El atentado que conmocionó a Colombia el pasado 21 de agosto ha trascendido sus fronteras y ahora se convierte en un asunto de interés internacional. Estados Unidos anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a los responsables del ataque contra un helicóptero Black Hawk en una zona rural del municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. La aeronave, de propiedad estadounidense pero asignada a la Policía Nacional en el marco de un convenio de cooperación, fue derribada con disparos de fusil y explosivos, dejando un saldo trágico de trece uniformados muertos y cuatro heridos.
El episodio, inicialmente atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC, fue posteriormente reivindicado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que lo describió como una “acción militar contra la erradicación forzada”. La doble autoría ha encendido las alarmas tanto en Bogotá como en Washington, al sugerir posibles vínculos tácticos entre grupos insurgentes que históricamente han operado de manera independiente y hasta rival.
Desde la capital estadounidense, el anuncio de la recompensa fue emitido a través del programa Rewards for Justice, una herramienta del Departamento de Estado utilizada para perseguir a los responsables de actos de terrorismo internacional. Según fuentes oficiales, el helicóptero, aunque de origen estadounidense, cumplía funciones logísticas dentro de operaciones conjuntas de apoyo contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos en el país andino.
En Colombia, el Ministerio de Defensa confirmó que el ataque se produjo durante una operación de erradicación y aseguró que la aeronave cumplía con todos los protocolos de seguridad. El ministro advirtió que el Estado no dará tregua a quienes atenten contra la vida de sus policías y soldados, mientras las autoridades refuerzan los operativos en la región para dar con los responsables.
El atentado representa uno de los mayores reveses en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años. Washington ha exigido resultados inmediatos y el caso se suma a una larga lista de episodios que muestran cómo el conflicto interno colombiano, lejos de apagarse, parece mutar y reorganizarse bajo nuevas alianzas criminales.
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