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En vísperas de que el Gobierno anuncie el incremento del salario mínimo para 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso sobre la mesa un mensaje que busca reordenar uno de los debates más sensibles de la economía latinoamericana: el aumento del salario mínimo no solo no disparó la informalidad laboral, sino que coincidió con una reducción de esta frente a la registrada durante la administración de Iván Duque. Apoyado en cifras oficiales, el mandatario afirmó que los resultados de su política salarial contradicen la narrativa tradicional que asocia los ajustes al alza con una destrucción del empleo formal.
Según explicó el jefe de Estado, durante su gobierno se ha registrado una disminución sostenida de la tasa de informalidad laboral, un indicador históricamente elevado en Colombia y uno de los mayores desafíos estructurales del mercado de trabajo. En ese contexto, Petro subrayó que más de un millón de trabajadores pasaron a devengar entre uno y dos salarios mínimos legales, un cambio que, en su criterio, refleja una mejora tangible tanto en la calidad del empleo como en el poder adquisitivo de los trabajadores formales.
El presidente insistió en que el análisis sobre el salario mínimo no puede reducirse a afirmaciones teóricas ni a advertencias genéricas sobre posibles efectos negativos. “Las estadísticas se dan completas”, señaló, al remarcar que los datos muestran una realidad más compleja y menos alarmista que la que suele dominar el debate público. Para el Gobierno, el incremento del salario mínimo ha operado como una herramienta de redistribución del ingreso en un país marcado por profundas desigualdades, sin provocar el deterioro del mercado laboral que algunos sectores anticipaban.
Las declaraciones adquieren especial relevancia en un momento de alta expectativa nacional, cuando empresas, trabajadores y analistas económicos aguardan la definición del salario mínimo para 2026. Este anuncio se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda económica del Ejecutivo, no solo por su impacto directo en millones de hogares, sino también por su efecto indirecto sobre el consumo interno, la inflación y la dinámica del empleo.
Con su intervención, Petro busca instalar un relato alternativo en el debate regional sobre política salarial, en el que el aumento del ingreso mínimo no sea visto como una amenaza automática para la formalidad, sino como una palanca para dignificar el trabajo y fortalecer el mercado interno. En un país donde el salario mínimo actúa como referencia para buena parte de la economía, el Gobierno apuesta a que los datos respalden su tesis y a que el próximo ajuste consolide una tendencia que, según afirma, ya está dando resultados visibles.
carloscastaneda@prensamercosur.org
