los «partidos más corruptos».
El conteo de sentencias definitivas, influenciado por el tiempo de la investigación y recursos legales empleados, además la duración del análisis, perjudica prominentemente a aquellos partidos con largos mandatos.

La falta de grandes causas con fallo definitivo en partidos nuevos o pequeños no indica que no hay peligro de corrupción, en su lugar refleja una menor trayectoria temporal y, por regla general, menos posibilidad de acceder a contratos cuantiosos.

La estimación económica de los daños es una aproximación, afectada por diversos criterios de evaluación como sobrecostos, sobornos, evasión fiscal, desvío de subvenciones, por lo que hace difícil una comparación precisa entre casos y países.

A pesar de estas salvedades, los datos sugieren un patrón generalizado de corrupción, mas concentrada donde se dan tres factores a la vez: permanencia en el poder, mucha discrecionalidad al asignar recursos y partidos con poca transparencia.

Conclusión práctica
Entre 1978 y diciembre de 2025, el sistema político español produjo un volumen considerable de grandes casos de corrupción con sentencias firmes, notándose mucha evidencia en los partidos mayoritarios y en ciertos grupos territoriales.
La comparativa con la UE expone a España mostrando una percepción de corrupción significativamente peor a la media europea, incluso superada por naciones con un desarrollo semejante y, por si fuera poco, con un reciente declive revelando fallos institucionales no solucionados.

Desde la perspectiva política judicial y de integridad pública, los datos invitan a fortalecer los mecanismos preventivos, como la contratación, financiación de partidos, protección a denunciantes y, por que no, disminuir mucho el tiempo de investigación, todo para achicar la brecha entre el delito cometido, su procesamiento, y la sentencia final, que aún hoy en día, sigue siendo uno de los mayores elementos de impunidad percibida.

La corrupción política tanto en España como en Europa encuentra sus raíces en factores que ya están bien arraigados —económicos, institucionales, y hasta culturales— Su mitigación significativa? ¡Difícil!, pero factible, a través de una estrategia integral…que una reformas legales sensatas con una reorganización institucional ingeniosa, sumando modificaciones astutas a los incentivos de los partidos y a los funcionarios.

Tomando como base el artículo anterior, es factible esbozar directrices precisas para España —con muchas ya adaptadas a las sugerencias del GRECO del Consejo Europeo— y algunas líneas con visión paneuropea, igualmente se perfila un panorama claro de los elementos que nutren la corrupción.

Elementos que promueven la corrupción política

Las investigaciones comparativas sobre corrupción dentro de la Unión Europea revelan que ciertos contextos estructurales y normativos incrementan constantemente las posibilidades, y beneficios, de la conducta corrupta. Es necesario, es fundamental, identificar estos componentes para trazar estrategias efectivas.
Aquí está la versión reelaborada:

La desigualdad y la acumulación de riqueza junto a la captura corporativa, esto es, países con tremendas diferencias de ingresos y poca presión fiscal en el capital evidencian un control de corrupción más flojo. Los poderosos actores económicos influencian las decisiones políticas.

Una relación descarada entre política y negocios: más del 80% de la gente en España y Portugal percibe vínculos turbios entre la política y el sector privado, y esto, uhm, se vincula con la financiación oculta, clientelismo y, y bueno, las puertas giratorias.

Deficiencias en transparencia y regulación del lobby, falta de normas claras sobre los grupos de interés permitiendo que el lobby legal se mezcle con el tráfico de influencias, y decisiones claves se tomen, ya sabes, en secreto.

Las puertas giratorias y los líos de intereses: En España, el departamento que checa incompatibilidades ha dado luz verde a un montón de altos cargos que se van al sector privado. Muy pocos, ¡qué va!, son declarados incompatibles. Eso alimenta la percepción, y es real, de captura regulatoria.
Debilidad de las políticas anticorrupción y la planificación: El GRECO, una entidad crítica, ha señalado repetidamente que España, por largo tiempo, falló al tener una política anti-corrupción, metódica y racional, para ser planificada y luego evaluada; incluso hoy día, incumple casi todas sus sugerencias.

Urbanismo, contratación y niveles gubernamentales sub-estatales: investigaciones detalladas revelan una inusual concentración de casos de corrupción en la esfera urbanística y local, una área donde la autonomía es alta, la especialización baja y el control de los medios es mínimo.

Estos factores operan juntos: a mayor concentración de poder, tanto económico como político, en entornos opacos, y con instituciones mas endebles, el actuar corrupto se vuelve tanto más provechoso como menos riesgoso.

Líneas de trabajo legales para España: De los problemas mencionados por el Consejo de Europa y los datos recolectados de grandes casos en España, surgen diversas prioridades normativas y regulatorias importantes.

1.Fuerte regulación del lobby y los grupos de presión.

La creación de una ley integral de transparencia e integridad de los grupos de interés, una solicitud constante tanto de la UE como del GRECO, España empezó, pero no logró completarla.

Registro público y obligatorio de grupos de presión, identificando a representantes, clientes, áreas de actividad y presupuesto, en la Administración General del Estado, parlamentos y gobiernos autonómicos.

Agenda pública obligatoria para ministros, altos funcionarios y diputados, publicada con las reuniones, los participantes y los temas tratados, de forma fácil de usar y en formatos reutilizables.

2. Reforma de la financiación de partidos políticos y campañas electorales.

Los escándalos ligados a la financiación ilegal de partidos y fundaciones han sido un punto clave en las principales investigaciones en España, todavía se ven como zona de peligro en los análisis comparativos.

Estrechar los límites a las donaciones privadas, prohibir con hechos y supervisar las donaciones encubiertas a través de fundaciones vinculadas, además de controlar con cuidado las condonaciones bancarias.
Fortalecimiento del control previo y concomitante del Tribunal de Cuentas, tiempos más cortos y una capacidad real para imponer sanciones, para que los informes no se demoren una década luego de las campañas.

3. Puertas giratorias e incompatibilidades
El GRECO y otras instituciones españolas han alertado que las normas actuales de incompatibilidad, no impiden los traslados frecuentes de personal de alto nivel a ámbitos regulados por ellos mismos.

Extender los periodos de «enfriamiento» (cooling-off) para los antiguos cargos directivos en sectores con sus áreas de incumbencia, junto con un control independiente y no gubernamental de las autorizaciones.

Hacer pública y justificar exhaustivamente todas las decisiones sobre compatibilidad, añadiendo potestades disciplinarias frente a infracciones, y la anulación de contratos originados por incompatibilidades no declaradas.

4. Política anticorrupción completa y evaluable
El GRECO, resalto la falta en España de una auténtica política anticorrupción, sistemática, planeada y evaluada, más allá de cambios parciales.

Creación de una Estrategia Nacional Anticorrupción con metas, indicadores y plazos definidos, en sintonía con las normas europeas, sujeta a evaluación periódica por un organismo autónomo y el Parlamento.
Coordinación

La coordinación entre la estrategia estatal, sumada a los planes autonómicos y locales de integridad, crucial para evitar fragmentaciones y solapamientos normativos, de lo contrario esto puede generar huecos donde la arbitrariedad se manifieste.

Protección del Denunciante

La Directiva europea, dedicada a la protección de alertadores, a empujado a marcos mínimos en los Estados miembros. Sin embargo, su implementación en España aún es parcial, con notorias lagunas prácticas, ¡vaya!

Crear canales de denuncia seguros, anónimos, y tecnológicamente sólidos en todas las administraciones y entidades públicas; es más, estos deberian ser gestionados por unidades de integridad con independencia funcional.

Debe de haber garantías efectivas contra represalias, claro, sean laborales, administrativas, penales, o de reputación, ¡sin duda!. Esto debe incluir la inversión de la carga de la prueba en procedimientos disciplinarios contra los denunciantes.

Líneas de trabajo

Más allá del plano estrictamente normativo… la experiencia europea demuestra, sin lugar a dudas, que la arquitectura institucional es quien decide la eficacia del control de la corrupción, a pesar de todo.

Autoridades Anticorrupción

La creación de agencias, de prevención y lucha contra la corrupción a nivel autonómico, como en la Comunidad Valenciana o Cataluña, esto nos dejo, buenas lecciones replicables, por lo menos.
Establecer una Autoridad Estatal de Integridad Pública independiente con sus propias alas, incluyendo la vigilancia, emisión de códigos de comportamiento, programas de formación, y la capacidad de denunciar ante el Ministerio Fiscal y el Tribunal de Cuentas.

Asegurar una estabilidad presupuestaria y blindaje frente a intromisiones políticas para estas autoridades, valiéndose de mandatos que no se alineen con legislaturas, además de procedimientos de designación más rigurosos.

7. Profesionalización y Rotación de Cargos Delicados.

Las investigaciones sobre la corrupción en el ámbito urbanístico y en la contratación pública evidencian una concentración del poder decisorio en unos pocos y la poca rotación, ambos factores de alto riesgo.

Implementar rotaciones periódicas en puestos con alta vulnerabilidad (mesas de contratación, servicios de licencias urbanísticas, unidades de inspección), manteniendo la continuidad técnica.

Fortalecer la selección basada en el mérito, la formación en ética pública, y la evaluación del desempeño con indicadores de integridad en los cuerpos directivos y mandos medios.

8. Simplificación y digitalización de la contratación pública

La maraña de normas y la discrecionalidad técnica en la contratación pública, vaya, favorecen el fraude y el amiguismo.

Implementar plataformas electrónicas de contratación integrales, que rastreen todo el proceso del expediente, desde su planificación hasta la finalización, con datos abiertos y listos para usar.

Instaurar avisos automáticos de riesgo, como la acumulación de contratos pequeños en un mismo proveedor, la división del objetivo, o las modificaciones constantes mediante el análisis de datos, similar a los sistemas de alerta temprana usados en otros países.

Líneas de trabajo a nivel europeo

La corrupción política en Europa muestra diferencias entre el norte y el sur, y también entre el centro y la periferia, por lo cual se requiere una estrategia europea que combine una armonización básica con la flexibilidad de cada país.

9. Establecimiento de estándares mínimos de integridad

Las diferencias entre las leyes nacionales permiten que los corruptos se escondan en jurisdicciones más blandas, o fragmenten las transacciones entre diferentes países.
Impulsar directrices europeas; fijando normas mínimas para regular el lobby, la protección de informantes; ¡además! establecer incompatibilidades y transparencia en la financiación política; con métodos de seguimiento comparables al Semestre Europeo.

Introducir indicadores de integridad y control de la corrupción en la condición para acceder a fondos europeos, sobre todo, en áreas de riesgo alto como infraestructuras, la contratación sanitaria o incluso tecnológica.

10. Cooperación judicial e inteligencia financiera:

La corrupción de alto rango, ¡sí!, se relaciona con el blanqueo de capitales, además de la evasión fiscal; esto opera de forma transfronteriza.

Potenciar la labor de la Fiscalía Europea, como de Europol, en la investigación de delitos de corrupción que afecten intereses financieros de la UE; con herramientas de análisis financiero y acceso a registros bancarios armonizados, eso es crucial.

Interconectar por completo los registros mercantiles; los de titulares reales; y los contratos públicos de los Estados miembros; ¡de esta manera! se facilita la detección de estructuras opacas, y de coincidencias sospechosas entre personas, sociedades y adjudicaciones.
Enfoque temático urbanismo fuerzas de seguridad y gobierno central, si.

Los recientes informes del GRECO sobre España destacan, vaya, tres áreas puntuales en las que las tareas deben ser francamente intensivas.

Gobierno central y sus asesores el Consejo de Europa, por ejemplo, demanda, que se dedique atención especial a la regulación del trabajo de los asesores gubernamentales a la naturaleza política de su designación y a sus compromisos de transparencia e integridad que deberían ser similares a las de los altos funcionarios.

Fuerzas y cuerpos de seguridad ¡Ojo! se observan fallos constantes en la prevención de la corrupción policial, además falta una estrategia anticorrupción bien definida y un código de conducta sin instrumentos verdaderamente eficaces.

Urbanismo y niveles subestatales; vaya España continúa entre los países de la UE con una percepción más negativa de la corrupción en la adjudicación de permisos de construcción y planificación con miles de litigios en la última década por delitos urbanísticos…
Eso ciertamente demanda varias estrategias especificas, comenzando con códigos de ética mejorados, e implementando unidades de asuntos internos firmes y con supervisión externa, especialmente para las fuerzas del orden, también más autoridades de planificación urbana y territorial, que a su vez sean más profesionales y transparentes.

En general, todas estas medidas, entrelazadas en una estructura clara y que se puedan evaluar por terceros, conforman un plan lógico para disminuir tanto la corrupción palpable como la corrupción que la gente siente en España y la Unión Europea, confrontando los elementos estructurales que permiten que exista y que sea un negocio provechoso.