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En una decisión que sacude los cimientos del sistema político y judicial colombiano, el Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez a 28 años y 4 meses de prisión, al declararlo responsable de delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y concurso de conductas consideradas crímenes de lesa humanidad. La sentencia se deriva de su participación en la conformación y operación del grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”, organización ilegal que operó durante los años noventa en el norte de Antioquia y otras regiones del país.
Este fallo, resultado de un extenso proceso judicial que se prolongó por más de una década, representa uno de los hitos más significativos en la lucha contra la impunidad en Colombia. Durante el juicio, el tribunal analizó una amplia cantidad de pruebas, testimonios de exintegrantes del grupo armado, declaraciones de víctimas y documentos oficiales que corroboraron la existencia de una estructura delictiva organizada y sistemática, cuya finalidad se centraba en la eliminación selectiva de personas señaladas de tener vínculos con actividades delictivas o de ser opositores políticos.
La investigación determinó que Santiago Uribe Vélez no solo tenía conocimiento de las acciones perpetradas por esta estructura, sino que también contribuyó a su creación, financiación y funcionamiento, lo que permitió consolidar una red paramilitar con capacidad de influir en la vida social y política regional. Este grupo llevó a cabo asesinatos, desapariciones y otros actos atroces que impactaron gravemente a la población civil, dejándole una profunda huella al país.
La calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad amplifica la trascendencia del fallo, ya que reconoce que las acciones ejecutadas por la organización no fueron hechos aislados, sino que formaron parte de una política sistemática de violencia. Esto implica que los delitos no prescriben y adquieren una dimensión internacional, reforzando el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la verdad histórica.
La condena a Santiago Uribe Vélez envía un mensaje contundente sobre la vigencia de la justicia y la igualdad ante la ley. Marca un antes y un después en los procesos legales que involucran a personas con poder económico, político o social, demostrando que la justicia puede llegar incluso a los círculos más influyentes del país. Para las víctimas, esta decisión representa un paso importante hacia la reparación, verdad y reconocimiento de las heridas abiertas por décadas de violencia.
Este fallo también reaviva el debate sobre la responsabilidad de actores privados en el conflicto armado colombiano y pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan investigar y sancionar a quienes, desde distintos sectores, promovieron o facilitaron la ejecución de crímenes atroces.
Con esta sentencia, el Tribunal Superior de Antioquia no solo ratifica la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez, sino que consolida un mensaje claro: la justicia avanza, aunque tarde, y la memoria de las víctimas tiene un espacio innegociable en la construcción de un país más justo, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales.
carloscastaneda@prensamercosur.org
