Tras varios años de operar bajo un esquema regulatorio complejo, las bodegas argentinas se preparan para una nueva etapa. La reciente desregulación del sector vitivinícola, que modificó el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y eliminó 973 normas, busca aliviar la carga burocrática y mejorar la competitividad.
“Todavía es necesario un análisis detallado”, remarcó José Alberto Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina, pero dejó en claro cuáles son las principales preocupaciones del sector. “Necesitamos que la trazabilidad no se rompa. Para la vitivinicultura es fundamental certificar el origen de las uvas, los tenores azucarinos y las zonas de producción. Si se destruyen los sistemas de registro, se incumplen acuerdos internacionales y eso afecta directamente en el comercio exterior del vino”, advirtió.
El empresario recordó que la vitivinicultura argentina es una de las pocas actividades agrícolas totalmente formalizadas. “Gracias al nivel de controles que tiene, el sector está completamente blanqueado. Eso asegura una recaudación justa y una competencia leal. Si esto se pierde, el riesgo es volver a la informalidad, con menos ingresos fiscales”, agregó.
Sin embargo, Zuccardi remarcó que “muchas de esas normas eran obsoletas y había que simplificar, pero hay que cuidar las cosas medulares. El vino argentino tiene un reconocimiento internacional que no podemos arriesgar. No aprovecharlo o permitir que se bastardee su calidad sería atentar contra una marca país que costó décadas construir”.
Otras bodegas analizan la reforma como una oportunidad para ganar velocidad en la producción y reducir la carga administrativa. Desde Bodegas de Argentina, su director ejecutivo, Milton Kuret, planteó que el esquema previo era “uno de los más complejos dentro de la industria alimentaria”.
“La industria del vino era una de las más controladas del país. El sistema documental era tan complejo que obligaba a las bodegas a destinar personal sólo para trámites. Esto restaba agilidad y competitividad”, explicó.
Con la nueva normativa, el INV dejará de intervenir en etapas como la cosecha, la elaboración o el transporte, y concentrará su tarea en el control de los productos finales embotellados. Kuret señaló que el enfoque pasará de los “controles documentales” a los “controles analíticos”. “Ahora hará más foco en el análisis de laboratorio en lugar de papeles. Esto nos da más flexibilidad para elaborar, más agilidad para adaptarnos a las tendencias de consumo y, en definitiva, más competitividad.”
El directivo destacó que la Argentina compite con países que tienen sistemas regulatorios más simples, como Chile, España y Australia, y que la posibilidad de reaccionar más rápido a los cambios de demanda será necesario para sostener las exportaciones. “Los hábitos de consumo cambian: crecen los vinos de baja graduación o sin alcohol. Para adaptarnos, necesitamos procesos más dinámicos y menos trabas”, indicó.
La Resolución 37/2025, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, derogó 973 normas del INV y redefine el rol del organismo, que dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción para concentrarse en el control de los vinos embotellados
El ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de “X”, el objetivo es “darle flexibilidad a una industria que ya demostró su potencial” y “cerrar la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”. Argentina produce cerca de 900 millones de litros por año y exporta u$s 800 millones, pero enfrenta una caída del consumo global. Por eso, las bodegas ven en la desregulación una oportunidad para ganar eficiencia, aunque insisten en que es necesario simplificar pero no descontrolar.
Para Alberto Arizu, CEO de Luigi Bosca, el impacto más profundo es conceptual. “Lo más relevante es que se modifica la óptica del control. El Estado deja de asumir que las bodegas hacen las cosas mal ‘por las dudas’ y pasa a enfocarse en el consumidor. Es un alivio necesario para recuperar competitividad y dedicarnos a innovar y pensar en quien compra nuestros vinos”, explicó.
El ejecutivo consideró que la desregulación “no implica menos responsabilidad” sino una nueva forma de gestión. “Permite a las bodegas destinar tiempo y recursos a la estrategia, las exportaciones y la calidad, en lugar de tareas administrativas. Desregular no significa perder calidad, sino trabajar con más eficiencia y profesionalismo.”
El nuevo esquema contempla que los certificados de origen, añada y varietal serán optativos y podrán gestionarse de forma privada. El INV conservará su rol de fiscalización, pero sólo en el producto final y a través de controles analíticos. El cambio regirá a partir de enero de 2026, cuando entre en vigencia el digesto normativo que reemplaza al entramado previo.
Efectos sobre el negocio vitivinícola
El sector vitivinícola produce más de 900 millones de litros de vino al año y genera exportaciones por cerca de u$s 800 millones, según datos oficiales. Mendoza, San Juan y La Rioja concentran más del 90 % de la producción, y son las provincias que más de cerca siguen la aplicación de la reforma.
Para las bodegas, una menor intervención estatal puede acortar tiempos de producción, reducir costos de cumplimiento y facilitar operaciones de exportación. Pero también implica que buena parte de la trazabilidad y el control de calidad queden bajo la responsabilidad directa de las empresas.
Fuentes del sector indicaron que, en los próximos meses, el INV convocará a las principales entidades para acordar un esquema de transición. La intención es sostener los estándares internacionales de certificación y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema más ágil y transparente.
“Simplificar sí, pero sin perder trazabilidad. Esa es la base de la competitividad del vino argentino”, concluyó Zuccardi.
Micaela Mura
Fuente de esta noticia: https://www.cronista.com/negocios/bodegas-readaptan-planes-y-proyectan-mayor-competitividad-despues-de-anos-de-controles/
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