“El juez ha sido claro: la policía se llevó a mi esposo”: histórica sentencia sobre la desaparición del pastor Raymond Koh

El caso del pastor malasio Raymond Koh ha experimentado un giro histórico. Ocho años después de su desaparición forzada —un secuestro cometido en plena calle y grabado por cámaras de seguridad—, un juez del Tribunal Superior de Malasia ha dictaminado que la policía estuvo involucrada en los hechos y ha ordenado reabrir la investigación.

La sentencia, que no tiene precedentes en el país surasiático, incluye además una indemnización millonaria para la familia y un requerimiento urgente al Gobierno para revelar el paradero del pastor.

Tras conocerse la decisión, conversamos con su esposa, Susana Liew, que durante estos casi nueve años ha liderado una batalla pública y legal por la verdad y la justicia, apoyada por iglesias y organizaciones internacionales, entre ellas Puertas Abiertas, quien ha facilitado esta entrevista. Ella aún no pierde la esperanza de recuperar a su esposo con vida.

“Me alegré porque el juez fue honesto y meticuloso” Pregunta. ¿Cuál fue su reacción al conocer la sentencia?

Respuesta. Me sentí muy contenta. El juez fue muy honesto y meticuloso. Ordenó a las autoridades —a la policía y al Gobierno— que revelaran el paradero de mi esposo. También pidió a la Fiscalía que reabra la investigación sobre el secuestro y desaparición forzada del pastor Raymond y del activista musulmán Amri Che Mat, y que las personas implicadas no puedan participar en esas investigaciones.

El juez reconoció que hubo participación policial y que se trató de una desaparición forzada, ejecutada por agentes del Estado. Además, concedió una indemnización total de 37 millones de ringgit (6,8 millones de euros): 33 millones deberán depositarse en un fondo fiduciario para Raymond, calculados como 10.000 ringgit por día desde su desaparición, el 13 de febrero de 2017, hasta hoy. Esa cantidad seguirá aumentando mientras la policía no revele dónde está o entregue su cuerpo. Se añade un 5% de interés anual y 4 millones más por daños agravados y generales para mí y mi familia.

P. Entonces, ¿el proceso judicial está realmente cerrado?

R.  La Fiscalía ha recurrido la sentencia. Pero la conclusión es clara: la policía participó en el secuestro y es una desaparición forzada. No nos dicen dónde está ni qué ocurrió.

P. ¿Qué cree que puede ocurrir ahora?

R. Muchos grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han criticado que el Gobierno quiera recurrir la sentencia. Dicen que sería una injusticia. También políticos y organizaciones civiles están apoyando firmemente al juez, especialmente por el sufrimiento que llevamos nueve años soportando sin ninguna información sobre Raymond y Amri Che Mat.

“Creemos que el secuestro tuvo que ver con nuestra labor social”  P. Cuando Raymond desaparecíó ¿qué explicación recibieron sobre por qué ocurrió el secuestro?

R. Creemos que está relacionado con nuestra labor social. Ayudábamos a personas necesitadas, muchas de ellas musulmanas. Mi esposo fundó una ONG llamada Harapan Community, y el otro activista también tenía otra organización. Pensamos que algunos sospechaban que intentábamos convertir a musulmanes al cristianismo, y al otro activista, que era chií, lo veían como alguien que intentaba convertir a suníes al chiismo. Eso es lo que creemos.

P. ¿Cómo han vivido estos años sin él?

R. Han sido nueve años muy duros. No sabemos qué pasó ni dónde está. Él era el líder de nuestra familia y el principal sostén económico. Tenemos tres hijos; una de ellas acababa de irse a estudiar a EE. UU. cuando ocurrió todo, lo que supuso una carga económica enorme.

Damos gracias a Dios por habernos sostenido. En los primeros meses sentíamos miedo. Me llamaban a la comisaría muchas veces para interrogarme, y era extraño: yo era la víctima, y aun así nos trataron mal, vulneraron nuestros derechos y no nos informaban. Con el tiempo vimos que no estaban realizando una investigación real para encontrar a los responsables.

“La oración y el apoyo internacional nos dieron fuerzas” P. ¿Qué tipo de apoyo han recibido, dentro y fuera de Malasia?

R. En Malasia, muchas iglesias oran por nosotros cada domingo. También recibimos tarjetas y mensajes de todo el mundo —Europa, Reino Unido, Estados Unidos— con palabras de ánimo y versículos bíblicos. Eso nos dio fuerzas para seguir luchando por la verdad y la justicia.

P. ¿Cree que este caso puede animar a otros a denunciar abusos y violaciones de derechos?

R. Sí. Llevar este caso a los tribunales ha dado valor a muchas personas para alzar la voz contra injusticias y violaciones de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la libertad religiosa. No fue fácil; estuvimos cinco años entrando y saliendo de los juzgados y enfrentando obstáculos constantes. Pero creo que ha animado a muchos a no callar.

P. ¿Piensan seguir viviendo y trabajando en Malasia?

R. Sí, por ahora sí. Seguiremos colaborando con organizaciones de derechos humanos para fortalecer este movimiento en el país. No sé si mi vida está en peligro, pero ahora hay mucha atención internacional y esperamos que eso disuada a quienes quieran perjudicar la imagen de Malasia como país democrático y moderado. Oramos por protección para nosotros, nuestros abogados y el juez.

“La presión internacional ha sido crucial” P. ¿Quiere enviar un mensaje a la comunidad internacional que les ha acompañado?

R. Sí. Estoy muy agradecida a todas las organizaciones y personas que nos han apoyado: Puertas Abiertas (Open Doors), Voice of the Martyrs, Release International, Christian Solidarity Worldwide y muchas otras. Recientemente estuve en Francia y pude ver el esfuerzo que están haciendo para difundir nuestro caso. Sus oraciones han sido respondidas: no solo ganamos, sino que la victoria superó lo que imaginábamos.

La indemnización récord envía un mensaje claro a las autoridades: no pueden actuar de forma ilegal, secuestrar personas y quedar impunes. Su apoyo nos ha dado ánimo y ha reforzado nuestra determinación para seguir luchando por los derechos humanos y la libertad religiosa.

Pedimos a la comunidad internacional que siga presionando, que hable con sus parlamentarios y gobiernos, especialmente ahora que la Fiscalía quiere recurrir la sentencia. Lo que queremos es sencillo: que liberen a nuestros seres queridos si siguen vivos; que sepamos qué ocurrió; y que los responsables sean detenidos y juzgados.

No pueden seguir libres. Probablemente han matado, y podrían volver a hacerlo.