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El Gobierno Nacional resolvió activar una emergencia económica con un objetivo claro y controversial: destrabar, por la vía del decreto, un paquete de impuestos que el Congreso había rechazado previamente, bajo el argumento de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado en 2026. La decisión marca un punto de inflexión en la política fiscal y reaviva un debate de fondo sobre los límites del poder ejecutivo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el impacto real de la carga tributaria sobre la economía.
Según la narrativa oficial, el conjunto de medidas permitiría recaudar más de 11 billones de pesos, recursos que se destinarían a sostener el gasto social, el sistema de salud, los subsidios y distintos compromisos fiscales adquiridos por el Estado. Para el Ejecutivo, se trata de un plan indispensable, de carácter progresivo y orientado a proteger a los sectores más vulnerables. Para sus críticos, en cambio, la emergencia económica funciona como un atajo institucional para imponer una reforma tributaria que no logró respaldo político en el Legislativo, lo que tensiona la relación entre poderes y pone en cuestión el uso de una figura constitucional excepcional.
El nuevo esquema impositivo incluye cambios de alto impacto. El impuesto al patrimonio se ampliaría para gravar bienes desde umbrales cercanos a los 2.000 millones de pesos, se elevaría la sobretasa aplicada al sector financiero y se introducirían nuevos gravámenes sobre la actividad petrolera y carbonífera, junto con la eliminación de beneficios tributarios que históricamente han favorecido a estos sectores estratégicos. El mensaje es claro: el Gobierno busca que quienes tienen mayor capacidad económica y los sectores con rentas extraordinarias aporten más al financiamiento del Estado.
A esto se suman ajustes en el IVA que afectarían rubros específicos como los licores fuertes, los juegos de azar y las apuestas en línea, además de cambios en el tratamiento tributario de las compras digitales y los paquetes importados, que comenzarían a pagar impuestos desde montos más bajos. Aunque el Ejecutivo insiste en que la canasta familiar no será tocada y que los bienes esenciales permanecerán protegidos, el alcance indirecto de estas medidas ha encendido las alertas en distintos sectores económicos.
Economistas y analistas advierten que, más allá del diseño formal, el impacto podría sentirse en los precios, en la inversión y en el empleo a lo largo de 2026, especialmente si las empresas deciden trasladar parte de la nueva carga tributaria al consumidor final. El riesgo, señalan, es que una mayor presión fiscal en un contexto de crecimiento moderado termine afectando la dinámica económica y la confianza del sector privado.
Las medidas estarán vigentes mientras se mantenga la emergencia económica, pero el debate está lejos de cerrarse. Todo apunta a que el paquete de decretos será examinado por la Corte Constitucional, que deberá determinar si el Ejecutivo actuó dentro de los márgenes legales o si se excedió en el uso de una herramienta pensada para situaciones extraordinarias. En juego no solo está la validez de los impuestos, sino también un precedente institucional que podría redefinir el equilibrio entre urgencia fiscal, legitimidad democrática y estabilidad económica.
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