Armando Benedetti, Ministro del Interior de Colombia
La reacción del Congreso frente a la declaratoria de emergencia económica y social volvió a encender la controversia política, esta vez no por el fondo del decreto, sino por la forma en que se pretende debatirlo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue directo y sin rodeos al cuestionar la citación que recibió para asistir al debate de control político convocado para el próximo lunes 30 de noviembre, dejando en evidencia lo que calificó como errores graves de procedimiento que, según él, no pueden pasarse por alto.
Benedetti aseguró que la invitación enviada desde el Congreso está mal elaborada, al punto de contener una fecha que no corresponde: 26 de septiembre. Para el ministro, este no es un simple descuido administrativo, sino una señal de improvisación que desdibuja la seriedad del debate y compromete su validez. En un escenario institucional, explicó, las citaciones deben cumplir estrictamente con los requisitos legales, especialmente cuando se trata de un control político a decisiones de alto impacto económico y social.
El ministro del Interior fue aún más enfático al recordar que la ley establece reglas claras que no admiten interpretaciones convenientes. Una vez se envía el cuestionario oficial a un funcionario citado a control político, existe un término legal de cinco días para responderlo. Ese plazo, subrayó Benedetti, no es opcional ni simbólico, y mucho menos puede ser ignorado por el Congreso. En ese sentido, afirmó que no se puede convocar un debate antes de que venza dicho término, porque hacerlo vulnera el debido proceso y desnaturaliza el ejercicio de control.
Las declaraciones del ministro dejan ver su inconformidad con lo que percibe como una prisa selectiva del Legislativo. Benedetti cuestionó que el Congreso se mueva con una velocidad inusual justo cuando el debate gira en torno a una emergencia económica que, entre otros efectos, abre la puerta a decisiones fiscales que podrían afectar a los sectores de mayores ingresos. En contraste, insinuó que otros temas estructurales suelen enfrentar largos retrasos sin que se activen con la misma urgencia los mecanismos de control político.
Más que una discusión técnica, el señalamiento de Benedetti apunta a un problema de fondo: el respeto por las reglas institucionales. Para el ministro, el control político no puede convertirse en un escenario de atropello procedimental ni en una herramienta de presión anticipada. Su posición es clara: el Gobierno está dispuesto a dar las explicaciones que correspondan, pero dentro de los tiempos y las formas que establece la ley.
Así, el debate sobre la emergencia económica comienza marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, no solo por el contenido de las medidas adoptadas, sino por la manera en que se pretende fiscalizarlas. Las palabras de Benedetti dejan un mensaje contundente: cuando se trata de decisiones que tocan intereses sensibles, el apuro no puede estar por encima de la legalidad ni del rigor institucional.
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