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El Gobierno nacional formalizó este viernes un movimiento político de alto calado institucional al inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el comité promotor que impulsará la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que busca abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el rumbo político, social e institucional del país. El trámite, liderado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, marca el inicio de una etapa decisiva en la que el Ejecutivo apuesta por el respaldo directo de la ciudadanía como eje central de su estrategia.
Con la inscripción oficial, el comité queda habilitado para iniciar la recolección de apoyos ciudadanos, un proceso que deberá alcanzar como mínimo el cinco por ciento del censo electoral, lo que representa alrededor de tres millones de firmas válidas. Sin embargo, desde el Gobierno se ha planteado un objetivo que va más allá de ese umbral legal, con la intención de convertir el ejercicio en una demostración masiva de legitimidad popular y participación democrática.
Durante el acto de inscripción, Sanguino subrayó que la iniciativa no pretende limitarse a cumplir un requisito formal, sino convocar a un amplio espectro de la sociedad colombiana. En sus palabras, el propósito es que millones de ciudadanos se involucren activamente y respalden un proceso que, según el Ejecutivo, busca abrir espacios de transformación profunda a partir de la voluntad popular.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el avance de esta iniciativa a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que llamó a la ciudadanía a no renunciar a su capacidad de incidir en el destino del país. En su mensaje, el mandatario vinculó el impulso a la Asamblea Constituyente con la idea de progreso y con la necesidad de que la sociedad asuma un rol protagónico en la construcción de cambios estructurales.
El comité promotor está conformado por nueve integrantes provenientes de diversos sectores sociales y populares, una composición que el Gobierno ha presentado como una muestra de pluralidad y representación. Tras la inscripción, la Registraduría dispone de un plazo de ocho días para verificar y avalar el cumplimiento de los requisitos legales, paso previo a la autorización oficial para iniciar la recolección de firmas en todo el territorio nacional.
Este movimiento consolida una de las apuestas políticas más ambiciosas del actual Gobierno, orientada a abrir un debate nacional sobre una eventual reforma integral del ordenamiento institucional mediante una Asamblea Constituyente. Más allá del trámite administrativo, la iniciativa plantea un desafío de gran magnitud en términos de movilización ciudadana, consenso político y proyección histórica, en un contexto en el que el país se enfrenta a profundas discusiones sobre su modelo de desarrollo, su sistema democrático y el papel de la participación popular en la redefinición de las reglas del Estado.
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