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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con firmeza y un tono desafiante al archivo de la ley de financiamiento para 2026 en las comisiones económicas del Congreso, un revés legislativo que reavivó la confrontación entre el Gobierno y los sectores de oposición. En medio de un escenario marcado por el déficit fiscal y la presión sobre las finanzas públicas, el mandatario dejó claro que evalúa seriamente la declaratoria de una emergencia económica como mecanismo para enfrentar las consecuencias del rechazo parlamentario.
La respuesta presidencial no tardó en trasladarse al terreno político y simbólico. A través de la red social X, Petro contestó a las críticas del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, con un mensaje directo que rápidamente se convirtió en uno de los ejes del debate nacional. “Pero a usted, Ciro, y a sus megarricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”, escribió el jefe de Estado, en una declaración que apuntó tanto al poder económico como a los privilegios de la clase política.
Desde la Casa de Nariño se reconoce que el archivo de la reforma tributaria no solo limita el margen de maniobra del Ejecutivo, sino que también incrementa el costo del endeudamiento y reduce la capacidad del Estado para cumplir compromisos sociales y fiscales. En ese contexto, el borrador del eventual decreto de emergencia económica contempla una serie de medidas orientadas a reforzar el recaudo y cerrar el faltante presupuestal. Entre ellas se encuentran el incremento del impuesto a los movimientos financieros, que pasaría del 4×1.000 al 5×1.000, el aumento de gravámenes sobre licores, vinos y bebidas espirituosas, así como ajustes tributarios sobre cigarrillos y productos derivados del tabaco, con excepción de los elaborados de manera artesanal.
El Gobierno sostiene que estas decisiones responden a una necesidad estructural y no a un impulso coyuntural. Según la narrativa oficial, el bloqueo legislativo obliga al Ejecutivo a explorar herramientas constitucionales para garantizar la estabilidad macroeconómica y evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, la controversia ha reabierto el debate sobre la responsabilidad del Congreso en la sostenibilidad fiscal y el impacto de sus decisiones en la economía nacional.
Mientras la oposición denuncia un uso excesivo de la confrontación y cuestiona la viabilidad de una emergencia económica, el presidente Petro insiste en que el país enfrenta un momento decisivo. El pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, lejos de cerrarse con el archivo de la reforma, parece entrar en una nueva fase, en la que la política fiscal, el equilibrio de poderes y el costo social de las decisiones económicas se ubican en el centro de la discusión pública, con implicaciones que trascienden las fronteras de Colombia y captan la atención de observadores internacionales.
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