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La reciente decisión de la Alcaldía de Bogotá de limitar la circulación de motocicletas durante el fin de semana festivo ha despertado una fuerte polémica en la capital colombiana. Para miles de ciudadanos, la medida no solo restringe su derecho a la movilidad, sino que refleja un desconocimiento profundo de la realidad económica y social de quienes dependen de este medio de transporte para trabajar y sostener a sus familias. Diversos sectores han advertido que se trata de una decisión desproporcionada, que afecta a los más vulnerables bajo el argumento de reforzar la seguridad ciudadana.
De acuerdo con el constitucionalista Germán Calderón España, las cifras oficiales muestran la magnitud del impacto. “Con corte al 31 de diciembre de 2022, explicó-, en Bogotá y la Sabana circulaban 1.518.603 motocicletas, con un crecimiento anual aproximado de 100.000 unidades. Esto proyecta para 2025 una cifra cercana a 1.800.000 motos y, en consecuencia, a 3.600.000 personas que se movilizan diariamente en este tipo de vehículo, contando al acompañante o parrillero”. Para Calderón España, restringir la movilidad de este grupo significa afectar de manera directa a una población que forma parte esencial del tejido productivo y social de la ciudad.
El jurista sostiene que la administración distrital ha optado por una respuesta superficial ante los problemas de inseguridad, trasladando la responsabilidad al ciudadano común. “No se puede afirmar que los motociclistas son los responsables del deterioro del orden público —señaló—. Esa es una afirmación ligera y sin motivación, pues aunque algunos delincuentes utilizan este medio para cometer delitos, no se puede generalizar ni castigar a toda una comunidad por las acciones de unos pocos”. A su juicio, esta medida representa una forma de discriminación negativa y una estigmatización injusta contra millones de trabajadores honestos.
Calderón España propone un enfoque más integral y preventivo que priorice la educación vial y el control efectivo del delito. Entre sus recomendaciones están suspender la entrega de licencias de conducción hasta que los aspirantes reciban una formación adecuada, y fortalecer los operativos contra el comercio de objetos robados, como celulares- en los mercados informales del centro y otros sectores de la ciudad donde la receptación se ha convertido en práctica común.
El decreto también genera preocupación entre los sectores económicos que dependen de la movilidad en moto, como los servicios de mensajería, domicilios, logística y transporte informal. Para estos trabajadores, cada restricción se traduce en pérdidas diarias, reducción de ingresos y aumento de la desigualdad, especialmente en las zonas periféricas donde el transporte público no ofrece alternativas viables.
El constitucionalista Germán Calderón España confirmó que interpuso el día de ayer una demanda contra el decreto distrital, argumentando que la medida vulnera derechos fundamentales como la igualdad y el trabajo. Actualmente, se encuentra a la espera del resultado judicial que determinará si la norma se mantiene o debe ser suspendida. “Como defensor eterno de la patria y de los derechos de los más débiles —afirmó—, no puedo ser indiferente ante una decisión que desconoce la realidad de millones de colombianos que viven del esfuerzo diario sobre dos ruedas. El alcalde no midió el daño que esta medida causa a una población trabajadora, ni el precedente negativo que deja para la convivencia y la justicia social”.
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