El presidente Yamandú Orsi ya había anunciado cambios en los aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). En su última actividad oficial antes del receso de fin de año, Orsi defendió la necesidad de ajustar el SNIS para garantizar su sostenibilidad, destacando que el sistema debe adaptarse a los nuevos desafíos demográficos. Sin embargo, evitó entrar en detalles técnicos, limitándose a decir que el gobierno buscaría proteger a los contribuyentes más vulnerables. Esto llevó a que fuera el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la red X, quién publicara detalles de los cambios previstos.
Según esos detalles dados a conocer por el MEF, el ajuste busca corregir errores en el cálculo de los aportes de los trabajadores independientes, pero ya ha desatado críticas de la oposición, que lo considera una amenaza para los bolsillos de la gente y planea llevar el tema al Parlamento. Curiosamente, un enfoque similar se está aplicando en Chile.
El MEF señala que el cálculo actual del costo del SNIS no reflejaba la realidad. Antes, se asumía que todos estaban cubiertos desde el nacimiento hasta una edad promedio de vida (alrededor de 75 años para hombres y 81 para mujeres), pero como el sistema arrancó en 2008, eso no aplica para la mayoría. Tampoco se consideraba que algunas personas viven más o menos de lo esperado, lo que dejaba el costo real por debajo, sobre todo en edades avanzadas.
Para solucionarlo, se usará un método nuevo que cuenta solo los años de cobertura real (desde 2008 para los adultos de ese entonces) y ajusta las expectativas de vida de forma más flexible, usando curvas de supervivencia. El gobierno también planea una ley para que estos cambios no golpeen de inmediato los aportes de los independientes.
Pero el nuevo decreto trae novedades que podrían generar más controversia. Para 2026, la devolución de aportes por pagos realizados en 2025 se mantendrá bajo las reglas actuales, beneficiando a unas 155 mil personas. Sin embargo, a partir de 2027, con el nuevo cálculo en marcha, esa cifra podría caer casi a la mitad, quedando alrededor de 80 mil personas elegibles para recibir ese dinero de vuelta.
La medida también afecta a profesionales independientes y unipersonales. La explicación técnica es que estos aportan un límite anual y, si lo superan, dejan de pagar sin derecho a devolución porque no generan excedentes. Tras las modificaciones, cuando lleguen al tope, deberán de seguir pagando.
Apenas 24 horas después del comunicado del MEF, el diputado blanco Sebastián Andújar salió a criticar la medida. Dijo que esto no es solo un ajuste técnico, sino un «cambio de derechos» que podría encarecer la vida de los trabajadores. Andújar planea citar al Ministro de Economía, Gabriel Oddone a la Comisión Permanente del Parlamento para pedir explicaciones. La oposición ve el anuncio, hecho casi de sorpresa antes de fin de año, como una movida para evitar un debate amplio.
Entre 2016 y 2017, se debatieron ajustes en el financiamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para mejorar su sostenibilidad. Estos ajustes no incluyeron específicamente curvas de supervivencia ni un enfoque basado en años de cobertura real como el propuesto ahora, pero sí generaron tensiones con sindicatos y la oposición por preocupaciones sobre aumentos en los aportes.
El ejemplo chileno
El enfoque de usar curvas de supervivencia para ajustar costos de salud no es nuevo y tiene un paralelo en Chile. Desde 2020, ese país ha implementado un sistema similar para refinar los cálculos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que cubre a más del 70% de la población. En Chile, este método busca adaptarse al envejecimiento de la población (que ya supera el 15% de mayores de 65 años) y a las diferencias en costos según la edad y la esperanza de vida. Sin embargo, la experiencia chilena ha mostrado desafíos. Estas reformas han generado debates sobre equidad, ya que algunos grupos sienten que los ajustes aumentan sus aportes sin mejorar la calidad del servicio.
Redacción
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