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La discusión sobre la reforma pensional en Colombia quedó en un punto muerto luego de que la Corte Constitucional admitiera la recusación presentada contra el magistrado Héctor Carvajal, quien hasta hace poco ejercía como abogado personal del presidente Gustavo Petro. La decisión, adoptada este martes 14 de octubre por la Sala Plena del alto tribunal, dejó en suspenso el análisis de la reforma y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre jurídica y política en torno a uno de los proyectos más emblemáticos del actual gobierno.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional y ponente de la demanda que cuestiona la legalidad de la iniciativa, será el encargado de resolver la recusación contra su colega. La Corte explicó que la solicitud fue considerada “pertinente” y, por tanto, se abrió un trámite incidental que deberá resolverse en las próximas sesiones plenarias. Mientras tanto, el estudio de la reforma quedará detenido hasta que se defina si Carvajal podrá o no participar en el debate.
En los próximos días, el magistrado Carvajal deberá presentar un escrito con los argumentos de su defensa para intentar demostrar que no existe impedimento para intervenir en el proceso. La recusación fue promovida por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien también es la autora de la demanda que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
Valencia argumentó que Carvajal había mantenido un vínculo contractual con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad directamente relacionada con la reforma, y que en el marco de ese contrato emitió conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. Como pruebas, la congresista anexó dos contratos de prestación de servicios y los informes de supervisión en los que se certifica que el entonces abogado rindió dichos conceptos.
La senadora también informó que solicitó oficialmente a Colpensiones, mediante derecho de petición, la entrega de los documentos elaborados por Carvajal. Sin embargo, según afirmó, no ha recibido respuesta, por lo que interpuso una acción de tutela para obtenerlos, la cual fue asignada al Juzgado 38 de Familia del Circuito de Bogotá. Además, pidió al presidente de la Corte que requiera directamente a la entidad los informes jurídicos cuestionados.
La controversia llega en un momento sensible, pues la reforma pensional se ha convertido en una de las piezas clave de la agenda social del Gobierno Petro. La posibilidad de que un magistrado con antecedentes de asesoría al Ejecutivo participe en su evaluación constitucional ha encendido el debate sobre la imparcialidad judicial y la transparencia en la revisión de leyes de alto impacto.
Hasta que la Corte Constitucional no resuelva la recusación, el trámite del fallo sobre la reforma permanecerá suspendido. La decisión que adopte el magistrado Ibáñez, y posteriormente la Sala Plena, definirá no solo el papel de Carvajal en el caso, sino también el futuro inmediato de una de las reformas más esperadas y controvertidas del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
