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Una nueva y grave alteración del orden público sacude al departamento del Chocó y vuelve a poner en evidencia la compleja combinación de conflicto armado, control territorial y tensión social que persiste en varias regiones del país. Dieciocho soldados del Ejército Nacional permanecen secuestrados luego de ser interceptados por cerca de 200 integrantes de comunidades indígenas mientras adelantaban una operación militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del municipio de Carmen de Atrato.
Los hechos ocurrieron este domingo 21 de diciembre en la vereda La Puria, un punto estratégico del occidente colombiano donde tropas del Ejército desarrollaban labores operacionales orientadas a neutralizar la presencia del grupo armado ilegal. De acuerdo con información oficial, el avance de los uniformados fue bloqueado de manera violenta por miembros de la comunidad indígena Río Claro, quienes impidieron la movilidad de la unidad militar y alertaron a la guardia indígena de la zona.
Lo que comenzó como una obstrucción al paso de las tropas derivó rápidamente en una asonada de grandes proporciones. En medio de la presión ejercida por los manifestantes, los soldados fueron rodeados, despojados de su capacidad de maniobra y posteriormente conducidos contra su voluntad hasta un resguardo indígena cercano, donde quedaron retenidos. La situación, catalogada por las autoridades como un secuestro, elevó de inmediato las alertas de seguridad en la región.
El Ejército Nacional confirmó que la última comunicación establecida con el grupo de militares se produjo a las 2:13 de la tarde, momento en el que se informó que los soldados estaban siendo trasladados por la comunidad indígena hacia el interior del resguardo. Desde entonces, no se ha restablecido el contacto, lo que incrementa la preocupación por la integridad de los uniformados y la evolución de un episodio que amenaza con escalar aún más la crisis de orden público en el Chocó.
Este nuevo incidente se suma a una serie de acciones similares registradas en distintas zonas del país, donde comunidades locales, en medio de presiones armadas, disputas territoriales y desconfianza histórica hacia el Estado, han terminado involucradas en hechos que vulneran de manera directa el derecho internacional humanitario. Para las autoridades, la retención de militares constituye una grave violación que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
Mientras se adelantan gestiones para lograr la liberación inmediata de los soldados, el caso vuelve a poner sobre la mesa el enorme desafío que enfrenta el Estado colombiano para ejercer control efectivo en regiones golpeadas por décadas de conflicto, presencia de grupos armados ilegales y profundas fracturas sociales. En el Chocó, una vez más, la guerra no solo se libra con fusiles, sino también en medio de comunidades atrapadas entre la violencia, la presión de los actores ilegales y la ausencia histórica de soluciones estructurales.
carloscastaneda@prensamercosur.org
