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Colombia podría estar a las puertas de uno de los giros más significativos de su política laboral en décadas. En los escenarios que hoy se analizan dentro del Gobierno nacional, el salario mínimo para 2026 no solo registraría un aumento relevante, sino que podría superar por primera vez la barrera de los dos millones de pesos mensuales, un umbral simbólico y económico que marcaría un antes y un después en la discusión sobre ingresos, bienestar y poder adquisitivo en el país.
La proyección se sustenta en la adopción progresiva del concepto de “salario vital”, una noción que va más allá del ajuste tradicional ligado a la inflación y que busca garantizar que los ingresos de los trabajadores sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus hogares en un contexto de costo de vida creciente. Bajo este enfoque, variables como la inflación observada y proyectada, la productividad laboral y el desempeño general de la economía se integran en un cálculo que pretende cerrar brechas históricas entre el salario y las condiciones reales de subsistencia.
De materializarse este escenario, el ingreso mensual total -incluido el auxilio de transporte- podría situarse por encima de los 2.100.000 pesos, configurando uno de los incrementos reales más significativos de los últimos años. Más allá de la cifra nominal, el impacto sería profundo: un mayor margen de consumo interno, una mejora en la capacidad de ahorro de millones de hogares y un alivio parcial frente a las presiones que han impuesto la inflación y el encarecimiento de bienes esenciales.
Este posible ajuste no llegaría aislado. Se inscribe en un contexto de transformaciones recientes en el mercado laboral, entre ellas el inicio del recargo nocturno desde las 7:00 de la noche, una modificación que amplía los derechos salariales y que tendría efectos directos en sectores estratégicos como el comercio, la vigilancia, la salud y los servicios, donde se concentran amplias franjas de trabajadores con jornadas extendidas. En conjunto, estas medidas refuerzan la narrativa gubernamental de avanzar hacia un modelo de empleo más justo y alineado con estándares internacionales de trabajo decente.
El debate, sin embargo, está lejos de ser pacífico. Las negociaciones salariales se desarrollan en medio de tensiones visibles entre el sector empresarial, que advierte sobre los posibles efectos en costos, competitividad y generación de empleo, y las organizaciones sindicales, que consideran que el país tiene una deuda histórica con el ingreso real de los trabajadores. En el centro de la discusión, el Gobierno sostiene que fortalecer el poder adquisitivo no solo es una cuestión social, sino también una apuesta por dinamizar la economía y reducir desigualdades estructurales.
Como es habitual, la cifra definitiva será el resultado de un proceso de concertación que se extiende hasta finales de año y que, de no alcanzar consenso, se resolverá mediante decreto presidencial en los últimos días de diciembre. Más allá del número final, el solo hecho de que el salario mínimo de 2026 pueda superar los dos millones de pesos revela un cambio de enfoque en la política laboral colombiana y abre un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo, la distribución del ingreso y el lugar que ocupa el trabajo en la agenda económica del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
