Operativo policial en Río de Janeiro: un informe reveló que ninguna víctima mortal de la redada figuraba entre los principales buscados por la Justicia
El informe también señala que ninguno de los abatidos ocupaba puestos de liderazgo dentro del Comando Vermelho
El operativo policial más mortífero en la historia de Brasil tuvo lugar en los barrios obreros del norte de Río de Janeiro, donde la llamada Operación Contención resultó en la muerte de 121 personas, incluidos cuatro policías y dos adolescentes, así como la detención de 99 sospechosos.
Según la información revisada por Reuters en el informe policial completo presentado ante la Corte Suprema de Brasil, ninguna de las 117 personas ultimadas por la policía estaba entre los 69 sospechosos señalados por los fiscales en la denuncia que motivó la redada. Solo cinco de los implicados fueron arrestados ese día y ninguno tenía rango de liderazgo en la banda Comando Vermelho, organización considerada una de las más grandes y violentas del país.
La operación contó con la participación de 2.500 agentes y tuvo lugar una semana antes de la llegada de líderes mundiales a la cumbre climática de las Naciones Unidas COP30. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, calificó la redada de exitosa, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que la acción fue desastrosa, poniendo en evidencia la polarización entre el enfoque oficialista de atacar las bases financieras del crimen y la defensa conservadora de redadas contundentes que buscan detener o eliminar a los miembros de pandillas.
El informe policial señala que, durante la redada, solo un líder intermedio de la banda fue arrestado sin que se produjeran disparos, y las principales figuras del Comando Vermelho, entre ellas su líder Edgar Alves de Andrade, alias Doca, permanecen en paradero desconocido. Tras la intervención, los habitantes de las favelas alinearon decenas de cuerpos en las calles, evidencia del caos que generó la operación.
La policía sostiene que los residentes alteraron la escena del crimen, dificultando la investigación en las colinas tras la favela y que las lesiones más atroces documentadas, como la decapitación de Yago Ravel, de 19 años, probablemente fueron causadas por integrantes de la propia pandilla. El secretario de Seguridad Pública del estado, Víctor dos Santos, manifestó que “la situación es mucho peor de lo que reveló la investigación” y defendió tanto el número de muertos como el de detenidos como muestra de la magnitud del problema.
Santos expresó: “No fue nada fácil encontrar a 69 personas entre las 280.000″ que viven en las favelas que fueron el objetivo del operativo. Aunque 19 de los hombres asesinados no tenían antecedentes penales, según documentos de la investigación, Santos dijo estar 100% seguro de que eran criminales. Añadió que se planean otros operativos en las favelas de Río durante los próximos meses.
Las críticas a la operación han surgido desde las familias de las víctimas y defensores de derechos humanos, que acusan a la policía de matar indiscriminadamente en lugar de centrar sus esfuerzos en objetivos concretos de la investigación contra Comando Vermelho. Samuel Peçanha, padre de uno de los adolescentes de 14 años fallecidos, lamentó que “la policía los detiene, los ejecuta y ya está, porque aquí no hay ley. En Brasil, eso es normal». Taua Brito, madre de Wellington, relató que encontró el cadáver de su hijo tras recorrer la zona y criticó que “la policía tenía derecho a arrestar a mi hijo, pero no a matarlo”.
Según los datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2024 el país registró 44.127 muertes violentas intencionales, con 6.243 víctimas a manos de la policía —un promedio de 17 al día—.
Aunque una encuesta nacional realizada por AtlasIntel y publicada el viernes revela que el 55% de los brasileños apoya la operación, familiares de víctimas como Beatriz Nolasco, tía de Yago Ravel, dudan que alguna vez sepan realmente lo que pasó. “Nunca podremos aceptar cómo lo mataron, con la cabeza arrancada y colocada en un árbol”, dijo.
Por su parte, el defensor público Pedro Carriello, que asiste a los afectados, afirmó que la violencia policial no resolverá la crisis: “Por un momento, se desarticula un grupo armado, un movimiento vinculado al narcotráfico, pero no se acaba. Lo que queda son las pérdidas de las familias”.
(Con información de Reuters)
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REDACCIóN
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