Imagen NPR
En el corazón de Washington vuelve a arder un debate que parecía superado, pero que hoy resurge con mayor intensidad: la capacidad del presidente de Estados Unidos para perdonar delitos sin límite alguno y sin más contrapeso que su propia voluntad. Donald Trump, en la segunda etapa de su mandato, ha convertido este instrumento constitucional en un gesto que para sus defensores encarna autoridad y decisión, pero que para sus críticos revela una peligrosa deriva de favoritismos, afinidades ideológicas y cálculos políticos. La lista de beneficiados crece a un ritmo que desconcierta incluso a funcionarios veteranos de la Casa Blanca; un conjunto heterogéneo de narcotraficantes, figuras políticas en desgracia, empresarios acusados de fraude y protagonistas de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
El perdón al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, marcó un punto de inflexión. Trump lo presentó como la corrección de lo que describió como una “trampa” tejida por la Administración de Joe Biden, un argumento que provocó la inmediata reacción de analistas, diplomáticos y expertos en política latinoamericana, quienes ven una contradicción entre el discurso de la Casa Blanca sobre la lucha contra el crimen transnacional y la liberación de un hombre declarado culpable por introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense. El indulto fue interpretado en Tegucigalpa y en Washington como una señal inequívoca del giro que ha tomado el presidente en su segundo mandato: una visión personalista del poder que no duda en derribar los límites de la conveniencia diplomática.
A Hernández lo siguió el congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, imputado por recibir sobornos de un banco mexicano. Cuéllar, un político con dos décadas de influencia en el Capitolio y una figura incómoda dentro de su propio partido por sus críticas abiertas a la política migratoria de Biden, fue exonerado bajo el mismo argumento de “persecución” por parte de la anterior administración. El perdón generó un desconcierto particular: Trump indultaba a un demócrata, pero uno cuya alineación ideológica se había ido aproximando a su propio discurso, especialmente en asuntos fronterizos.
La magnitud y diversidad de los beneficiados revela un patrón inquietante. Según un análisis de prensa, al menos una decena de condenados por delitos de drogas han recibido clemencia presidencial desde enero de 2025. Figuran nombres de peso en el mundo del crimen organizado, como Larry Hoover, histórico líder pandillero de Chicago, o Garnett Smith, un capo de Baltimore involucrado en redes de narcotráfico a gran escala. La inclusión de estas figuras -muy distantes del perfil que tradicionalmente recibe indultos humanitarios- refuerza la percepción de que la Casa Blanca ha reconfigurado la noción de clemencia, utilizándola como un gesto político más que como una herramienta de excepcionalidad.
Uno de los indultos más comentados fue el de Ross Ulbricht, creador del mercado ilegal Silk Road y condenado a cadena perpetua. Su liberación generó un eco inmediato en los sectores tecnológicos y judiciales: Ulbricht era un símbolo de la lucha contra la ciberdelincuencia, y su absolución apenas horas después del regreso de Trump al Despacho Oval descolocó a antiguos fiscales, investigadores federales y expertos en seguridad digital. Liz Oyer, quien trabajó en la oficina de indultos durante la propia presidencia de Trump, calificó estas decisiones como el reflejo de “la erosión de un sistema donde pesan más el dinero y la influencia que los criterios judiciales”.
El elenco continúa con figuras cuya notoriedad había sido eclipsada por escándalos financieros. George Santos, excongresista de Nueva York, recuperó su libertad pese a haber sido condenado por fraude y robo de identidad en un esquema que desvió fondos de campaña para gastos personales. Trump lo describió como alguien “pícaro”, pero argumentó que la cárcel no era la respuesta para un político con errores que, según él, “no son distintos a los de muchos otros”. También fue liberado David Gentile, acusado de orquestar un fraude que dejó más de 1,600 millones de dólares en pérdidas a miles de inversores; y Changpeng Zhao, cofundador de Binance, condenado por blanqueo de dinero en un caso que adquirió dimensiones globales y que, tras su indulto, generó especulaciones sobre la creciente relación entre la plataforma y emprendimientos financieros cercanos al entorno del presidente.
La decisión que más impacto tuvo en la memoria colectiva del país ocurrió el mismo día en que Trump juró nuevamente el cargo: la absolución de todos los participantes condenados o en espera de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Con ese gesto, el presidente borró la condena moral que había recaído sobre cientos de personas acusadas de sedición y violencia contra las instituciones. Las imágenes de aquella jornada -las banderas, los pasillos tomados por la multitud, la interrupción del proceso constitucional- recuperaron fuerza, ahora envueltas en la polémica de un indulto masivo sin precedentes.
En este contexto, los críticos señalan otro caso que alimenta la percepción de un sistema vulnerable a la influencia económica: el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude, que habría invertido sumas cercanas al millón de dólares en grupos de presión con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca lo liberó y negó cualquier vínculo con lobbies, pero la coincidencia alimentó la idea de que el perdón presidencial se ha convertido en un privilegio de quienes pueden costear campañas de influencia.
Para los defensores de Trump, los indultos son una corrección de excesos judiciales y una muestra de independencia frente al aparato institucional. Para sus detractores, representan una peligrosa fractura en el equilibrio político y jurídico del país. Lo cierto es que la cifra, que supera los 1,600 perdones en lo que va del año, no solo marca un récord, sino que redefine -para bien o para mal- la naturaleza del poder presidencial en Estados Unidos. Y mientras la lista sigue creciendo, Washington permanece atrapado entre la incredulidad, el desconcierto y la amenaza de que la clemencia, antaño un acto de excepcionalidad, se convierta en una moneda más dentro de la maquinaria del poder. Vía: Clarín
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