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El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La decisión judicial, que anula las acusaciones levantadas durante años en uno de los casos más sensibles de la política colombiana, desató una respuesta inmediata del jefe de Estado, quien cuestionó la independencia del fallo y su impacto en la memoria histórica del país.
Petro aseguró que la determinación del Tribunal “repite la historia” y “contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, al descartar como prueba una interceptación telefónica en la que, según él, se escucha la voz de Uribe refiriéndose a sobornos. Calificar esa conversación como un asunto de “intimidad”, agregó el mandatario, “es la manera en que se encubre la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”.
Con tono enérgico, Petro sostuvo que la decisión judicial no solo tiene implicaciones legales, sino que reabre heridas profundas en la historia reciente del país. “Así se tapa la historia de quienes llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio político y social más doloroso que ha vivido Colombia”, afirmó, en alusión a las décadas de violencia que marcaron la relación entre estructuras armadas ilegales y sectores del poder político.
El mandatario también vinculó su postura con el panorama internacional, señalando que detrás de las tensiones políticas actuales existe una trama de intereses que trasciende fronteras. Mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de mantener vínculos con figuras de la política colombiana asociadas, según él, a redes de narcotráfico y paramilitarismo. Petro advirtió que Trump podría impulsar sanciones en su contra por haber denunciado públicamente dichas alianzas.
En otro punto de su intervención, el presidente denunció que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “ya se prepara un golpe de Estado”, e insinuó que algunos de los promotores de esa supuesta maniobra estarían involucrados en el escándalo de corrupción del Fondo del Magisterio (Fomag).
Petro aprovechó el momento para convocar a la ciudadanía a una gran movilización este viernes 31 de octubre en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Según anunció, la jornada será el inicio de una recolección masiva de firmas para promover un proceso constituyente que —en sus palabras— “devuelva al pueblo el poder de decidir el rumbo de la nación”.
“Ha llegado la hora de las definiciones”, concluyó el presidente, dirigiéndose tanto a sus seguidores como a sus detractores. “Y quien define no es Trump, no es el Tribunal. Es el pueblo colombiano”.
La declaración de Petro marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, mientras el país observa con expectación las consecuencias políticas y sociales de un fallo que vuelve a poner en el centro del debate el pasado, la justicia y la memoria nacional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
