El Supremo Tribunal de Brasil revisará la apelación de Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años de prisión
El ex mandatario fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula da Silva. El STF analizará el recurso a partir del 7 de noviembre en una sesión virtual que podría acercarlo a la cárcel
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) confirmó este martes que analizará a partir del 7 de noviembre el recurso presentado por el ex presidente Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Esta decisión podría llevar al líder ultraderechista de 70 años a ser encarcelado, en caso de que se agoten las instancias legales restantes.
Bolsonaro fue hallado culpable en septiembre de 2025 por tratar de impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. Los jueces del STF le adjudicaron el papel de líder de una organización criminal que buscó perpetuarse en el poder y orquestó, según los fiscales, un complot que incluía el asesinato de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes. Junto a Bolsonaro, otros siete ex colaboradores, entre ellos ex ministros y mandos militares, fueron también condenados.
Según una nota oficial del STF enviada a la agencia AFP, los magistrados decidirán sobre los argumentos de la defensa a través de una sesión virtual, en la que depositarán sus votos electrónicamente entre el 7 y el 14 de noviembre. El recurso busca que se reduzca la pena impuesta al ex mandatario, amparándose en supuestas “ambigüedades, omisiones, contradicciones y oscuridades” en la decisión original. Así lo expresa el documento de apelación elaborado por sus abogados al cual tuvo acceso AFP.
De acuerdo con el tribunal, el recurso presentado el lunes constituye una “solicitud de aclaración”, estrategia que la defensa puede utilizar para señalar imprecisiones o contradicciones en la sentencia. Es decir, este primer recurso no evaluará el fondo de la condena, sino que está limitado a cuestiones formales. Si el STF rechaza este y ulteriores recursos, Bolsonaro debería comenzar a cumplir la condena en régimen cerrado.
Según información publicada por Folha y The Associated Press, el equipo legal del ex presidente apoya su apelación en el voto discordante del juez Luiz Fux, único magistrado que se opuso a la condena en el panel de cinco jueces. La defensa argumenta que “el apelante interrumpió deliberadamente el curso de los acontecimientos, lo que caracteriza un desistimiento voluntario” y, por tanto, la sentencia incurre en una omisión significativa al no valorarlo, lo que a su juicio viola el deber constitucional de justificación. Además, sostienen que existe una superposición entre los cargos de “golpe de Estado” y “abolición del Estado de derecho democrático”, por lo que consideran injusto el cómputo acumulativo de las penas. Piden, en consecuencia, que la duración de la pena se reduzca en más de seis años.
Las autoridades recordaron que, aunque no hay un límite formal para la presentación de solicitudes de aclaración, el STF puede considerar que recursos sucesivos constituyen una maniobra dilatoria y resolver con prontitud el fallo definitivo. Según explicó a AFP una fuente del tribunal, es posible que los magistrados rechacen cualquier intento de prolongar artificialmente el proceso, situación que aceleraría la ejecución de la sentencia.
Por ahora, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria preventiva desde el 4 de agosto en su residencia de Brasilia, tras haber incumplido medidas cautelares. Sus abogados ya han anunciado que tratarán de mantener este régimen en caso de que la condena sea confirmada, alegando los recurrentes problemas de salud que padece el ex presidente a raíz de la puñalada sufrida en 2018 durante la campaña electoral.
De acuerdo con la sentencia publicada el 22 de octubre, además de la pena privativa de libertad, Bolsonaro queda inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta ocho años después del cumplimiento de la condena; es decir, de mantenerse la duración establecida, la sanción política se extendería hasta 2060.
El caso ha cobrado relevancia internacional. El presidente estadounidense Donald Trump impuso un arancel del 50% a los bienes importados de Brasil, argumentando que existía una “caza de brujas” contra Bolsonaro, lo que dañó la relación bilateral, en palabras de expertos recogidas por The Associated Press. Sin embargo, las relaciones entre Brasil y Estados Unidos han mejorado recientemente, después del diálogo y la reunión entre Lula y Trump el pasado fin de semana en Malasia durante la cumbre de la ASEAN, donde discutieron los aranceles y anticiparon posibles acuerdos para ambos países.
Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, niega haber cometido irregularidades y sostiene que el proceso en su contra es parte de una persecución política. A pesar de que la defensa aún podría presentar más recursos antes de que el fallo sea ejecutoriado, la expectativa de su ingreso en prisión se incrementa a medida que se agotan las vías legales.
(Con información de AFP, AP, EFE y EP)
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