El gobierno de Donald Trump ha puesto en jaque al orden multilateral económico al aplicar gravámenes desproporcionados y discriminatorios y, en sintonía, forzar acuerdos que le permitan regular a su arbitrio las corrientes de comercio e inversión.
En el eje de esta política resalta el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), habida cuenta del protagonismo asumido por las corporaciones transnacionales del sector.
Foto: Daniel Lobo
Las imposiciones del gobierno norteamericano esencialmente apuntan a neutralizar la intromisión china en todos los mercados, empezando por el propio. De modo que la contienda cibernética involucra al mundo entero, incluyendo a los mercados europeos y aun a los periféricos.
A propósito de estas acciones orientadas hacia la reafirmación de una posición dominante a escala planetaria, los analistas se preguntan si los propios condicionamientos tecnológicos no habrán de fijar un límite infranqueable que tarde o temprano derivará en la apertura de negociaciones destinadas a recomponer el hoy vilipendiado sistema multilateral económico.
Entretanto los usuarios de sistemas digitales en América Latina -esto es, casi la totalidad de su población- padecen las mismas manipulaciones informáticas que el resto de la población mundial. Pero salvo excepciones, el sector de las TIC en la región está escasamente regulado y en consecuencia las grandes plataformas que acaparan las redes digitales pueden desplegar con facilidad sus operaciones diseñadas para arriar, inducir o desviar voluntades e inclinaciones individuales.
Por ello los gobiernos latinoamericanos no deberían desentenderse de aquellas disputas detrás de las pantallas, en las que se entrecruzan las aspiraciones geopolíticas y los intereses corporativos.
Un embrollo de política y negocios
Los permanentes entuertos que abonan la llamada “guerra comercial” indican que las inversiones y el comercio internacional en rubros estratégicos ya no pueden disociarse de los conflictos geopolíticos. Lo ilustran últimamente las desavenencias a propósito de los casos de TikTok y NVIDIA.
TikTok
Una ley norteamericana, consensuada entre demócratas y republicanos durante el gobierno de J. Biden, había impuesto la desinversión atribuida a capitales presuntamente vinculados al gobierno chino en la plataforma TikTok.
Ante los cuestionamientos judiciales, en última instancia la Corte Suprema debió entonces pronunciarse sobre el alcance del derecho al acceso a la información garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución. El alto tribunal circunscribió entonces el alcance de este derecho exclusivamente dentro del área de los contenidos digitales. Aun así no quedó expedito el procedimiento administrativo para la reconfiguración de la empresa, porque dentro de la órbita presidencial bajo el gobierno de Trump afloraron las dificultades operativas para dotar al sitio de una estructura políticamente confiable de propiedad y control empresarial.
En este sentido quedaron expuestas las complejidades técnicas en la reformulación de los algoritmos, tarea que a su vez resultaba indispensable a fin de evitar futuras filtraciones de datos al Estado adversario. Por ello el cumplimiento de la disposición legal se suspendió una y otra vez mediante decisiones del Presidente que reivindicaron sus atribuciones ejecutivas en materia de seguridad nacional.
Simultáneamente asomó un riesgo comercial no desdeñable: las modificaciones del sistema informático podrían socavar el atractivo de la plataforma para sus jóvenes usuarios, degradando sin remedio al flamante TikTok norteamericano.
NVIDIA
La sigla individualiza a una de las principales empresas proveedoras de semiconductores de la más alta performance y uso dual comercial-militar.
La prensa viene reproduciendo una secuencia de sospechas cruzadas a partir de las restricciones impuestas a NVIDIA por el gobierno norteamericano para suministrar a China estos preciados dispositivos. Ante tales impedimentos los semiconductores que alternativamente comenzó a proveer la empresa a sus clientes asiáticos fueron cuestionados en el país de destino al disponer el gobierno chino de indicios sobre un presunto espionaje cibernético susceptible de ser operado a través de dicho equipamiento.
En la otra vereda, se difundieron distintas pesquisas realizadas por emisarios norteamericanos en países de Asia sudoriental a la búsqueda de rastros acerca de un hipotético desvío a China de los semiconductores de NVIDIA cuya exportación a ese destino se había prohibido. Entretanto, cabe recordar una paradoja: para la construcción de los semiconductores en cuestión las empresas occidentales deben utilizar insumos compuestos por minerales críticos (“tierras raras”) originarios de China en calidad de proveedor insustituible y cuyas exportaciones ha venido siendo objeto de restricciones progresivas.
Para la construcción de los semiconductores, las empresas occidentales deben utilizar insumos compuestos por minerales críticos originarios de China. Imagen: Republica en Pixabay
A su vez, la profundización de restricciones chinas con respecto a bienes que pudieran contener trazas de tierras raras originarias de ese país está respondiendo, a modo de represalia comercial, a los más recientes intentos del gobierno norteamericano para impedir que los semiconductores de alta performance sean capturados subrepticiamente por empresas y finalmente por el Estado chino.
En tal sentido, EE.UU. últimamente ha procurado evitar las compras efectuadas aun por empresas vinculadas a las taxativamente incluidas en las nóminas de corporaciones a las que se requiere licencia especial para autorizarles la adquisición de aquellos dispositivos tan valorados.
Tecnología y recursos naturales
En síntesis, los casos de TikTok y NVIDIA, como tantos otros, ponen de manifiesto una compleja trama de comercio e inversiones transfronterizas que difícilmente pueda desmantelarse a corto plazo en un clima de recíproca sospecha e intimidación. Ocurre que los objetivos geopolíticos y los intereses corporativos amparados bajo su égida no están estrictamente fusionados. En cambio presentan afinidades o fidelidades variables y oscilantes.
Cuando los procesos productivos dependen de suministros provistos desde fuentes asociadas al Estado “adversario” las áreas de afinidad público-privadas o compromisos de fidelidad de las corporaciones a sus Estados anfitriones se tornan problemáticos.
Los ejemplos abundan: demanda de semiconductores avanzados por parte de empresas chinas; demanda de imanes y motores dotados de imanes integrados con minerales críticos por parte de empresas norteamericanas y europeas.
En el fragor de esta batalla que parece interminable, la región latinoamericana es observada con avidez como proveedora de algunos minerales críticos. De ahí que las promesas de integración y cooperación económica que se reciben desde cualquiera de los contendientes no tendrían que sorprender cuando están condicionadas a la aceptación de inversiones en enclaves extractivos y trazar cadenas internacionales de suministros circunscriptas a esas explotaciones.
UE, ¿aliado o adversario?
Durante las últimas tratativas comerciales con la UE, los delegados del gobierno de Trump propusieron la creación de un órgano consultivo en el marco del Reglamento de Mercados Digitales (DMA) de la UE, con el fin de darle intervención a las grandes compañías tecnológicas sujetas a sus disposiciones. Esta pretensión fue relacionada con el rechazo a las multas establecidas ante infracciones a las disciplinas del citado Reglamento, que eventualmente puede representar hasta el diez por ciento de la facturación anual global de las corporaciones sancionadas.
La insinuación norteamericana tropezaba con una inconsistencia notoria: de un consejo consultivo no pueden participar entidades cuya actividad es el objeto de la reglamentación por el mismo ente. Asimismo, la DMA ya cuenta con un consejo consultivo integrado por expertos y representantes de autoridades nacionales y organismos reguladores, que apoya a la Comisión en tareas de supervisión y cumplimiento de sus disposiciones.
Tiempo después, el 21 de agosto de 2025, cuando EE.UU. y la UE publicaron una declaración conjunta que resumía en menos de cuatro páginas los términos del acuerdo comercial en ciernes, incluyeron un párrafo alusivo a la cuestión. Allí se comprometieron a encarar “las barreras comerciales digitales injustificadas”.
La tensión no se disipó.
El 6 de septiembre de 2025 fue difundida la aplicación de una multa impuesta por la UE a Google, equivalente a 3500 millones de dólares con motivo de prácticas anticompetitivas en el esquema publicitario de la compañía.
El mismo día, a través de una red social, el Presidente Trump, reaccionó de manera intempestiva en los siguientes términos: “Europa hoy golpeó a otra gran empresa estadounidense, Google (…) tomando efectivamente dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos estadounidenses (…) Como he dicho antes, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan (…)”
Donald Trump sostiene el “Foreign Trade Barriers”, un compendio de las supuestas políticas, prácticas o regulaciones de otros gobiernos para obstaculizar o restringir las exportaciones estadounidenses. Imagen: REUTERS/Carlos Barria
Apuntando a Brasil
Ante un país de la periferia que, como en el caso de Brasil, ya protege sus recursos y demandas informáticas en mucha mayor medida que otros países en desarrollo, el gobierno norteamericano desplegó toda la batería de reclamos posibles a través de la “investigación” iniciada el 15 de julio de este año por la Oficina del Representante Comercial (USTR) bajo la leonina Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Para empezar y sin mencionarlo expresamente, la autoridad norteamericana impugnó el PIX, un sistema de pagos instantáneo y gratuito creado por el Banco Central de Brasil. Se expandió a partir de 2020 durante la pandemia de Covid 19, cuando gran parte de la población debió abrir cuentas bancarias a fin de recibir subsidios de emergencia.
En 2024 era considerado como el método de pago de mayor uso en Brasil, por encima del dinero líquido y las tarjetas de débito y crédito gestionadas por corporaciones norteamericanas.
Asimismo, el gobierno de EE.UU. cuestionó una sentencia expedida por el Tribunal Supremo de Brasil en junio de 2025. El pronunciamiento había responsabilizado civilmente a las redes sociales por los contenidos ilícitos publicados por sus usuarios y sin requerirse intimación judicial previa. Adicionalmente, se había exigido eliminar de las plataformas las publicaciones terroristas; pornográficas; discriminatorias; incitaciones a la violencia; y mensajes destinados a socavar la democracia y el estado de derecho.
Finalmente, EE.U. rechazó la legitimidad de restricciones brasileñas a la transferencia de datos personales hacia fuera de sus fronteras, señalando que no se adecuaban a la práctica de los negocios. Al respecto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) del Brasil, a comienzos de julio de 2024, había ordenado suspender la aplicación de la modalidad adoptada por META, que al actualizar sus políticas de privacidad en las plataformas Facebook, Messenger e Instagram habilitaba el uso de datos personales allí aportados para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA).
Esta restricción establecida por la ANPD tuvo carácter preventivo ante indicios de violación a la Ley General de Protección de Datos.
En resumen, he aquí un cuadro de disposiciones básicas adoptadas por Brasil resguardando su soberanía digital (regulación de pagos; sanciones a la transmisión de contenidos ilícitos; protección de la confidencialidad) que fueron cuestionadas por EE.UU. en nombre de una irrestricta libertad de comercio en sintonía con otras presiones destinadas a reforzar el plano inclinado propio de las relaciones centro-periferia.
Seguridad nacional e internacional
El impulso político con el que el gobierno de EE.UU. procura respaldar a las corporaciones transnacionales de las TIC bajo su esfera de influencia obedece a un objetivo esencial: la seguridad nacional. De un modo u otro, directa e indirectamente, se presume que los procesos de producción, distribución y consumo de productos y servicios digitales contienen las claves de la hegemonía comercial y militar.
Más allá de sus aplicaciones sectoriales, el valor de la seguridad nacional no es ajeno al orden multilateral. Ya había sido considerado entre las inquietudes políticas que inspiraron al GATT 1947. Así se desprende de una cláusula diseñada para sortear emergencias: el artículo XXI titulado “Excepciones relativas a la seguridad”. La previsión resultó de todos modos innecesaria porque durante largos años los Estados no necesitaron remitirse a ella en tanto pudieron resolver sus conflictos apelando a otras invocaciones normativas menos belicosas.
Pero de pronto la disposición fue reflotada por la jurisprudencia arbitral de la OMC a propósito de distintas controversias comerciales.
En estas ocasiones los árbitros tendieron a respaldar restricciones unilaterales justificadas por disposiciones internas de los países que invocaron la excepción del artículo XXI sin exigir una prueba de razonabilidad o consistencia, como hubiera correspondido según la misma jurisprudencia de la OMC. Así fueron aceptadas en 2019 las reivindicaciones a la seguridad nacional planteadas por Rusia frente a Ucrania (WT/DS512/R); y en 2023 por EE.UU. frente a China (WTA/DS558/R) y frente a Turquía (WT/DS564/R).
Este debilitamiento de las instancias contenciosas resultó premonitorio.
Cabalgando sobre la muletilla de la seguridad nacional hoy día se está llegando a niveles de prepotencia y conflictividad que difícilmente puedan resolverse sin contar con disciplinas reconocidas a partir de una nueva agenda de negociaciones internacionales.
Multilateralismo
El desarrollo tecnológico aplicado masivamente sobre todas las actividades económicas y sociales llama, no sólo a garantizar la interoperabilidad de los sistemas digitales sino, más genéricamente, a concertar la compatibilidad y monitoreo consensuados de sistemas, modelos, dispositivos y lenguajes.
De ahí la advertencia de Thomas L. Friedman en una nota publicada por el N.Y. Times el 2 de septiembre último (“El único peligro que debería unir a Estados Unidos y China”), presumiendo una inevitable convergencia política para contrarrestar la creciente atomización y descontrol en el manejo de recursos proporcionados por los códigos abiertos y la difusión de instructivos de programación.
En otros términos: la voracidad comercial, el delito y el espionaje prosperan sobre un mismo itinerario cibernético.
Ante la dimensión planetaria del problema esta convergencia política debe tener alcance multilateral. Ello implica, lisa y llanamente, que las reivindicaciones de la seguridad nacional ya no podrán escapar, ante hipotéticos conflictos, a pruebas o ponderaciones ajustadas a criterios de razonabilidad, consistencia o pertinencia.
Abuso en los mercados y manipulación de los usuarios
En todo caso y para el sector de las TIC parece haber llegado la hora de caracterizar a los valores o bienes públicos globales que deberán cobijar a la universalidad de usuarios digitales, sin atender a su lugar de radicación o conexión.
El acervo regulatorio y jurisprudencial disponible ya es considerable, contando numerosos acuerdos internacionales que regulan las telecomunicaciones, los distintos Reglamentos de la UE sobre protección de datos personales, mercados y servicios digitales e inteligencia artificial, así como los pronunciamientos de tribunales de diversos países.
A partir de este desarrollo normativo se pueden reconocer los principales riesgos que presentan las tecnologías digitales.
Con respecto a los mercados resalta el abuso de posición dominante por corporaciones monopólicas que han asumido el papel de guardianes (gatekeepers).
Con respecto a las personas, imperan la captación y la manipulación de la voluntad y de las inclinaciones individuales, comenzando por el encauzamiento inadvertido de búsquedas (rabbit hole).
Las poblaciones latinoamericanas, enteramente imbuidas de la cultura digital, cargan con estos riesgos cada vez más intensamente. Sus mercados padecen el abuso de posición dominante por las mismas plataformas que prevalecen a escala mundial.
Y aunque resulta difícil visibilizarlo, los usuarios están supeditados también al influjo de consignas e instigaciones tanto de fuentes políticas como corporativas, comprometiendo hasta sus capacidades cognitivas. Por eso mismo deberían beneficiarse con un régimen multilateral destinado a neutralizar semejantes distorsiones y acechanzas.
El autor es integrante del Instituto de Integración Latinoamericana, Universidad Nacional de La Plata
Marcelo Halperin
Fuente de esta noticia: https://tradenews.com.ar/usuarios-digitales-latinoamericanos-en-la-guerra-comercial-por-los-mercados-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-testigos-o-damnificados/
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