Casas de tortura y jóvenes captados por el narco: el drama oculto en los barrios más vulnerables de Uruguay
Un documento del programa “Barrios sin Violencias” detalla que en el país hay tiroteos frecuentes, homicidios, actividades de sicariato y el uso de “cocinas improvisadas” para producir pasta base
Magdalena Seona vivió tres años y medio por las calles, y durante mucho tiempo fue parte de un mundo conflictivo. Ella, adicta a las drogas durante 20 años, no siente nada de orgullo cuando mira su pasado, pero celebra el vuelco que dio su vida. No llegó a estar presa porque –dijo entre risas– fue “más rápida” que la Policía. “Vos caíste por bobo”, desafía a quienes terminaron en la cárcel.
Seona no encuentra una explicación a por qué no terminó en la cárcel porque estuvo “en todos los lugares” en los que una persona se puede imaginar. Pero su vida tuvo un click, según declaró en una entrevista al programa En Perspectiva de Radiomundo en enero.
“Tuve la gran ventaja de tener una mamá que se la jugó toda por mí y un hijo que quería recuperar. Lo último, antes de dar este cambio, fue estar en situación de calle tres años y medio. Cuanto más alto estás, la caída es más grave y dolorosa. Estuve 20 años en adicciones. Estuve viajando por todos lados con gente pesada. Cuando vi que era eso o terminar presa o muerta… salí por la parte espiritual”, relató.
Hoy Seona es terapeuta en adicciones y su experiencia de vida le permite estar en las zonas más peligrosas de Montevideo pero desde otro lugar. Ella es parte de un programa del Ministerio del Interior de Uruguay llamado Barrios sin violencia, que busca capacitar a líderes barriales para reducir la delincuencia.
Ella es una interruptora de violencia, como se les llama a quienes trabajan en los barrios intentando frenar la escalada de violencia. Son personas que se acercan a los grupos criminales con un lenguaje que los técnicos no tienen. Seona se alejó de ese mundo delictivo, pero le quedó el “olfato”: sabe a cuáles lugares puede ingresar, a cuáles no, de dónde se tiene que ir rápidamente o los lugares en los que puede estar más tiempo.
“Hay un montón de cosas que se hicieron con la propia experiencia de haberlo vivido. Tampoco somos superhéroes. A veces tenemos que decir que no es el momento de entrar, no es el momento de hablarle, de estar, o hay que irse ya”, contó.
Este programa es independiente del Ministerio del Interior y de la Policía de Uruguay, que tienen el rol únicamente de financiar y coordinar el proyecto. El día a día de la iniciativa, en tanto, lo llevan adelante organizaciones sociales. Esta independencia está pensada para que los interruptores no deban buscar una legitimación indirecta de las autoridades y puedan reunirse con referentes de bandas criminales para intentar parar una escalada de violencia, consignó El País.
La tarea de los interruptores consiste en realizar una evaluación de riesgo cada vez que detectan un conflicto. Su intervención puede incluir la negociación de acuerdos como el pago de deudas, la reubicación de personas amenazadas fuera del barrio o facilitar el acceso a servicios públicos para proveer de asistencia.
Barrios sin violencia comenzó a aplicarse en abril de 2024 e intervino unas 300 veces en barrios. Las estrategias que se utilizan para hacerlo son la mediación entre las partes enfrentadas, la derivación de personas a servicios de apoyo y la realización de actividades comunitarias.
Este programa estaba basado en el modelo de Cure Violence. Se trata de una ONG que fue fundada en el 2000 y empezó a operar en Chicago, aunque rápidamente se extendió hacia otras ciudades de Estados Unidos. En 2008 llevó su método a otros sitios del mundo, como Basora y Ciudad Sáder, en Irak. También operan en Puerto Rico, El Salvador, Colombia, México, Honduras, y han tenido experiencias en Brasil y Argentina.
Las primeras conclusiones
Barrios sin violencia, la versión uruguaya de ese plan, fue evaluado por investigadores externos que produjeron un informe para el Ministerio del Interior. El diario uruguayo El País informó días atrás las principales conclusiones del trabajo técnico. El documento fue entregado en enero de este año a esa secretaría de Estado en enero –cuando todavía no habían cambiado las autoridades en el país– y había sido declarado reservado.
En las visitas que hicieron los referentes de Cure Violence a Uruguay para ver si era viable aplicar el proyecto identificaron “problemas graves relacionados con la seguridad”. El documento detalla que en el país hay tiroteos frecuentes, homicidios, actividades de sicariato y el uso de “cocinas improvisadas” para producir pasta base.
Además, el informe detalla que existen en Uruguay “casas de tortura”. Así se le llama –explicaron policías– a las viviendas que son utilizadas por grupos criminales vinculados al narcotráfico para impartir disciplina a los propios y castigar a deudores y enemigos.
Además, en el transcurso del programa también se detectó un episodio que vinculaba a un grupo de policías asociado a delincuentes. Encontraron que algunos efectivos estaban vinculados en desalojos forzados de vecinos para la ocupación o la venta de drogas en viviendas de su propiedad.
El diálogo con los grupos criminales se complejiza cuando existe una asimetría de poder entre una banda criminal y la otra, concluyen los autores del documento. Los jóvenes “son particularmente vulnerables debido a la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales”, agrega. “Estos jóvenes son captados por grupos criminales que les ofrecen ingresos rápidos, bienes materiales y reputación”, describe.
Uno de los problemas que tuvo la implementación de este programa fue la alta rotación de interruptores. Muchos de ellos tuvieron bajos rendimientos, incompatibilidades laborales, problemas de consumo y conductas inadecuadas.
infobae.com
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