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En una decisión que marca un punto de inflexión en la política laboral del país, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo legal para 2026 se fijará en dos millones de pesos mensuales, cifra que incluye el auxilio de transporte. Sin este componente, el salario base quedará en 1.746.882 pesos, consolidando un incremento del 23,7 % en el ingreso mínimo de los trabajadores colombianos. El anuncio, realizado durante una alocución presidencial de alcance nacional, se traduce en uno de los ajustes salariales más significativos de las últimas décadas y coloca a Colombia en el centro del debate regional sobre ingresos, poder adquisitivo y justicia social.
La medida tendrá un impacto directo y profundo en la economía de millones de hogares, no solo por el aumento nominal del salario, sino por sus implicaciones en la capacidad de consumo, el alivio frente al costo de vida y la reactivación del mercado interno. Desde la perspectiva del Gobierno, el ajuste responde a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en años recientes, fortalecer la demanda interna y avanzar en una política de ingresos orientada a reducir las brechas sociales en un contexto económico complejo, marcado por presiones inflacionarias y transformaciones estructurales del mercado laboral.
El nuevo salario mínimo introduce, además, cambios relevantes en la dinámica empresarial y productiva del país. Sectores como la industria, el comercio y los servicios deberán adaptarse a un nuevo escenario de costos laborales, mientras se reabre el debate sobre productividad, formalización del empleo y sostenibilidad empresarial. Para los trabajadores formales, el incremento representa una mejora sustancial en sus condiciones de vida; para el Estado, constituye una señal política clara sobre la centralidad del trabajo como motor del desarrollo económico y social.
Más allá de la cifra, el anuncio presidencial redefine el papel del salario mínimo como instrumento de política económica. El ajuste para 2026 no solo establece un nuevo referente legal, sino que proyecta una visión de país en la que el ingreso laboral se convierte en un eje estratégico para la estabilidad social, la redistribución del ingreso y el crecimiento económico. Con este aumento del 23,7 %, Colombia abre un nuevo capítulo en su discusión salarial y envía un mensaje contundente tanto al escenario interno como al contexto internacional.
