
La reciente publicación del acórdão que rechazó los primeros recursos del expresidente Jair Bolsonaro (PL) en el caso de la trama golpista podría abrir el camino para que Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), decrete el inicio del cumplimiento de la pena la próxima semana. Según abogados consultados por el diario Folha, los plazos restantes para la defensa y los recursos aún disponibles para Bolsonaro no parecen suficientes para evitar esta posibilidad.
Contexto del caso y la condena
El acórdão divulgado este martes se refiere al juicio en el que se rechazaron los primeros embargos de declaración presentados por Bolsonaro contra la decisión que lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión. La acusación principal es liderar un intento de golpe de Estado. En dicho juicio, cuatro ministros votaron por su condena, mientras que Luiz Fux fue el único en pronunciarse por su absolución.
Opciones legales para la defensa
Tras la publicación del acórdão, los abogados de Bolsonaro tienen dos opciones principales: presentar nuevos embargos de declaración o intentar interponer embargos infringentes. Los embargos de declaración son recursos que buscan aclarar puntos específicos de una decisión judicial y deben ser presentados dentro de un plazo de cinco días.
Por otro lado, los embargos infringentes permiten la revisión del mérito de acciones penales, pero, según la jurisprudencia del STF, solo son válidos si al menos dos ministros han manifestado una opinión divergente en el caso. Dado que esto no ocurrió en el juicio contra Bolsonaro, este recurso no sería técnicamente aplicable.
Pamela Torres Villar, especialista en derecho penal por la Universidad de Coimbra, señala que esta jurisprudencia podría servir como base para decretar el régimen cerrado incluso antes del vencimiento del plazo para interponer los embargos infringentes. Según ella, si el recurso es considerado improcedente, el tránsito en juzgado podría ser declarado rápidamente.
Precedentes y rapidez en el proceso
El caso del expresidente Fernando Collor, condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en 2023, podría servir como precedente. En esa ocasión, Alexandre de Moraes rechazó los embargos infringentes de forma monocrática y ordenó el cumplimiento inmediato de la pena, argumentando que los recursos presentados eran meramente dilatorios.
La rapidez con la que Moraes suele manejar casos de alta repercusión también es un factor determinante. Según Pamela Torres Villar, el gabinete del ministro es conocido por su eficiencia y agilidad en la emisión de decisiones judiciales. Esto aumenta las probabilidades de que Bolsonaro enfrente una resolución adversa en un corto plazo.
Posibles recursos adicionales
En teoría, la defensa aún puede presentar nuevos embargos de declaración si considera que persisten puntos oscuros en la respuesta judicial anterior. Sin embargo, existe el riesgo de que estos recursos sean considerados “protelatorios”, como ocurrió en el caso Collor. Esto podría acelerar aún más el proceso hacia la ejecución de la pena.
En caso de que Moraes emita una decisión monocrática ordenando la prisión, los abogados de Bolsonaro podrían recurrir mediante un agravo interno para llevar el caso al colegiado de la Primera Turma del STF. No obstante, este recurso no garantiza una revisión favorable.
Críticas al sistema judicial
Renato Vieira, criminalista y doctor en derecho procesal penal por la USP, destaca que el caso de Bolsonaro pone en evidencia problemas estructurales del sistema judicial brasileño. Las acciones penales juzgadas directamente por el STF carecen de un segundo grado de jurisdicción, lo que limita las posibilidades de defensa. Los recursos disponibles, como los embargos infringentes y de declaración, no ofrecen una revisión amplia como lo haría una apelación ante una instancia inferior.
El panorama legal para Jair Bolsonaro parece cada vez más complicado. Con pocos recursos disponibles y precedentes desfavorables, todo apunta a que Alexandre de Moraes podría decretar su prisión en régimen cerrado en los próximos días. La rapidez característica del ministro y la jurisprudencia consolidada en el Supremo refuerzan esta posibilidad, dejando a la defensa del expresidente con opciones limitadas para revertir la situación.
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