Familiares acusan al gobierno de Trump de ejecución extrajudicial en el Caribe; Colombia exige explicaciones por violación de soberanía.
Bogotá (Colombia) – La familia del pescador colombiano Alejandro Carranza , asesinado el 15 de septiembre durante un ataque militar estadounidense en el mar Caribe, presentó el martes (2) una denuncia formal contra el gobierno estadounidense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso acusa a Washington de ejecución extrajudicial y violación de derechos fundamentales, en una operación autorizada por el entonces presidente Donald Trump .
La demanda surge tras una serie de ataques perpetrados desde septiembre, en los que Estados Unidos afirma estar combatiendo el narcotráfico. Según organizaciones de derechos humanos citadas en la denuncia, aproximadamente 83 personas murieron en atentados con bombas contra buques en el Caribe y el Pacífico, sin identificación previa de los objetivos.
La petición responsabiliza directamente al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por ordenar los ataques que afectaron al buque de Carranza.
«El secretario Hegseth admitió que dio tales órdenes, a pesar de no conocer la identidad de quienes estaban siendo blanco de esos bombardeos y ejecuciones extrajudiciales «, señala el documento enviado a la CIDH.
La esposa y los cuatro hijos de Carranza denuncian que al pescador no se le dio ninguna oportunidad de defensa ni investigación previa, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos.
Gobierno colombiano exige explicaciones.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el ataque como «asesinato en aguas territoriales colombianas «, rechazando la versión estadounidense de que la embarcación estuviera vinculada al narcotráfico.
Según Petro, la embarcación se encontraba a la deriva , emitiendo una señal de socorro debido a una falla en el motor.
«Las autoridades del gobierno estadounidense cometieron asesinatos y violaron nuestra soberanía. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico».
Familia rechaza versión sobre vinculación con drogas.
Sus familiares describen a Carranza como un pescador trabajador sin antecedentes penales.
Su sobrina, Pérez, declaró a la BBC que era «un hombre amable y alegre, dedicado a la pesca » .
Su esposa lo confirmó a la AFP:
No tenía vínculos con el narcotráfico. ¿Por qué le quitaron la vida así? Los pescadores tienen derecho a vivir.
La familia, que vive en el pueblo pesquero de Gaira , dice que Carranza apoyaba a más de 20 familiares y que su muerte tuvo un impacto devastador en la comunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará un caso por posible ejecución extrajudicial.
La denuncia exige que la Comisión investigue el ataque, obligue a las autoridades estadounidenses a rendir cuentas y recomiende reparaciones. El caso también reaviva el debate sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales con el pretexto de combatir el narcotráfico.
