La resolución del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también permite que Viviane Barci, esposa del magistrado, y la empresa familiar Lex retomen sus operaciones y recuperen el acceso a sus bienes internacionales
Estados Unidos decidió este viernes eliminar de su lista de sancionados al juez Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil conocido por liderar el proceso judicial que condujo a la condena del ex presidente Jair Bolsonaro. Además del magistrado, la medida se extiende a su esposa, Viviane Barci de Moraes.
El anuncio, realizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, no especificó los motivos para el retiro de las restricciones.
La exclusión de Moraes y su familia de la lista Magnitsky se produce luego de un acercamiento diplomático entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Altos funcionarios de Brasil gestionaron el levantamiento de las sanciones en diversos encuentros. Tanto el presidente Lula como el canciller Mauro Vieira discutieron el tema en reuniones con sus pares estadounidenses—incluido el secretario de Estado Marco Rubio—para que Washington anule la medida tomada contra el alto magistrado brasileño y su círculo cercano.
La inclusión de Alexandre de Moraes en la lista Magnitsky tuvo lugar en julio, en el mismo contexto en que la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles del 50% sobre productos exportados por Brasil a Estados Unidos.
Según el gobierno estadounidense, la sanción respondía al papel del juez Moraes en los procesos contra Bolsonaro, que fue sentenciado a 27 años de prisión por una supuesta trama golpista.
El presidente Donald Trump acusó al magistrado de encabezar una persecución judicial contra el ex mandatario brasileño y sus aliados.
La Ley Magnitsky, promulgada en 2012 durante el gobierno de Barack Obama y ampliada en 2016, permite sancionar a personas acusadas de corrupción o violaciones a los derechos humanos, incluso sin condena judicial previa.
Las restricciones implican el congelamiento de activos, cuentas bancarias y la suspensión de servicios financieros en Estados Unidos y otros países que reconocen la regulación. En septiembre, la OFAC extendió la medida contra Moraes a su esposa y al instituto familiar Lex.
La sanción provocó amplio debate internacional e incluso fue criticada por Bill Browder, activista británico y promotor de la norma, quien calificó la decisión como un uso político desviado de la herramienta legal.
Browder subrayó que la inclusión del juez brasileño era injusta y desviaba el sentido original de la legislación, creada inicialmente para castigar a los responsables del asesinato del abogado ruso Sergei Magnitsky y luego destinada a violadores graves de derechos humanos.
Durante meses, la presencia de Moraes y su familia en la lista Magnitsky significó la cancelación de tarjetas de crédito, congelamiento de activos y restricciones a operaciones financieras internacionales.
Altos funcionarios brasileños consideraron la sanción como una herramienta de presión en el contexto de las tensiones diplomáticas y la intrincada situación política interna por la condena de Bolsonaro.
La retirada de las sanciones a Alexandre de Moraes marca una señal de distensión y reconfiguración diplomática entre Washington y Brasilia. Voceros del gobierno brasileño consideran que la decisión abre el camino para un diálogo más fluido y para la revisión de futuras sanciones a otros ciudadanos brasileños.
La anulación de la medida restablece la situación patrimonial y financiera del magistrado y su familia, y elimina una fuente de roce institucional entre ambos países.
Analistas consultados sostienen que la eliminación de las sanciones a Moraes sienta un precedente para el uso flexible y estratégico de la Ley Magnitsky, y muestra cómo factores políticos y diplomáticos pueden influir en la aplicación o levantamiento de las restricciones.
(Con información de EFE)
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