EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
En una decisión que marca un antes y un después en la formación del talento humano en salud, el Gobierno Nacional anunció que a partir de 2026 los estudiantes de Medicina que cursen su internado obligatorio recibirán un salario mínimo mensual y estarán plenamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social. La medida impactará directamente a más de 8.000 futuros médicos en todo el país y redefine el papel del internado dentro del sistema sanitario, al reconocerlo no solo como una etapa académica, sino como una labor asistencial real y esencial.
Durante décadas, el internado médico se desarrolló bajo una paradoja difícil de justificar: estudiantes próximos a graduarse asumían extensas jornadas, atendían pacientes, participaban en turnos nocturnos y respondían a responsabilidades clínicas de alta exigencia, sin recibir ningún tipo de remuneración ni protección social. Con el nuevo anuncio, el Estado reconoce formalmente que su trabajo sostiene una parte fundamental de la atención en hospitales y centros de salud, especialmente en el sector público.
Para hacer viable esta transformación, el Gobierno proyectó una inversión superior a los 200.000 millones de pesos en 2026, recursos destinados a garantizar el pago del salario mínimo mensual y la cobertura integral en salud, pensión y riesgos laborales durante todo el año de prácticas. Se trata de una apuesta fiscal significativa que busca dignificar la formación médica y cerrar una brecha histórica en las condiciones de quienes sostienen el sistema desde su etapa formativa.
El anuncio no surge de manera aislada. Es la respuesta a años de reclamos, movilizaciones estudiantiles y llamados reiterados de universidades, asociaciones médicas y organizaciones del sector salud que exigían reglas claras, condiciones dignas y el fin de una figura que, en la práctica, reproducía esquemas de trabajo no remunerado. Las autoridades señalaron que la nueva política también apunta a mejorar la calidad de la formación, reducir la deserción y fortalecer la atención a los pacientes en el sistema público, al contar con internos más protegidos y motivados.
Sin embargo, el desafío ahora se traslada a la implementación. Garantizar que el pago llegue de manera oportuna y que la afiliación al sistema de seguridad social se cumpla sin trabas será clave, especialmente en hospitales públicos y en regiones apartadas donde históricamente han existido limitaciones presupuestales y debilidades administrativas. El éxito de la medida dependerá de una coordinación eficaz entre el Estado, las universidades y las instituciones prestadoras de salud.
Con este paso, el país se alinea con estándares internacionales que reconocen el internado como una etapa formativa, pero también laboral, y envía un mensaje contundente sobre la valoración del personal médico desde su proceso de formación. Para miles de estudiantes, la decisión no solo representa un alivio económico, sino un reconocimiento largamente esperado a una labor que, aun antes del título profesional, salva vidas y sostiene el corazón del sistema de salud.
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