Imagen Cortesía Semana – Prensa Mercosur
El reconocido jurista Germán Calderón España, representante del movimiento Defensores de la Patria, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de nulidad contra el Decreto 825 de 2025, expedido recientemente por la Alcaldía Mayor de Bogotá. La norma, firmada por el alcalde, adopta medidas transitorias y preventivas que restringen la circulación de motocicletas en varios sectores y horarios de la capital, con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
Calderón España, quien encabeza diversas acciones jurídicas en defensa de los derechos ciudadanos, considera que el decreto vulnera principios constitucionales como la libertad de locomoción, la igualdad y el derecho al trabajo, al afectar directamente a miles de bogotanos que utilizan la motocicleta como herramienta esencial para su sustento diario. En su demanda solicita la suspensión provisional del acto administrativo, al advertir que su aplicación inmediata ha generado un clima de inconformidad y alteración del orden social en la ciudad.
Desde hace tres días, Bogotá vive jornadas de congestión, bloqueos y manifestaciones de motociclistas que exigen la derogatoria de la medida. Las principales avenidas se han visto colapsadas y diversos gremios de trabajadores expresan su rechazo a lo que califican como una decisión improvisada, tomada sin concertación ni análisis de impacto socioeconómico. Para Calderón España, el decreto responde más a una reacción política que a una estrategia integral de seguridad, lo cual —según afirma— constituye un error de gestión pública.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el jurista confía en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca actúe con celeridad y pueda pronunciarse antes del cierre de la jornada. De lograrse la suspensión provisional, la ciudad podría retomar la normalidad en la movilidad durante el puente festivo, evitando así mayores tensiones entre la ciudadanía y la administración distrital.
La controversia se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá, a la que diversos sectores acusan de implementar políticas restrictivas que afectan la economía informal y el transporte alternativo. En redes sociales, miles de motociclistas han expresado su indignación, señalando que son estigmatizados injustamente como responsables de la inseguridad urbana, cuando en realidad muchos dependen del vehículo para trabajar, estudiar o cumplir labores familiares.
El movimiento Defensores de la Patria, del cual Calderón España es vocero nacional, ha insistido en la necesidad de que las autoridades locales adopten políticas públicas basadas en la concertación y el respeto a los derechos ciudadanos. En declaraciones recientes, el jurista subrayó que las restricciones indiscriminadas no solo castigan a los motociclistas trabajadores, sino que además agravan la crisis de movilidad que padece la capital.
El caso podría convertirse en un precedente jurídico relevante en materia de movilidad y derechos ciudadanos, pues de prosperar la demanda, el fallo sentaría límites a las potestades excepcionales de los alcaldes para restringir la circulación de personas y vehículos. Mientras tanto, Bogotá continúa en medio de un ambiente tenso y expectante, a la espera de una decisión judicial que podría redefinir el rumbo de la administración local y marcar un punto de inflexión en la relación entre las autoridades y los motociclistas.
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